martes, 9 de junio de 2009

La siembra de una política laboral


Por: Alberto Rodríguez Barrera - Desde el inicio de su gestión en 1959, el Gobierno de Coalición consideraba a la diversificació n de nuestra economía la única vía transitable para un desarrollo económico y social impulsado sobre una base estable y con un ritmo acelerado. De ahí el acento preciso de perseverar en el efecto multiplicador de las inversiones agropecuarias e industriales y el carácter permanente de la riqueza que ellas generan. No puede haber una buena distribución del ingreso si no hay una política que contrarreste el aumento de la desocupación y que logre disminuirla rápidamente. Se sabía que nuestro principal producto de exportación, el petróleo, que contribuía con casi el 25% a la formación del producto territorial bruto, daba ocupación a algo menos del 2% de la población activa. En razón del alto poder adquisitivo de nuestra moneda, el proceso de industrializació n se venía realizando dentro de un patrón de la densidad de capital, desestimulando el desarrollo industrial y agrícola por la incrementada propensión a importar. En censo efectuado en febrero de 1961 vino a confirmar las estimaciones sobre desocupación con ocasión del Plan Cuatrienal 1960-64 al revelar unos 280 mil desempleados, cifra que representaba aproximadamente el 12% de la población activa, siendo el problema más agudo en el área metropolitana y en las zonas petroleras. Se requería crear más de 100 mil empleos por año para disminuir la tasa de desempleo. Por eso se creaban condiciones en el medio rural que desanimaran el éxodo a las ciudades, para atenuar la magnitud del problema. La política de desarrollo justificaba así la acción económica y social que se ejercía en forma balanceada entre el medio urbano y el medio rural. Se comenzó a aplicar el plan de construcción a escala nacional para absorber más de 25 mil trabajadores, con lo cual se añadirían otra cantidad de empleos indirectos generados en las industrias y servicios. El aumento equilibrado de la inversión pública se hizo por vía de los recursos externos y una mayor movilización de los recursos internos. Simultáneamente se fue acentuando la capacitación de la mano de obra que no sabía hacer lo que había que hacer; tal fue la tarea encomendada al recién creado Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), cuyo gestión comenzó en 1961. La política laboral tenía el propósito y la orientación de propiciar un desarrollo normal y orgánico de las relaciones obrero-patronales en ejercicio de la irrenunciable función de proteger a los económicamente débiles, mediante la aplicación sistemática de las disposiciones legales que garantizan esa protección. La intervención conciliatoria, tendiente a suavizar las inevitables diferencias que surgen de los conflictos de intereses, logró en la inmensa mayoría de los casos la solución de los problemas por vía lógica y razonable del entendimiento pacífico. Las cifras relativas a huelgas ocurridas en el país fueron terminantes en cuanto al éxito de la política seguida: 15 en 1958, 10 en 1960 y 5 en 1961. En ello fue determinante la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), que sin renuncias ni complacencias obtenía reivindicaciones de clase respetando las posibilidades reales de la empresa para la concesión de los beneficios reclamados. Debido a esa disposición del movimiento obrero organizado, cuando dirigentes sindicales ubicados en partidos políticos de extrema izquierda quisieron utilizar a los trabajadores como simple material de agitación en insensatos conatos insurreccionales o incitándolos a huelgas descabelladas con el fin de desquiciar la economía, propiciando el hambre y el desempleo, ambiente que consideraban favorable a sus propósitos, esos dirigentes sindicales fueron repudiados por las propias masas obreras y tanto la CTV como las principales federaciones y sindicatos procedieron a efectuar una operación profiláctica marginándolos de sus cuadros de dirección. Si fue reducido el número de huelgas en 1961, ello no se debió a cortapisas o a trabas por parte de las autoridades de trabajo, ya que no se negaron los derechos a los trabajadores para dificultar su ejercicio. No fue rechazado un solo pliego conflictivo que hubiera sido presentado conforme a la ley, habiéndose dado curso a 40 durante 1961, de los cuales 35 fueron solucionados en ambiente de libre discusión, sin huelgas. En lo referente a la intervención del Estado mediante el arbitraje obligatorio para la solución de conflictos, sólo en una ocasión fue necesario recurrir a esa modalidad, por exigencia de la Ley del Trabajo y estar involucrado un servicio público indispensable, como lo fue (y es) el suministro de fuerza eléctrica. La discusión no conflictiva de los problemas del trabajo fue normalmente activa durante 1961, habiéndose concertado conciliatoriamente y mediante la intervención de funcionarios del trabajo, 684 contratos colectivos, sin incluir los de la industria de la construcción, cuyo número es siempre de los más altos. Y en las esferas de los reclamos individuales a las empresas, fueron atendidos más de 52.000 casos en las inspectorías del trabajo nacionales, con el pago a los interesados de sus reclamos. El proceso de organización sindical de los trabajadores continuó su curso normal: se legalizaron 455 nuevos sindicatos. La suscripción de capitales de compañías anónimas en el Distrito Federal fue de 1.130 millones de bolívares frente a Bs. 577 millones en 1960. El índice de producción industrial pasó de 189 a 209. La producción agrícola continuó en ascenso. La construcción de carreteras, escuelas y centros de salud siguió creciendo. Las ventas comerciales en el área metropolitana subieron a una cifra récord de Bs. 3.225 millones en 1961). Esta breve ojeada al campo laboral del país permite concluir que se estaban echando las bases de unas relaciones obrero-patronales sanas, civilizadas, que son base indispensable para el desarrollo económico, y que los conductores del movimiento sindical –al defender sus puntos de vista con ardor- rechazaban la utilización de los intereses de sus representados como instrumentos de banderías políticas. Se sembró así la conciencia de que la gran masa de los trabajadores de Venezuela lucha por mejorar sus condiciones de vida y de trabajo de una manera razonable y justa, en correspondencia con su indeclinable creencia de ser hombres libres que viven en un país libre, y que estarán siempre dispuestos a defender esa libertad en todos los terrenos y tiempos.

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