Dos justicias, un solo país

En el proyecto político de Hugo Chávez, como en todo comunismo y totalitarismo, se impone un doble Sistema de Justicia. El Estado de Derecho se aplica a discreción en todos los órdenes de la vida ciudadana: en lo económico, lo político y lo social.Su premisa es: Si estás con él, existes, te da prebendas y concede derechos. Si osas disentir de sus designios no existes y pierdes todo: propiedades, libertades y derechos. Miles de venezolanos ya conocen en carne propia esta arbitraria segregación, y la vulnerabilidad jurídica que ello significa. Los hay en todas las gamas y sectores, desde ex trabajadores petroleros, funcionarios públicos, empresarios, productores del campo, sindicalistas, comisarios y policías metropolitanos, militares, políticos de oposición (e incluso antiguos curruñas del Gobierno), y pare usted de contar. Ahora en el sexto mes de la Blitzkrieg del Gobierno, también se ha acelerado y profundizado la aplicación de una "justicia" paralela, asimétrica y bien diferenciada. Las costuras de ésta quedaron al descubierto hace ya poco más de un mes, cuando fue destituida por el Ministerio Público la juez 13ª de Control de Caracas, AliciaTorres, por haberse resistido a ser presionada para que dictara una orden de prohibición de salida del país contra Guillermo Zuloaga, directivo de Globovisón, por el caso Toyosan y Toyoclub.La doble vara de la justicia se ha puesto de manifiesto en diversos hechos y momentos:Mientras a Globovisión se le han hecho incontables acusaciones y abierto juicios sin ton ni son, en el canal de Chávez, VTV, se permiten programas donde se cometen todo tipo de violaciones a la Ley Resorte, en detrimento del sector opositor. Por un lado, las acusaciones por hechos de corrupción de algunos de los actuales super funcionarios del Gobierno son echadas al olvido. Por el otro, se amañan procedimientos a granel para gobernantes como han sido los casos de Leopoldo López (inhabilitado político), Manuel Rosales, y más recientemente las acusaciones en contra de Henrique Capriles Radonski, y otras decenas de funcionarios y ex funcionarios públicos de oposición. A los grupos violentos patrocinados por instancias del Gobierno se les garantiza la impunidad, como sucedió con quienes atacaron a los periodistas de Ultimas Noticias, donde sólo uno fue apresado y dejado casi de inmediato en libertad. O, cuando mucho, desde la Presidencia se hace la pantalla de solicitar su aprehensión, como es el caso del líder de La Piedrita. A menos que se le quiera pasar factura o "enfriarlos", como supuestamente ha sucedido en el caso de Lina Ron, la única "detenida" por los últimos ataques a Globovisión, a pesar de que todo el grupo agresor está plenamente identificado. Mientras tanto, los dirigentes de la oposición son detenidos violando todos sus derechos, como son los casos del periodista Gustavo Azócar, hoy en prisión y el de Richard Blanco, Prefecto de Caracas, apresado este miércoles por su presunta participación en supuestos hechos de violencia ocurridos durante la marcha en contra de la Ley Orgánica de Educación. Las manifestaciones de los grupos afectos al Gobierno son protegidas por los órganos de seguridad, protestan libremente y llegan a donde quieran sin ninguna restricción. Pero, las manifestaciones de la oposición son coartadas en sus derechos, limitadas en sus propósitos y brutalmente agredidas por la Guardia Nacional, y las policías del Gobierno.Esa doble vara de la justicia, exhibió una de las peores caras de los últimos tiempos, con la agresión de la marcha de los trabajadores de la Alcaldía Metropolitana, donde fueron detenidos 11 trabajadores, entre ellos el jefe de prensa de la Alcaldía, David Pérez Hansen, cuando se dirigían al TSJ para entregar un documentoEn esta doble cara de la "justicia" chavista, por obra y gracia de los tribunales y para el beneplácito del mandatario, el acusador si es opositor se convierte en acusado, o viceversa el agresor si es chavista se transforma en agraviado.. Disponible en inglés en: www.veneconomy.com a partir de las 4:00 p.m.