sábado, 1 de agosto de 2009

Escuche esto

Por: Simón Anduze G.
—¡Tonce, compadre!, ¿qué le parece el proyecto de Ley Especial contra Delitos Mediáticos?
—Que deberíamos cambiarle el nombre al país y ponerle República Draconiana de Venezuela.
—¿Y eso?
—Por la cantidad de Dracón que tenemos, que se creen legisladores.
—¿Y quién es ese Dracón?
—Un griego de un bojote de años antes de Cristo, al que se le atribuye la primera codificación de las leyes de Atenas, hasta entonces transmitidas oralmente. El rigor de ese código –que contemplaba penas muy severas aún para infracciones menores– dio origen a la expresión draconiano para indicar un sistema riguroso de castigos. Con esta ley que propone el Ejecutivo de Venezuela, pueden castigar al periodista hasta por lo que no escribió o no dijo: el artículo 1 establece “…sancionar las acciones u omisiones desplegadas…” El artículo 10 es más explícito: “Los propietarios, directivos o responsables de medios de comunicación social que de manera voluntaria e injustificada, se negaran a informar sobre hechos o situaciones cuya falta de divulgación constituya una lesión al derecho a la información…”
—Eso es confuso: ¿cómo puede desplegarse una omisión… algo que no está a la vista?
—Sí. Cuando la norma no es clara y precisa, no obliga a que el juez la interprete con imparcialidad… Un mal juez la interpretará –y sancionará– a su conveniencia.
—¡O como lo ordene el caudillo!
—El artículo 3 soslaya el concepto de ‘editorial’ cuando dice que serían penados “…los dueños y cualquier otra persona que ejerza cargos directivos en medios de comunicación…” La fiscal general, Luisa Ortega Díaz (quien es la cabeza visible de la propuesta) olvida que sólo el editorial es la opinión del medio de comunicación y que todas las demás opiniones –desplegadas por el medio aunque no las comparte– se basan en el principio de libertad de opinión y de expresión.
—¿Por qué el Gobierno quiere esta ley si ya existe la Ley RESORTE?
—Porque los periodistas le buscaron la vuelta a la Ley RESORTE y han logrado hacer su trabajo. Con esta Ley especial –que ya algunos han comenzado a llamar Ley Censura– los medios estarán obligados a publicar lo que el Gobierno quiere que se publique.
—Parece que el más perjudicado es el reportero de calle porque tendrá que cortar las entrevistas que cree que pueden molestar al Gobierno.
—El artículo 3 establece castigos para “…cualquier otra persona que se exprese a través de cualquier medio de comunicación…” Yo entiendo que esto se refiere al entrevistado en la calle; si es así, el más perjudicado es el pueblo porque las entrevistas de calle son la vox populi.

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