Otra oportunidad echada al foso

Entre todo el marasmo en el que está sumergida PDVSA con su pérdida de rentabilidad, ahora se le agrega un nuevo factor: El caos del anunciado Plan de inversión en el Bloque Carabobo de la Faja Petrolífera del Orinoco. Este plan prevé la participación de empresas extranjeras en varios proyectos que aportarían una capacidad de producción de 200.000 b/d de petróleo extrapesado cada uno, para un total de hasta un millón de b/d. Adicionalmente a cada uno de esos proyectos se le agrega una mejoradora para transformar petróleo extrapesado en crudo mediano o ligero, en procesos similares a los desarrollados por Sincor y Ameriven, con un costo de unos $10 millardos.El caso es que el Gobierno se está llenado la boca con el anuncio de que docenas de empresas extranjeras habrían mostrado interés en participar en este proyecto y supuestamente muchas de ellas ya habrían comprado el paquete de información, el cual cuesta $2 millones cada uno. Aunque según información que manejaba VenEconomía para diciembre de las 47 empresas invitadas, sólo 21 habrían comprado el paquete de información. El proceso de apertura de los sobres que ha sido postergado en varias ocasiones, se ha fijado ahora para el próximo 31 de julio. Para VenEconomía este proceso podría estar condenado al fracaso debido a dos razones fundamentales: Uno, porque las empresas confiables, con experiencia y tecnología, difícilmente aceptarán las condiciones draconianas que está exigiendo el Gobierno de Venezuela. Y otro, porque las pocas que acepten no tendrán nada que aportar en el desarrollo petrolífero del país.Las condiciones que está imponiendo el Gobierno incluyen el pago de una prima, de $1 millardo o más, por derecho a participar, y para colmo los ganadores deben financiar la parte de inversión de PDVSA. Esto, en la práctica, es lo mismo que decir que se les está obligando a aportar el 100% del capital. Como contraprestació n, las empresas serían accionistas minoritarias con 40% de participación en el proyecto, pero el control absoluto administrativo, organizativo y operacional lo mantendría PDVSA con su 60% accionario.Otro punto a tener en cuenta es el de la seguridad jurídica tan precaria en estos tiempos de Chávez, donde no se respeta ni siquiera la Constitución de la República ni las leyes del país, y mucho menos se acatan los tratados y convenios internacionales. Esto agravado con la ahora "legalizada" decisión de ir a arbitraje internacional de manera discrecional y sólo a decisión del Presidente.En este contexto jurídico tan débil, quizá sólo las empresas estatales rusas, iraníes y chinas podrían correr la aventura de invertir en Venezuela. Y dada su cercanía y vínculos políticos con el Gobierno de Chávez, tal vez podrían tener alguna posibilidad de éxito. Por ejemplo, China, dada sus gigantescas reservas, podría ser uno de los países que puede financiar los montos de los cuales se está hablando. El bemol sería que ésta no cuenta con la tecnología que se requiere y, peor aún, su nuevo socio mayoritario (PDVSA) tampoco tiene ya ni la experiencia ni la tecnología requerida, y lo que es más importante no tiene la capacidad gerencial.En definitiva, ésta es otra oportunidad perdida, que tendrá un alto costo para el futuro de los venezolanos. Disponible en inglés en: www.veneconomy. com a partir de las 4:00 p.m.