EDITORIAL - 13 de Mayo de 2008. Redactor de EL TIEMPO -
Como se preveía desde un principio, el ya célebre computador de 'Raúl Reyes' resultó ser un explosivo baúl de interminables y muy graves revelaciones sobre los planes y finanzas de las Farc y, en especial, sobre sus relaciones en diferentes países del mundo. Más de 16.000 archivos guardados no en uno sino en tres computadores, analizados en primera instancia por la Policía colombiana y luego por la Interpol, que debe entregar este jueves sus conclusiones, constituyen una mina informativa que ha hecho frotarse las manos a las Fuerzas Armadas de Colombia y ha llenado de preocupación a algunos gobiernos extranjeros. En vísperas del anuncio de la Interpol, conviene valorar elementos de juicio para el manejo futuro de un tema enormemente complejo, que sin duda generará nuevos y delicados conflictos que Álvaro Uribe y su cancillería tendrán que enfrentar con pies de plomo. Lo primero que vale la pena aclarar es que la Interpol no certificará si la información de los archivos digitales de Reyes es cierta o no. Su labor consiste en establecer si su contenido fue cambiado o manipulado por las autoridades colombianas. El peritazgo busca comprobar que esa información en efecto estaba en los archivos del número dos de las Farc. Entregar esos archivos a la Interpol fue una decisión acertada del Gobierno, pues la valoración de ese organismo -integrado por la inmensa mayoría de las policías del mundo- despeja cualquier duda sobre manipulación de la información a lo largo de la cadena de custodia. Venezuela y Ecuador pertenecen a la Interpol y en el caso del presidente Chávez, que ya descalificó a este organismo, cabe recordar que su gobierno le ha pedido apoyo para detener en otros países a personas que sindica de haber conspirado en su contra. Una vez se pronuncie la Interpol, corresponde a los organismos judiciales evaluar los alcances de la información. En ello no sólo jugarán un papel fiscales y jueces colombianos, y la Corte Suprema para lo que pudiera involucrar a congresistas. También, jueces de otros países, empezando por E.U., pues las Farc han secuestrado y matado decenas de estadounidenses y europeos, lo que puede llevar a la Justicia foránea a interesarse en esos archivos.Ese interés ya es evidente en medios tan respetados como The Wall Street Journal y El País de Madrid, que presentaron detallados informes sobre el contenido de los archivos, en especial en lo relacionado con nexos entre el presidente de Venezuela y las Farc. Todo esto explica el nerviosismo y agresividad de las declaraciones de Chávez en horas recientes. Él sabe que una cosa es que los medios de comunicación o las autoridades de Colombia den a conocer graves indicios de sus relaciones con las Farc, y otra muy distinta que documentos técnicamente valorados por la Interpol lleguen a manos de jueces de Estados Unidos y Europa. Análisis aparte merece la actitud que Colombia debe adoptar para el manejo de esta 'papa caliente'. Después de una serie de torpes y dañinas filtraciones de contenidos parciales de los computadores a los pocos días del operativo en territorio ecuatoriano, la entrega de los archivos a la Interpol fue acertada. Y habrá que ver cuáles serán las consecuencias políticas, jurídicas y diplomáticas de su revelación. Si hay pruebas contra políticos colombianos vinculados a las Farc, la Justicia tendrá que procesarlos. Si las hay contra extranjeros, sean particulares o altos dignatarios, Colombia verá si acude a los cauces previstos en la legislación internacional y corre con los costos políticos y diplomáticos que ello acarree. Tendrá que asumir que jueces de otros países inicien procesos que pueden enredar aún más las relaciones con países como Venezuela y Ecuador. Todo esto requerirá un tino y un aplomo excepcionales y una Cancillería que ojalá esté a la altura de la delicada misión. Una nueva y complicada carga recae sobre los hombros de Uribe y su equipo, en un momento excepcionalmente difícil de sus ya casi seis años en el poder.
http://es.f264.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=editorial@eltiempo.com.co
Como se preveía desde un principio, el ya célebre computador de 'Raúl Reyes' resultó ser un explosivo baúl de interminables y muy graves revelaciones sobre los planes y finanzas de las Farc y, en especial, sobre sus relaciones en diferentes países del mundo. Más de 16.000 archivos guardados no en uno sino en tres computadores, analizados en primera instancia por la Policía colombiana y luego por la Interpol, que debe entregar este jueves sus conclusiones, constituyen una mina informativa que ha hecho frotarse las manos a las Fuerzas Armadas de Colombia y ha llenado de preocupación a algunos gobiernos extranjeros. En vísperas del anuncio de la Interpol, conviene valorar elementos de juicio para el manejo futuro de un tema enormemente complejo, que sin duda generará nuevos y delicados conflictos que Álvaro Uribe y su cancillería tendrán que enfrentar con pies de plomo. Lo primero que vale la pena aclarar es que la Interpol no certificará si la información de los archivos digitales de Reyes es cierta o no. Su labor consiste en establecer si su contenido fue cambiado o manipulado por las autoridades colombianas. El peritazgo busca comprobar que esa información en efecto estaba en los archivos del número dos de las Farc. Entregar esos archivos a la Interpol fue una decisión acertada del Gobierno, pues la valoración de ese organismo -integrado por la inmensa mayoría de las policías del mundo- despeja cualquier duda sobre manipulación de la información a lo largo de la cadena de custodia. Venezuela y Ecuador pertenecen a la Interpol y en el caso del presidente Chávez, que ya descalificó a este organismo, cabe recordar que su gobierno le ha pedido apoyo para detener en otros países a personas que sindica de haber conspirado en su contra. Una vez se pronuncie la Interpol, corresponde a los organismos judiciales evaluar los alcances de la información. En ello no sólo jugarán un papel fiscales y jueces colombianos, y la Corte Suprema para lo que pudiera involucrar a congresistas. También, jueces de otros países, empezando por E.U., pues las Farc han secuestrado y matado decenas de estadounidenses y europeos, lo que puede llevar a la Justicia foránea a interesarse en esos archivos.Ese interés ya es evidente en medios tan respetados como The Wall Street Journal y El País de Madrid, que presentaron detallados informes sobre el contenido de los archivos, en especial en lo relacionado con nexos entre el presidente de Venezuela y las Farc. Todo esto explica el nerviosismo y agresividad de las declaraciones de Chávez en horas recientes. Él sabe que una cosa es que los medios de comunicación o las autoridades de Colombia den a conocer graves indicios de sus relaciones con las Farc, y otra muy distinta que documentos técnicamente valorados por la Interpol lleguen a manos de jueces de Estados Unidos y Europa. Análisis aparte merece la actitud que Colombia debe adoptar para el manejo de esta 'papa caliente'. Después de una serie de torpes y dañinas filtraciones de contenidos parciales de los computadores a los pocos días del operativo en territorio ecuatoriano, la entrega de los archivos a la Interpol fue acertada. Y habrá que ver cuáles serán las consecuencias políticas, jurídicas y diplomáticas de su revelación. Si hay pruebas contra políticos colombianos vinculados a las Farc, la Justicia tendrá que procesarlos. Si las hay contra extranjeros, sean particulares o altos dignatarios, Colombia verá si acude a los cauces previstos en la legislación internacional y corre con los costos políticos y diplomáticos que ello acarree. Tendrá que asumir que jueces de otros países inicien procesos que pueden enredar aún más las relaciones con países como Venezuela y Ecuador. Todo esto requerirá un tino y un aplomo excepcionales y una Cancillería que ojalá esté a la altura de la delicada misión. Una nueva y complicada carga recae sobre los hombros de Uribe y su equipo, en un momento excepcionalmente difícil de sus ya casi seis años en el poder.
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