miércoles, 8 de octubre de 2008

La Raya Amarilla


Por: Williams Cárdenas Rubio - La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, creada por una ley a todas luces violatoria de la Constitución Nacional y en abierto reto a la sociedad venezolana, tanto cívica como militar, es el último recurso de fuerza al que se aferrará Hugo Chávez para tratar de mantenerse en el poder. Chávez ya ha tenido dos experiencias negativas con las Fuerzas Armadas Nacionales que le han demostrado que sus componentes, aunque no lo parezca, no están dispuestos a inmolarse en su aventura. La primera de ellas fue el 11 de abril del 2002, cuando pretendió sacar los tanques a la calle y aplicar el Plan Ávila para agredir la manifestación que se dirigía a Miraflores a pedir su renuncia. La segunda, mas reciente, el pasado 2 de diciembre, cuando pretendió que las Fuerzas Armadas desconocieran el resultado electoral que le dio una indubitable victoria al NO en el referéndum de la Reforma Constitucional y estas se negaron a tal propósito y le “recomendaron” aceptar los resultados. Esto no tiene nada de raro y si una lógica explicación. Los componentes profesionales de las Fuerzas Armadas venezolanas le han permitido a Chávez todos los desafueros que hemos conocido y algunos que todavía no se conocen. Es más, han aceptado silenciosamente la vinculación del gobierno con la guerrilla de las FARC, archienemiga del ejército venezolano, que combatió la insurrección marxista en los años 60-70, todo a cambio del rol privilegiado que han desempeñado durante el régimen. Pero lo que esas Fuerzas Armadas no están dispuestas a traspasar son los nuevos límites que impone el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional, en cuanto a las sanciones por la comisión de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos. Los oficiales de esas FAN ya conocen que el Estatuto de Roma no acepta la excepción de la “obediencia debida”, como defensa ante las responsabilidades penales en que pudieran incurrir en caso de un ataque contra la población civil como lo ha pretendido el Presidente. Saben perfectamente que quien cometa delitos de esta índole será responsable personalmente ante la Corte Penal Internacional por los crímenes que se le atribuyan, pues quien cumpla una orden manifiestamente ilegal y atente contra la población civil, no encontrará lugar donde esconderse para escapar de la justicia. Allí está la raya amarilla, Chávez lo sabe y las FAN también. Por esto se las ha agenciado para dictarse una ley que le permita la creación de esta fuerza pretoriana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que obedezca ciegamente sus órdenes, vulnerando la vertebración jerárquica de las FAN y tratando de revestir de legalidad a una banda armada que estará dispuesta a actuar contra la población venezolana. No obstante, el mismo Fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, recientemente afirmó que por los crímenes de lesa humanidad podrán ser juzgados los funcionarios de los gobiernos que los ordenen y las bandas armadas que los ejecuten, independientemente de que se trate de grupos legalizados o irregulares.

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