Cinismo del Gobierno en Derechos Humanos

Por: Rocío San Miguel - Ha concluido el periodo de audiencias del 133 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ocasión en la que organizaciones de la sociedad civil del hemisferio se hicieron presentes en Washington, para informar sobre el estado de respeto a los derechos humanos en sus países. Venezuela acudió a la cita el 28 de Octubre. El Estado a través de su agente y las ONG, coincidieron en el mismo recinto para exponer sus visiones. Siendo el tema de la “Seguridad ciudadana y violencia en Venezuela”, la única audiencia pública, pues las otras dos que solicitaron las ONG se hicieron de forma privada: “Situación de defensores de derechos humanos en Venezuela” y “Situación del derecho a la libertad de expresión y a la información en Venezuela”. El tema de seguridad ciudadana impactó a los comisionados. No podía ser de otro modo cuando se presentaron las cifras: 7.243 ejecuciones extrajudiciales se han cometido en Venezuela en los últimos 7 años, según cifras del Ministerio Público, con un total de 6.885 funcionarios públicos involucrados y solo 412 funcionarios a la fecha privados de libertad. Habiéndose cometido 13.156 homicidios en Venezuela, sólo en el año 2007, cuando para 1998 fueron 4.550 homicidios. Un dato: La mayoría de las victimas son jóvenes, siendo los más afectados las personas de estratos sociales bajos, es decir los “pobres “de Venezuela. El Gobierno sin embargo, también presentó sus cifras: 20,30 % de habitantes con pobreza extrema para 1998 y sólo 9,4 % en 2007. Aumentó del índice de desarrollo humano para ese mismo periodo de tiempo de 0,6917 % a 0,8786 % y un largo etc. de cifras sobre inversión en educación, datos de mortalidad infantil, etc. Solo un detalle. El tema central: la muerte de miles de venezolanos anualmente y la inseguridad que padecemos todos quienes habitamos en esta tierra de gracia, no pudo ser explicada satisfactoriamente por el agente del Estado, tampoco por el Embajador de Venezuela ante la OEA ni por el Director de Derechos Humanos del Ministerio de Interior y Justicia. Sin embargo, tres líneas interesantes de argumentación fueron desarrolladlas por el Estado para justificar la situación en la búsqueda de responsabilidades que por supuesto nunca asume el Gobierno: 1) El expediente del golpismo, el magnicidio, la guarimba y el saboteo. 2) El Plan Colombia y la “parapolítica” en ese país, lo cual está generando presencia de paramilitares en Venezuela. 3) La necesidad de mayor tiempo en el Gobierno para presentar en el futuro, algún día, después de 15 años o 20 resultados positivos en la ejecución de las políticas públicas de seguridad ciudadana. Incluso uno de los comisionados realizó una elemental pregunta, pero importantísima. La que vale por cierto examinar de cara a los datos que exhibe el Gobierno. Expresó, palabras más, palabras menos, cómo era posible tener tan alarmantes índices de criminalidad, con tal inversión en desarrollo social, según indica el Gobierno ha realizado. La respuesta quedo en el ambiente: La pobreza en Venezuela no produce la criminalidad. La criminalidad en Venezuela está encontrando entre sus explicaciones las fallas de la institucionalidad. A nadie sorprende ésto. En Venezuela no es posible para los ciudadanos acceder a los datos oficiales de los homicidios que se cometen en el territorio nacional, como tampoco a los datos epidemiológicos. Dos ejemplos bien básicos que dibujan el estado de salud de la institucionalidad en Venezuela. Sin embargo lo más emblemático de la cita, fue el modo cínico en el que el Estado pidió a los defensores de Derechos Humanos venezolanos, cesar en la instrumentació n del “expediente del montaje”, ese esquema de denuncias que obstruyen en definitiva su labor de gobernar.