Fosas Comúnes

Por: Williams Cárdenas Rubio - El recién finalizado mes de Octubre el magistrado Baltasar Garzón inició una investigación que ha estremecido los cimientos de la sociedad española. En ella acuerda abrir fosas comunes de víctimas de la Guerra Civil, para exhumar los restos y dar, a los que estén identificados, digna sepultura. Con ello ha atendido el reclamo de muchos familiares de quienes fueron muertos en una guerra fraticida, pero al mismo tiempo ha levantado costras de heridas que aún no han terminado de cicatrizar. Dos meses antes, en Agosto pasado, el Juez Garzón había acompañado al Fiscal de la Corte Penal Internacional Sr. Luis Moreno Ocampo a Colombia, y en aquel viaje se procedió, en presencia de ambos, a la exhumación de cadáveres de víctimas de los paramilitares que habían sido enterrados en una fosa común, como consecuencia de esa guerra que arrasa a Colombia y que es seguida al detalle por la Corte Penal Internacional, particularmente en lo que concierne a los apoyos externos de la guerrilla terrorista de las FARC. Pero la noticia que nos trae el título a estas cuartillas es la de que la Alcaldía del Municipio Guaicaipuro, en Los Teques, estado Miranda, en Venezuela, gobernado por los chavistas, ante la falta de espacio, la morgue municipal ha acordado enterrar en una FOSA COMÚN mas de ochenta (80) cadáveres de ciudadanos que no han sido reclamados, para evitar problemas de salud y congestionamiento en dicho póstumo recinto. Lo que pasó en España entre 1936-1939, todos lo conocemos, fue aquella cruenta Guerra Civil que dejó en los campos de batalla, pueblos y ciudades, mas de un millón de españoles sin vida. Lo que actualmente y desde hace más de cuarenta años ocurre en Colombia también lo conocemos, una guerra sin cuartel en la que tanto la guerrilla como los paramilitares, han causado miles de víctimas, civiles y militares, a las que hay que sumar las que han sufrido sus organizaciones criminales. Ahora bien, qué estará pasando en Venezuela para que, sin que exista una guerra declarada estemos presentando balances que nos hacen pensar que nuestra sociedad está sufriendo las temibles consecuencias de un conflicto armado? En los últimos 8 años la cifra de muertes violentas arroja un balance que supera las de Irak o de cualquier otra nación en guerra. Se rebasan los cien mil muertos, con promedios anuales reconocidos oficialmente que alcanzan las 12.000 o 13.000 víctimas. Es la consecuencia de la acción de la delincuencia común, la delincuencia organizada, el narcotráfico, las bandas armadas, la guerrilla y los grupos de exterminio, en algunos casos de los cuerpos policiales o parapoliciales, como el que acabó recientemente con la vida de 6 personas, 5 de ellas menores de 17 años, en Chabasquén, estado Portuguesa. La primera en colapsar ha sido la morgue de Bello Monte en Caracas, en donde los cadáveres se apilan a la espera de ser reclamados. Ahora, la morgue de Los Teques, capital del estado Miranda, ha encontrado la solución de la fosa común para evitar el congestionamiento. Hasta cuándo tendremos que esperar para que los organismos internacionales se den cuenta que en Venezuela se está viviendo una situación de exterminio civil, que evidencia un alto grado de conflicto social y que puede calificarse de nuevo tipo de crimen de lesa humanidad por la intencional o negligente dejación de funciones de las autoridades obligadas a garantizar la seguridad y el derecho a la vida de sus habitantes? El principal responsable de este crimen generalizado contra una parte de la población venezolana es Hugo Chávez, quien desde su alto cargo se ha dedicado sembrar el odio e instar la violencia, con un discurso que ha dividido a los venezolanos, a quienes ha repartido armas, incluso armas de guerra, justificando el delito o premiándolo con la impunidad. Pero igualmente son culpables aquellos funcionarios que han permitido esta actividad delictiva, como ha ocurrido con algunos de los ministros de Interior y Justicia, directores de Seguridad Ciudadana, y especialmente algunos Fiscales Generales del Ministerio Público, quienes son responsables, en algunos casos por acción y en otros por omisión, al mirar hacia otro lado mientras caminamos hacia las fosas comunes. Cuando Chávez sea desalojado del poder estas conductas podrán quedar tipificadas en una ley penal especial que las sancione, que sea aplicable como una excepción al principio de irretroactividad de las leyes, para castigar a quienes han cometido este crimen de lesa humanidad contra el pueblo venezolano. No sería la primera vez que esto ocurre. Ya en el Tribunal de Nüremberg se aplicaron retroactivamente leyes para condenar a los genocidas de la Segunda Guerra Mundial. Sería una lección para evitar que lo que ha ocurrido en Venezuela se repita y como una forma de contribuir con el Derecho Penal Internacional en su evolución por castigar severamente los nuevos crímenes contra la humanidad.