Por: Marco Falcón Ascanio* - Los venezolanos constituimos una sociedad dueña de un territorio rico en materias primas y fuentes de energía. Ante la gloriosa herencia independentista debemos sentir el deber moral, y reconocer la conveniencia económica, de controlar su desarrollo, en la máxima medida posible, nosotros mismos. El modus vivendi petrolero-rentista y de comercio importado, ya no da para ocupar a los desempleados. El antídoto es a base de empresas de manufacturas y agricultura, con el mayor grado nacional de inversión, personal e insumos posible. La promoción de éstas debe acompañarse con una política de estado de ocupación del territorio nacional, allá donde hay agua abundante y tierra barata, con la creación de nuevas ciudades: primero se instala un centro logístico in situ; los futuros dueños de microgranjas preparan el terreno, urbanizan e instalan los servicios básicos. Se les dan los materiales necesarios para la construcción de sus viviendas y se les paga con el alimento diario y con el título de propiedad de su microgranja. En el centro de la ciudad se construirán las sedes de gobierno local, un centro comercial y posiblemente centros de entrenamiento para oficios vocacionales. En una etapa final podría incluirse una facultad de una futura universidad que se completaría con las demás facultades en otras ciudades similares, cercanas pero no revueltas. Luego se podría implementar el olvidado decreto de desconcentración industrial. Estas pequeñas ciudades requerirían comunicaciones terrestres entre si y con la red nacional, lo cual podría lograrse, entre otras, por via fluvial. Tenemos en el país competentes arquitectos, urbanistas, ingenieros de sistemas, agrónomos, economistas, sociólogos, psicológos, ecologistas, paisajistas, etc. para determinar el tamaño y funcionamiento económico óptimos y cronograma de desarrollo de las comunidades arriba mencionadas. Si se maneja el proyecto confiablemente, creo prodríamos trasladar a muchas familias, desde los barrios citadinos al interior. Si no, éstos, por más que les instalemos los mejores servicios públicos y transporte por teleférico, seguirán siendo productores de jóvenes sin metas, proclives al vicio. Hay que reducir los alcances de la ley del trabajo, la cual, junto a la permisería excesiva y dispersa en diversas oficinas gubernamentales, conspira contra el éxito de las empresas, bien sean, pequeñas, medianas o grandes. La actual ley del trabajo es el resultado de una competencia partidista-demagógica, apoyada en el despilfarro petrolero, para captar votos. Parecería difícil que Venezuela pueda industrializarse con esa ley, una de las más onerosas del mundo. En Colombia la exposición de motivos de la ley laboral habla de un acuerdo de las partes para mútuo beneficio y allá hay aproximadamente 1,5 empresas por cada 1000 habitantes. En Venezuela solo hay 0,4 y el preámbulo de la ley se asemeja a una declaración de guerra entre las partes. La sociedad se ha concientizado y eso debe conllevar a un liderazgo dispuesto a luchar contra la corrupción y con una orientación a favor del desarrollo económico nacionalista y del bienestar popular. Deberíamos tener tiempo para un debate nacional y para fijar acuerdos mínimos de gobernabilidad y programas de desarrollo, inalterables, para el futuro cercano.
*Profesor, Ingeniería, UCV
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