Obsoletos y corsarios

Esta semana Hugo Chávez arremetió en contra de los derechos de Propiedad Intelectual. El blanco utilizado para ello fueron los envases Tetra Pak, un producto cuya patente es propiedad de una multinacional de origen sueco del mismo nombre, el cual es producido desde hace más de 25 años en el país por una subsidiaria de este empresa. Debido a esa patente de protección, ninguna otra empresa ha podido producirlo en el país hasta ahora.Este derecho sobre la propidad intelectual no es entendible al mandatario venezolano quien, muy todopoderoso, instó a revisar las leyes que regulan la propiedad intelectual en Venezuela y "corregir" lo que sea necesario para eliminar las patentes en el país. A su libre entender, el "conocimiento es universal" y no puede ser un derecho restringido. Para efectos de este breve análisis cabe recordarle al Ejecutivo Nacional, lo que sí está universalmente aceptado: Que la patente es un documento que expiden los estados para otorgarle a su titular los derechos exclusivos de explotación de su invención por un tiempo determinado (de 17 a 25 años, según el país emisor), a fin de proteger la misma y de impedir que terceros puedan copiarla, venderla o usarla comercialmente sin previa autorización de su propietario. Con ello se protege al inventor de la piratería.También es oportuno recordar que la protección de las patentes está concebida como un mecanismo para que los inventores puedan recuperar sus costos de inversión en los procesos de desarrollo e investigación. Así como también como un incentivo a la investigación, a la innovación y al desarrollo de nuevas ideas, productos o procesos, algo indispensable para entrar en la modernidad y para la prosperidad de las naciones. Estos incentivos y protecciones son los que realmente motivan al emprendimiento de empresas, instituciones, universidades e incluso de individualidades. Éste no es el primer ataque a los derechos de propiedad intelectual e industrial de este Gobierno. Una de las más resaltantes embestidas en esta materia fue en 2006, a raíz de la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), cuando el Gobierno unilateralmente declaró nulas las decisiones de propiedad industrial de la CAN, con lo cual dejó en el limbo jurídico al país en esa materia. Posteriormente, a mediados de 2008, para corregir ese limbo, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), arbitrariamente retrotrajo al país en esta materia hasta la época del dictador Marcos Pérez Jiménez, al poner en vigencia la obsoleta Ley de Propiedad Industrial de 1955. Conociendo a los personajes éste no va a ser el último ataque contra la propiedad intelectual. Es de pensar que en adelante se enfocará en su exterminio tal como lo está haciendo con los otros derechos individuales y ciudadanos. Así, Venezuela agregará a la ya larga lista de obstáculos y permisología existentes nuevas murallas para la invención y desarrollo de tecnologías de punta.Una política atirantada en contra de la propiedad intelectual llevaría a que en el país sólo pueda trabajarse con tecnología, procesos y productos fuera del sistema de patentes mundial. Es decir, con aquéllos que tengan más de 17 años ó 25 años en el mercado, según el país de dónde proceda el registro. Esto condenaría a los venezolanos al consumo de productos obsoletos, e incluso algunos ya desincorporados del mercado en países más desarrollados. O, en su defecto, a seguir consumiendo productos, equipos y maquinarias importadas. En definitiva, Chávez da un nuevo paso para condenar al venezolano a la obsolescencia, al atraso, a la escasez y a la piratería. Disponible en inglés en: www.veneconomy. com