Asonada contra el populismo

Editorial - El Ejército de Honduras acabó ayer con el mandato presidencial de Manuel Zelaya el mismo día en que pensaba celebrar una consulta ilegal que le hubiera permitido perpetuarse en el poder después del 27 de enero de 2010, cuando acababa su Gobierno. Zelaya salió esposado del palacio presidencial a primera hora del domingo y, posteriormente, fue trasladado a Costa Rica, donde, tras pedir asilo, declaró que había sido secuestrado. En el país se vivió una calma tensa después de una jornada que se desarrolló bajo el manual del golpe de estado clásico, tan conocido en Iberoamérica. Poco después de las seis de la mañana, la programación del canal oficial del Gobierno, así como de una cadena afín, fue suspendida, y la electricidad, cortada. Los militares tomaron el control de las calles y los blindados patrullaban por Tegucigalpa sin oposición alguna. Sólo unos centenares de personas se encararon con los soldados frente a la casa presidencial sin mayores consecuencias. Se trató, por tanto, de una asonada incruenta, de lo que cabe felicitarse. Las Fuerzas Armadas explicaron que el golpe fue la respuesta a la intención de Zelaya de celebrar un referéndum al margen del ordenamiento sobre el cambio en la Carta Magna. El propio líder del movimiento castrense, Romeo Vásquez, depuesto y repuesto jefe del Estado Mayor, argumentó que «no se estaba haciendo uso de las armas, sino de la razón». La realidad es que ningún demócrata puede estar de acuerdo con el uso de la fuerza para derrocar a gobiernos legítimos, pero en este caso, además de condenar las formas, tenemos la obligación de valorar el fondo y las especiales circunstancias derivadas del desafío de Zelaya a la legalidad vigente amparado en los resortes presidenciales y en el respaldo económico y político de Hugo Chávez. Zelaya era uno más de esos mandatarios americanos que habían abrazado el populismo y manifestaba su entusiasmo por el caudillo venezolano y la revolución bolivariana. Por encima de cualquier ideología política, lo cierto es que el depuesto presidente hondureño intentó forzar un cambio político por una vía no prevista en la Ley ni en la Constitución. Su objetivo era, como el de Chávez en Venezuela, ser reelegido y perpetuarse en el poder para vulnerar la limitación de mandatos prevista en Honduras. Que la consulta ilegal estaba inspirada desde Venezuela era evidente cuando se supo que los materiales para la misma eran una cortesía de Chávez. Pero lo más trascendente es que la iniciativa de Zelaya fue declarada ilegal por el Parlamento y la Corte Suprema de Justicia, y ni siquiera su propio partido político la apoyaba. Zelaya pretendía atropellar el Estado de Derecho y la celebración de una consulta fuera de la ley y sin ningún tipo de control habría abocado al país a una fractura gravísima. No podemos tampoco pasar por alto que, según la Constitución del país centroamericano, las Fuerzas Armadas son garantes de la legalidad. Para nosotros, cualquier golpe de estado que ponga fin al poder legítimamente constituido nunca puede ser una buena noticia, pero tampoco lo es un presidente populista que decide violentar la democracia y las leyes con una política de hechos consumados bajo el inquietante paraguas totalitario de Chávez. El futuro de Honduras debe pasar por un inmediato regreso de los militares a los cuarteles para que el Parlamento y la Corte Suprema repongan la legalidad sin injerencias externas ni abusos de poder. El nombramiento de Roberto Micheletti como nuevo presidente por el Congreso es un primer paso.