Venezuela no se calla

Por: Redacción Internacional - Periodistas en Madrid solicitan a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que examine el prontuario de violaciones del gobierno Chávez. Según Human Rights Watch, el gobierno de Chávez ha endurecido leyes que coartan la libertad de expresión. Un llamado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas hizo David Natera, presidente del Bloque de Prensa de Venezuela y director del diario Correo del Caroní, durante la presentación del informe sobre libertad de prensa ante la 64 Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Madrid, España. Nantera afirmó ante los directores y representantes de los más importantes medios de Iberoamérica que en Venezuela se “registran graves y repetidas violaciones a los derechos humanos por parte del actual gobierno, que deberían ser investigadas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU” . También denunció que el gobierno de Hugo Chávez, durante 10 años, ha buscado consolidar una “hegemonía comunicacional” que “controla la mayoría de los medios de comunicación a los que impone contenido ideológico, propagandístico y proselitista”. No tardó el gobierno venezolano en reaccionar ante tales pronunciamientos, y a través del ministro del Interior, Tarek El Aissami, descalificó lo dicho durante la Asamblea de la SIP, a la que catalogó de “franquicia del imperio norteamericano”. “Nosotros sabemos que la Sociedad Interamericana de Prensa es una organización donde se agrupan dueños de medios de comunicación de la oligarquía y se ha convertido en un partido mediático de la oposición”, añadió El Aissami durante una rueda de prensa. La solicitud a las Naciones Unidas por parte del Bloque de Prensa de Venezuela se da a pocas semanas de que el director de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, fuera expulsado de este país cuando presentaba el balance de derechos humanos de los 10 años de gobierno de Hugo Chávez. En dicho informe, HRW denunciaba cómo el gobierno ha “socavado la libertad de expresión” a través de diversas medidas. Entre ellas, la ampliación de las “leyes de desacato”, que castigan las declaraciones consideradas “irrespetuosas” sobre funcionarios del gobierno; así como utilizado el control estatal del espectro electromagnético “para amenazar y discriminar a estaciones con una programación claramente crítica”. En el informe presentando ante la SIP este fin de semana, los periodistas venezolanos retoman este informe, así como los realizados por Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta última ha solicitado en diversas ocasiones el permiso de entrada a Venezuela, sin haberlo logrado. La SIP condenó la creciente violencia contra periodistas en Venezuela durante los últimos meses, incluyendo varios asesinatos que continúan en la impunidad. También rechazó las acciones violentas contra medios de comunicación, como el perpetrado con gases lacrimógenos contra las instalaciones del canal de noticias Globovisión, el 23 de septiembre, por un grupo que presuntamente es afín al gobierno.