Propiedad asesinada. Hasta los pobres caen

Editorial el nacional VL - El miércoles pasado el Presidente de la República dijo que "el Gobierno venezolano no está obligado a aceptar las condiciones de ninguna instancia internacional" . De esta manera se completa el círculo: no se acatan la Constitución y las leyes nacionales.. . y ahora tampoco se acatarán los tratados. En una palabra: se hace lo que a él le da la bolivariana gana. Parece que tenía razón Simón Bolívar cuando, desilusionado, allá en el año 1829, afirmaba que "los tratados son papeles, las constituciones libros, las elecciones combates, la libertad anarquía y la vida un tormento". Al menos esto ultimo lo sufrimos hoy en carne propia gracias al más ferviente paladín bolivariano. En las expropiaciones recientes, Chávez dejó claro que las empresas afectadas deben aceptar, sin chistar, los avalúos que hace el Gobierno sobre sus propiedades. "Le pagaremos lo que cuesta", afirma, pero no aclara que es él quien determina lo que cuesta y cómo se paga. En el caso de no haber acuerdo, admite, como una concesión graciosa, que tienen el derecho de acudir a instancias internacionales. Pero de inmediato aclara que "el Gobierno no les hará caso". Algunos inversionistas afectados han recurrido al arbitraje y otros han amenazado con hacerlo. Se trata de empresarios de origen diverso. Unos provienen del llamado imperio, otros de la Unión Europea y algunos de países latinoamericanos, supuestamente hermanos. Pero ¿qué pasa cuando se trata de un propietario venezolano? Pues primero se le desprestigia, se pone en duda la transparencia de su patrimonio, su capacidad de trabajo y su honradez como empresarios. Luego, cuando el circo se ha montado, entonces se le llama para ofrecerles migajas por sus propiedades. En el ínterin, se le colocan piquetes de franelas rojas a meter bulla y luego se manda a la Guardia Nacional y el Ejército para completar el ciclo de ablandamiento psicológico. Son pasos contemplados en el manual de cualquier chantajista, cuando quiere comprar a precio de gallina flaca una propiedad. La situación es más alarmante aún para los inversionistas venezolanos. Si a alguien se le ocurre la idea de expropiarlos, no tienen el consuelo de poder acudir a los mecanismos que estipulan los tratados supranacionales. La situación es aún más cruel con los medianos y pequeños propietarios: esos no tienen derecho a pataleo. Esta semana, a un modesto comerciante chino, el alcalde Freddy Bernal le derribó su negocio en el oeste de la capital sin darle mayores explicaciones. Luego le tocó el turno a un ciudadano portugués que atendía un sencillo abasto, y desde luego, la picota cayó sobre un colombiano o ecuatoriano que se ayudaba con un taller mecánico. ¿Y los venezolanos de las clases populares? A ellos no les sale ninguna compensación cuando se les derriba sus ranchos y se les promete crédito y vivienda nueva. Su propiedad privada no existe. Por ello, este jueves salieron a protestar contra (perdonen la frase) los "chulos Evo, Ortega, Correa y Kirchner". Tienen razón.