Si usted es una de las afectadas por los implantes mamarios PIP

Si usted es una de las afectadas por los implantes mamarios PIP, he aquí una guía legal de su interés - Foto: Imagen de REFERENCIA/REUTERS/Benoit Tessier - Luego de los problemas que han presentado, recientemente, un numeroso grupo de mujeres por la colocación de implantes mamarios PIP, ELMUNDO.es publica este martes, una guía legal que busca orientar a todas aquellas afectadas.

La publicación se ha realizado en conjunto con diferentes expertos, quienes hablan de una suma de errores en cascada, desde las instancias europeas hasta el propio cirujano, sin olvidar cada uno de los gobiernos que dieron luz verde a los implantes PIP.

En este sentido, el abogado español, Ignacio Martínez, lleva los casos de unas 50 mujeres portadoras de implantes PIP e indica que “todas las actividades que generan riesgo público tienen la obligación de tener un seguro que pueda responder”.

Por su parte, Gilberto Andrea, abogado venezolano, aclara que los cirujanos plásticos que colocaron las prótesis PIP, no serán no serán demandados porque presuntamente también fueron timados.

A continuación lee el texto completo:

Responsabilidad de los estados

Siguiendo el eslabón, aunque las prótesis contaran con el certificado CE, cada estado decide si finalmente lo autoriza o no en su territorio. Como argumenta Ignacio Martínez, especialista en Derecho Sanitario y abogado de la Asociación El Defensor del Paciente, “cabe recordar que EEUU, por ejemplo, no autorizó los PIP. El Ministerio Español, sin embargo, sí dio el permiso de comercialización”.

Esta es la razón que mueve al grupo de afectadas por prótesis PIP en Valencia a preparar una demanda contra el Ministerio de Sanidad. “Se trata de nuestra salud.

No sabemos qué va a pasar con nosotras porque aún no se sabe con seguridad qué efectos tienen sobre el organismo, y menos a largo plazo.

Queremos que las autoridades asuman los costes que conlleva la retirada de estas prótesis, como hace Francia”, apunta Eva Giménez, portavoz del grupo.

El doctor Serra les apoya: “Para evitar fraudes de este tipo, los gobiernos tienen que gestionar inspecciones periódicas a los centros y a los profesionales y crear un sistema de vigilancia basado en la notificación y registro de problemas producidos, pero esto no se ha hecho en España”.

Distribuidores y comercializadores

También se podría demandar a los distribuidores y/o comercializadores de las prótesis, como va a ocurrir en Venezuela, donde unas 200 mujeres portadoras de los PIP han anunciado que demandarán ante la Justicia de su país a los fabricantes y comercializadores de las prótesis, quienes forman parte de “un circuito económico” que ha generado ingresos y ganancias.

El abogado que lleva el caso venezolano, Gilberto Andrea, aclara que los cirujanos plásticos que colocaron las prótesis PIP no serán demandados porque presuntamente también fueron timados al confiar en un producto que contaba con la garantía de la agencia de salud francesa.

Hay que tener en cuenta que en Venezuela muchas mujeres eligen y compran directamente los implantes. En España, los cirujanos plásticos también se sienten engañados: “Tan estafados somos los cirujanos como los pacientes. Nos vendieron prótesis como buenas y así las poníamos nosotros, pensando que eran buenas”, asegura Ezequiel Rodríguez, presidente de la Fundación docente de la Sociedad Española de Cirugía plástica Reparadora y Estética(Secpre).

¿Quiere demandar?

El abogado español, Ignacio Martínez, lleva los casos de unas 50 mujeres portadoras de implantes PIP. Como él mismo aclara, “aún no hay ningún procedimiento iniciado”. Está esperando a que ellas decidan si finalmente quieren demandar y a quién. Existen varias posibilidades: demandar de forma individual y/o en grupo.

“Dado que cada mujer presenta un caso distinto [y una factura diferente], creo que lo más efectivo para que a la afectada le paguen la retirada de los implantes, la colocación de las nuevas prótesis y le indemnicen por los daños sufridos es dirigir la demanda al cirujano/clínica, ya que todas las actividades que generan riesgo público tienen la obligación de tener un seguro que pueda responder”.

El problema de la demanda individual, añade, es que “cada una de ellas tiene que asumir los costes que conlleva el procedimiento. Entre abogado, procurador y perito, puede oscilar entre 2.000 y 2.500 euros, aunque según el abogado, hay seguros del hogar que cubren los gastos jurídicos.

Y hay que advertirles de un riesgo: “El pleito se puede perder porque los implantes estaban autorizados y el juez podría incluso condenar a la afectada con costas (pueden ascender hasta un tercio de lo que se reclama)”.

Si las afectadas se agrupan en asociación, “se elimina el problema de la condena en costas, pero resulta una vía difícil para reclamar caso por caso cuando son tan diferentes (unas no tienen síntomas, otras han sufrido infecciones, varias operaciones, otras han perdido la sensibilidad en los pezones…)”.

Sin embargo, puede ser una alternativa muy buena “si tenemos pruebas de que la Administración española tenía elementos para no autorizar el producto o para haberlo retirado antes”.

Incluso existe una solución mixta (también como demanda colectiva): “Un procedimiento contencioso administrativo para demandar al Ministerio de Sanidad (por autorizar el producto o no retirarlo antes) y por otro lado a las clínicas/cirujanos”.

Contra el fundador del fraude

¿Pero quién es realmente el culpable del fraude? Jean-Claude Mas (72 años), el fundador de la red de implantes mamarios, en paradero desconocido. Según Martínez, “es el responsable primario de haber fabricado un producto supuestamente dañino".

Contra este estafador “la reclamación ya no es civil sino penal y esto le corresponde a los estados”, señala el letrado español. La Seguridad Social francesa ya ha presentado una demanda “por estafa y engaño agravado” contra el fabricante de las prótesis mamarias PIP (Poly Implant Prothèse).

Por su parte, la Interpol ha lanzado una ‘alerta roja’ en la que pide a todos los países miembros de la organización su búsqueda y captura inmediata por presuntos “delitos contra la salud y contra la vida”, pero no por el fraude de los PIP sino por conducir ebrio.