Publicado: Dom Feb 10, 2008
Luis Giusti
Lo ocurrido con Exxon es debido a la violación de contratos y acciones de expropiación con objetivos. Esta medida podría conducir a embargos de cargamentos de crudo en alta mar. En medio de la polémica que levantó la empresa Exxon Mobil con la demanda emprendida contra Petróleos de Venezuela, las autoridades de la corporación estatal reiteran las críticas contra el proceso de apertura al capital foráneo tanto nacional como extranjero que se dio en la década de los noventa, y el primer nombre que viene a la mente de los actuales funcionarios es el de Luis Giusti, presidente de Pdvsa entre 1994 y 1999, quien percibe con pesimismo la decisión de una corte de Estados Unidos y la acción de tribunales del Reino Unido y de Holanda. "La medida de congelación de bienes de Pdvsa representa una tragedia para Venezuela, pues viene a sumarse a la complicadísima situación económica del país, además del progresivo aislamiento internacional" , aseguró Giusti. Por los lados del Gobierno, se esgrime el criterio de que las decisiones judiciales son una actuación de amedrentamiento por parte de Exxon, para obtener una compensación de entre 1 millardo y 2 millardos de dólares, rango en el cual estaría el monto que podría recibir esta petrolera estadounidense de parte de Pdvsa; pero, a juicio de Giusti, las medidas preventivas de embargo de bienes son consecuencia de la forma como se ha desarrollado la política petrolera en los nueve años de gobierno del presidente Hugo Chávez. "La responsabilidad recae claramente en un Gobierno que marcha a la deriva y desatina en todo lo que hace", afirmó el ex presidente de Pdvsa. "Lo ocurrido en este caso es consecuencia directa de violaciones de contratos y acciones de expropiación, sin justificación y con objetivos políticopopulistas" , agregó. Efecto cercano. Algunos de los aspectos sobre los que advirtió Giusti son las consecuencias que, de manera inmediata o en pocas semanas, tendría esa medida, y básicamente se refiere a los efectos en materia financiera porque los papeles de deuda emitidos por Pdvsa pierden valor, como de hecho ocurrió jueves y viernes, cuando los llamados Pdv bonos cayeron 4 puntos porcentuales. La tendencia hacia la baja, por cierto, se viene dando prácticamente desde que se emitieron esos títulos por 7,5 millardos de dólares en abril del año pasado. "Las consecuencias económicas directas en el muy corto plazo tal vez sean de impacto modesto, pero las ramificaciones para papeles y bonos del país o de Pdvsa son terribles y de efecto inmediato", comentó. Esto implica que toda persona o empresa que posea los títulos de la petrolera, si decide venderlos recibirá un precio inferior al que pagó originalmente. De igual manera, la cotización de la deuda de la petrolera repercute negativamente sobre cualquier opción de financiamiento que requiera la empresa porque tendría que pagar mayores tasas de interés o los préstamos que reciba serían sólo de corto plazo. Un elemento adicional que mencionó Giusti se refiere al hecho de que la congelación de activos de Pdvsa también pudieran llevar a decisiones judiciales en alguno de los países donde actúo Exxon Mobil, pero esta vez no sólo para afectar inmuebles o cuentas bancarias, sino el suministro del crudo venezolano. "La decisión también constituye un asomo de los riesgos de eventuales embargos de cargamentos en alta mar y, más adelante, de inmensos desembolsos por parte del país", señaló. Giusti advirtió que se debe seguir con cuidado el desenlace final del arbitraje que emprendió Conoco Phillips con Pdvsa, por las participaciones que tenía en la faja petrolífera del Orinoco, superiores a las de Exxon Mobil. Hasta el momento, ese proceso judicial no se ha suspendido, pero el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, aseguró que está confiado de llegar a un acuerdo amistoso, con el fin de suspender el arbitraje y que la corporación ofrezca un acuerdo de compensación semejante al que logró con la francesa Total y la noruega Statoil-Hydro. De hecho, la firma francesa confirmó esta semana que recibirá una indemnización de 834 millones de dólares.
Lo ocurrido con Exxon es debido a la violación de contratos y acciones de expropiación con objetivos. Esta medida podría conducir a embargos de cargamentos de crudo en alta mar. En medio de la polémica que levantó la empresa Exxon Mobil con la demanda emprendida contra Petróleos de Venezuela, las autoridades de la corporación estatal reiteran las críticas contra el proceso de apertura al capital foráneo tanto nacional como extranjero que se dio en la década de los noventa, y el primer nombre que viene a la mente de los actuales funcionarios es el de Luis Giusti, presidente de Pdvsa entre 1994 y 1999, quien percibe con pesimismo la decisión de una corte de Estados Unidos y la acción de tribunales del Reino Unido y de Holanda. "La medida de congelación de bienes de Pdvsa representa una tragedia para Venezuela, pues viene a sumarse a la complicadísima situación económica del país, además del progresivo aislamiento internacional" , aseguró Giusti. Por los lados del Gobierno, se esgrime el criterio de que las decisiones judiciales son una actuación de amedrentamiento por parte de Exxon, para obtener una compensación de entre 1 millardo y 2 millardos de dólares, rango en el cual estaría el monto que podría recibir esta petrolera estadounidense de parte de Pdvsa; pero, a juicio de Giusti, las medidas preventivas de embargo de bienes son consecuencia de la forma como se ha desarrollado la política petrolera en los nueve años de gobierno del presidente Hugo Chávez. "La responsabilidad recae claramente en un Gobierno que marcha a la deriva y desatina en todo lo que hace", afirmó el ex presidente de Pdvsa. "Lo ocurrido en este caso es consecuencia directa de violaciones de contratos y acciones de expropiación, sin justificación y con objetivos políticopopulistas" , agregó. Efecto cercano. Algunos de los aspectos sobre los que advirtió Giusti son las consecuencias que, de manera inmediata o en pocas semanas, tendría esa medida, y básicamente se refiere a los efectos en materia financiera porque los papeles de deuda emitidos por Pdvsa pierden valor, como de hecho ocurrió jueves y viernes, cuando los llamados Pdv bonos cayeron 4 puntos porcentuales. La tendencia hacia la baja, por cierto, se viene dando prácticamente desde que se emitieron esos títulos por 7,5 millardos de dólares en abril del año pasado. "Las consecuencias económicas directas en el muy corto plazo tal vez sean de impacto modesto, pero las ramificaciones para papeles y bonos del país o de Pdvsa son terribles y de efecto inmediato", comentó. Esto implica que toda persona o empresa que posea los títulos de la petrolera, si decide venderlos recibirá un precio inferior al que pagó originalmente. De igual manera, la cotización de la deuda de la petrolera repercute negativamente sobre cualquier opción de financiamiento que requiera la empresa porque tendría que pagar mayores tasas de interés o los préstamos que reciba serían sólo de corto plazo. Un elemento adicional que mencionó Giusti se refiere al hecho de que la congelación de activos de Pdvsa también pudieran llevar a decisiones judiciales en alguno de los países donde actúo Exxon Mobil, pero esta vez no sólo para afectar inmuebles o cuentas bancarias, sino el suministro del crudo venezolano. "La decisión también constituye un asomo de los riesgos de eventuales embargos de cargamentos en alta mar y, más adelante, de inmensos desembolsos por parte del país", señaló. Giusti advirtió que se debe seguir con cuidado el desenlace final del arbitraje que emprendió Conoco Phillips con Pdvsa, por las participaciones que tenía en la faja petrolífera del Orinoco, superiores a las de Exxon Mobil. Hasta el momento, ese proceso judicial no se ha suspendido, pero el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, aseguró que está confiado de llegar a un acuerdo amistoso, con el fin de suspender el arbitraje y que la corporación ofrezca un acuerdo de compensación semejante al que logró con la francesa Total y la noruega Statoil-Hydro. De hecho, la firma francesa confirmó esta semana que recibirá una indemnización de 834 millones de dólares.
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