¡No! señora Fiscal

Por: Fernando Luis Egaña - flegana@gmail.com - La Fiscal Ortega Díaz está empeñada en vapulear la Constitución de 1999. Sigue el mal ejemplo de su mentor y predecesor, Isaías Rodríguez. Pero el país no se deja intimidar. Primero fue la presentación oficial de sus "aportes" para la elaboración de un proyecto de Ley contra los Delitos Mediáticos. Con ese motivo expuso su parecer acerca de la primacía de la "seguridad nacional" sobre la garantía constitucional de la libertad de expresión. No obstante, el escándalo que se armó fue de tantos decibeles --internos y en especial, externos-- que Miraflores prefirió dejarla colgada de la brocha, al menos por un tiempo.Pero ha vuelto a la carga con otro criterio de muy dudosa factura: la también primacía de la llamada "estabilidad gubernativa" sobre el derecho humano y constitucional de la libertad de manifestación. Especie de patente para justificar la criminalización de la protesta pública, y para redoblar el encauzamiento judicial de dirigentes opositores, activistas sociales o meros ciudadanos manifestantes.En este sentido, la Fiscalía General de la República procede como una pieza del engranaje oficialista que busca impedir el acuerpamiento de la protesta política y, muy en particular, su articulación con la protesta social. La "doctrina" bolivarista en la materia ha sido, por una parte, la de tolerar la oposición política en la medida que ésta sea más de palabra que de acción; y por la otra, la de tratar de separar la reivindicación social del enfrentamiento político.Pero esa estrategia tiene una falla tectónica, y es que el agregado de menguadas condiciones socio-económicas con el cúmulo de abusos y desafueros contra elementales derechos democráticos, ha venido generando un clima de tal crispación en amplios sectores, que ya pareciera que el uso característico de la represión selectiva es insuficiente, y por tanto se apela a recursos más crasos y violentos como la penalización general del derecho que tienen los venezolanos a manifestar pacíficamente.Los recientes casos de la detención del Prefecto de Caracas, Richard Blanco, y de los 11 funcionarios de la Alcaldía Metropolitana que marchaban en defensa de sus puestos de trabajo, con la consabida tergiversación de los hechos a manos de las "autoridades competentes", aunados a la orden de capturar a Oscar Pérez y a la amenaza presidencial de enjuiciar al gobernador Pérez Vivas y tras de él a otros dirigentes y voceros opositores, pretenden reforzar la referida estrategia intimidatoria.De allí lo oportuno de la reacción de la Mesa Unitaria, y la convocatoria de nuevas actividades de protesta pública. El precedente de Guayana, donde las fuerzas sociales, cívicas y políticas están luchando en conjunto para reivindicar la región ante el descalabro y avasallamiento gubernativo, debe ser seguido a lo largo y ancho de Venezuela. No, señora Fiscal. El derecho no está de su lado, como debería estarlo si cumpliera con sus responsabilidades constitucionales. Está en la protesta justa, legítima y democrática que el régimen bolivarista no podrá sofocar.