LÍMITES al poder

Por: Julio César Arreaza B. - La Iglesia Católica asume, como un deber fundamental, la defensa de un sistema de justicia imparcial, el resguardo de la democracia, la paz social y la dignidad de los ciudadanos venezolanos. Ello la ha llevado a señalarle los límites al poder civil desempeñado por los distintos gobiernos que representan a la república. Desde el Imperio Romano muchos regímenes han sido proclives a convertirse en si mismos en ídolos, a considerarse Dios y por eso la iglesia les recuerda sus límites. La iglesia siente honda preocupación por la situación de creciente inseguridad, delincuencia desbordada y desprecio a la vida, traducidos en la cantidad de asesinatos, secuestros y delitos contra las personas y los bienes. Exige a las autoridades actuar dentro del marco de la Constitución y las leyes, para garantizar los derechos fundamentales de los venezolanos. Sobre la actual crisis financiera y económica mundial, cuyos efectos se sentirán en nuestro país, la iglesia piensa que el gobierno está obligado a buscar soluciones concertadas con todos los sectores de la sociedad, que puedan aportar ideas y propuestas valiosas y concretas, para disminuir las consecuencias de la crisis, especialmente sobre las clases menos favorecidas. En este contexto, no justifica la enorme erogación de recursos de la nación en la compra de armamento. Con motivo del referéndum, los Obispos alertaron que la Reforma Constitucional era “moralmente inaceptable”. Dicha Reforma fue rechazada por el pueblo venezolano en diciembre del año pasado. Si la referencia obligada para todas las leyes es la Constitución vigente, es un irrespeto a la voluntad popular soberana imponer muchos de los cambios rechazados, mediante la publicación inconsulta y sorpresiva de un conjunto de leyes con elementos de carácter estatizante, autoritario y centralizador. Los nuevos decretos-leyes contienen rasgos inconstitucionales, otorgan mayor poder al Ejecutivo Nacional para el control de numerosas áreas de la vida del país, en detrimento de las personas e instituciones, y cercenan múltiples derechos políticos y sociales de los ciudadanos. La iglesia está clara que las próximas elecciones regionales revisten una extraordinaria importancia para el destino democrático de Venezuela, pues no solo confirman la decisión de mantener vigente el principio de descentralización, una conquista del pueblo venezolano desde 1989, asumida por la Constitución de 1999 y ratificada en el Referéndum del 2 de diciembre de 2007, sino que pueden también contribuir al sano equilibrio de los poderes públicos de las regiones, en función del pluralismo, la reconciliación y paz ciudadana. Los venezolanos queremos vivir en paz y democracia, por eso los obispos rechazan la violencia verbal y las amenazas manifestados en la campaña electoral, lo cual exacerba el conflicto interno y enciende las pasiones hasta el odio y la muerte, y nos introduce en un ambiente de conflictividad internacional. Llaman a los ciudadanos a votar, para expresarse con libertad y responsabilidad sobre el destino de la nación. Nadie debe sentirse excluido del derecho y el deber de sufragar según su conciencia. El voto debe ser respetado y no debe ser motivo de retaliaciones de ningún género. Exhortan al CNE a garantizar la pulcritud del proceso, a difundir inmediatamente los resultados y acatar los mismos. Respetar la voluntad popular, sin que pueda anteponérsele ningún otro interés, grupal o individual, ideológico o de cualquier otra naturaleza; y a una participación más equitativa de todos los candidatos y sus testigos en todas las etapas del proceso, que garanticen la total transparencia de los comicios. La iglesia ha hablado y toca a nosotros, ciudadanos venezolanos, decidir frente a un régimen que ha destruido nuestro país en su infraestructura de servicios, desmantelado su capacidad productiva, desmoralizado a los trabajadores e hipotecado los ingresos por el servicio aplastante de una deuda que era grande y él ha duplicado.