jueves, 7 de agosto de 2008

Olvidados en el laberinto del país

Con la confusión de la arremetida revolucionaria se están quedando en el olvido las flagrantes violaciones a los derechos humanos que comete a diario el Gobierno de Hugo Chávez en contra de los venezolanos, usando como mampara su incondicional sistema de justicia.Una de las primeras herramientas contra la disidencia política utilizada por el Gobierno de Chávez, ha sido la invención de falsos cargos penales contra los ciudadanos para perseguirlos, neutralizarlos y confinarlos a prisión o al exilio, muchas veces orquestando juicios con visos de "legalidad", para mantener la apariencia de que en Venezuela rige un sistema de justicia y democracia.El primer preso político de Chávez fue el general Carlos Alfonso Martínez, para entonces el oficial de más alto rango de la Guardia Nacional, el cual fue enjuiciado en 2002, por dar un discurso en una plaza pública, con la bizarra excusa de que estaba violando un espacio de seguridad nacional. Seis años después, el general Alfonso Martínez todavía se encuentra bajo régimen de presentación.Posteriormente, la garra bolivariana le cayó al general Francisco Usón, quien pagó injustamente casi cuatro años de cárcel por dar una opinión técnica del funcionamiento de un lanza llamas, y quien también está bajo régimen de presentación.Son muchos los ciudadanos víctimas de la injusticia bolivariana. Entre otros se cuentan: Militares, como Otto Gebauer, Felipe Rodríguez (El Cuervo), así como José Humberto Quintero Aguilar, quien fue condenado a 3 años y 4 meses de prisión, y aunque ya ha cumplido 3 años y 7 meses todavía se encuentra preso. Comisarios policiales como los tres Guevaras, a quienes sin prueba alguna les dieron sentencia firme y una condena de más de 27 años de prisión. Así como José Sánchez "Mazuko", encarcelado sin ni siquiera haber sido formalmente imputado. Abogados, como Diana Mora y Luis Rodríguez Villamizar, presos desde abril de 2007 y todavía a la espera de juicio. Periodistas, como Leocenis Martínez y José Rafael Ramírez, hoy presos sin haber sido juzgados, y Patricia Poleo, que se encuentra en el exilio. Banqueros y empresarios como Eligio Cedeño y Gustavo Arraíz. E, incluso, un estudiante, Nixón Moreno, quien se vio obligado a exilarse en la Nunciatura Apostólica por un montaje criminal del cual fue objeto.Pero, quizás el caso más emblemático de persecución brutal de la injusticia bolivariana, ha sido el de los tres ex comisarios, Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero, y ocho los policías metropolitanos. Estos 11 venezolanos han sido sometidos a la más vergonzosa y larga parodia de juicio que se conozca en el sistema judicial de Venezuela.A pesar de que no existen elementos probatorios en contra de estos ciudadanos, el Gobierno ha estado intentando por cinco años culpabilizarlos por los hechos de abril de 2002. Este miércoles 6 de agosto el juicio de estos ciudadanos fue de nuevo alargado de manera arbitraria. Se ve que el Gobierno no quiere que este juicio llegue a término. Cuanto, se demuestre la inocencia de estos ciudadanos, quedará en evidencia que el verdadero culpable de los muertos de abril de 2002 es el mismo Gobierno.

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