El procedimiento, que más apropiado sería llamar modus operandi, es suficientemente conocido. Se toma una demanda de unas personas cualesquiera que estaban solicitando que se llamara a elecciones en el Colegio y se le dio la vuelta para destituir a la Junta Directiva y al Tribunal Disciplinario en funciones y nombrar otra Junta y Tribunal ad hoc, cosa que nadie estaba pidiendo. Es difícil determinar con base en qué criterio, jurídico o no, fueron seleccionados los nuevos miembros, como sorprende que no sean demandantes ni demandados, ni tengan arte ni parte en el juicio y que el Tribunal no explique porqué este sí y este otro no. De dónde podrá venir la habilitación activa de aquellos demandantes originarios de quienes nunca se oyó hablar, como para representar los intereses de todos los abogados agremiados del Distrito Federal. Lo que da el toque de humor negro a la sentencia es que se justifica porque aquella Junta Directiva estaba "generando una perpetuidad en los cargos directivos que atentan en forma grave con el principio constitucional de alternabilidad en el ejercicio del poder". Tradicionalmente los abogados, por una suerte de atavismo, tienden a repetir rutinariamente que las sentencias deben acatarse, aunque eventualmente no se esté de acuerdo con ellas; como solía ser cierto que una mala ley es preferible a ninguna ley. Pero esto presupone cierta racionalidad en la ley y alguna sensatez en las sentencias. Caso contrario, lo que procede es el desacato: la desobediencia civil. La gente que aplaude a Gandhi, Mandela o Martin Luther King, parecen ignorar en realidad el sentido de sus luchas y la profundidad de lo que significa su propuesta de no cumplir legislaciones injustas. Esta es la actitud que adoptó el ilustre Colegio de Abogados del DF. Son los mismos poderes públicos quienes incitan a la desobediencia porque es inevitable que el servilismo traiga como consecuencia la pérdida de autoridad. Así promete hacer el sector cultural ante las amenazas de desalojo contra el Ateneo de Caracas; así han hecho los conductores; así tenía que hacerse con la ley de inteligencia y contra inteligencia: desacato, es la orden del día. U-U-UCV. El TSJ también ha perpetrado algunas incursiones en los predios de la Universidad Central de Venezuela. Hace ya tiempo que designó una decana en la Facultad de Odontología, que luego perdió aplastantemente las elecciones, lo que parece demostrar que la UCV sigue teniendo en alta estima su Autonomía. En las recientes elecciones de autoridades el TSJ impidió que se eligieran representantes de los profesores al Consejo Universitario, para lo que fue útil un embrollo causado por la incorporación de los jubilados como votantes, rechazada por la Comisión Electoral, pero aprobada por el Consejo de Apelaciones. No es pequeño detalle que un protagonista del enredo sea candidato a representante de los profesores al CU y que usara su posición en el Consejo de Apelaciones para votar a favor de la incorporación de los jubilados al cuerpo electoral, cambiando las reglas de juego. El caso es que el CU intervino para volver las cosas al estado en que estaban antes del enredo; pero entonces los "aguiluchos" se fueron al TSJ para propinarle otro golpe de Estado a la Autonomía Universitaria. Último pero no menos, en estas mismas elecciones de autoridades, un profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas impugnó la asignación de puestos en el Consejo de esa Facultad, argumentando que había sido elegido como suplente, habiendo sacado más votos que otros elegidos como principales. El caso es que esto siempre ha sido así, por el sistema de elección por planchas y de representació n proporcional de las minorías, por el que fue electo en el período 2000-2002, en las mismas condiciones, el Magistrado de la Sala Electoral, Luis Martínez, que conoce la causa. Lo curioso es que esta Sala admitió el recurso y decretó como medida cautelar mantener en funciones el anterior Consejo de Facultad, con lo que en la práctica les está prorrogando el mandato "mientras dure el juicio", prescindiendo por completo de la voluntad expresada por los electores. Una vez más, no es pequeño el detalle de que el profesor recurrente, Martínez Riviello, es miembro principal del Consejo saliente, por lo que logró con la medida cautelar el resultado que supuestamente es el objeto del juicio principal. No puede dejar de asombrar que una controversia completamente traída por los cabellos, sobre si un miembro del Consejo de Facultad es suplente o principal, sirva para burlar los derechos de catorce (14) miembros del Consejo legítimamente electos, pero más que eso, la voluntad de miles de electores, profesores, estudiantes, empleados y obreros. Y esto ocurre en nuestra máxima casa de estudios y en la Facultad donde se forman los futuros abogados de este país. PETICIONISMO. Otra sorprendente paradoja es que siendo como es que la primera víctima del Estado Socialista es el derecho de petición, en virtud de que no le reconoce derechos a los ciudadanos frente a un poder omnímodo y unipersonal, no obstante, se han exacerbado los recursos y acciones para dirigir peticiones a unos supuestos poderes públicos que todo el mundo sabe que son ciegos, sordos, mudos e insensibles para todo lo que no sea "la voz del amo". Pídele al comandante que gobierne; pídele al TSJ que resuelva; pídele a la Asamblea que legisle; pídele la Fiscalía que investigue; pídele al CNE que se pronuncie; pídele a la Contraloría que controle; pídele a la Defensoría que interceda; pídele a la FFAA que restablezca el hilo constitucional; peor, ¡pídele al tipo que renuncie! Pero todo esto es inútil. Ya el argumento de que hay que documentar o de que hay que agotar las instancias no justifica el esfuerzo. Tal parece que se recurre a esos mecanismos como subterfugio, por no querer darse cuenta, no ver lo que hay que ver, ni hacer lo que hay que hacer. ¿Cuándo vamos a dejar de pedirle a otro que haga "algo" y vamos a comenzar a hacer lo que esté a nuestro alcance? ¿Cuántos años necesitaremos los venezolanos para darnos cuenta de que no hay instituciones, ni garantías, ni dónde acudir? ¿Qué lo único que se hará será lo que hagamos nosotros mismos, con nuestras propias manos, nuestros recursos, nuestra inteligencia? El problema es Chávez. Si los venezolanos no lo resolvemos, otros lo harán por nosotros y será muchísimo peor para todo.
sábado, 28 de junio de 2008
ENTRE ABOGADOS TE VEAS
El procedimiento, que más apropiado sería llamar modus operandi, es suficientemente conocido. Se toma una demanda de unas personas cualesquiera que estaban solicitando que se llamara a elecciones en el Colegio y se le dio la vuelta para destituir a la Junta Directiva y al Tribunal Disciplinario en funciones y nombrar otra Junta y Tribunal ad hoc, cosa que nadie estaba pidiendo. Es difícil determinar con base en qué criterio, jurídico o no, fueron seleccionados los nuevos miembros, como sorprende que no sean demandantes ni demandados, ni tengan arte ni parte en el juicio y que el Tribunal no explique porqué este sí y este otro no. De dónde podrá venir la habilitación activa de aquellos demandantes originarios de quienes nunca se oyó hablar, como para representar los intereses de todos los abogados agremiados del Distrito Federal. Lo que da el toque de humor negro a la sentencia es que se justifica porque aquella Junta Directiva estaba "generando una perpetuidad en los cargos directivos que atentan en forma grave con el principio constitucional de alternabilidad en el ejercicio del poder". Tradicionalmente los abogados, por una suerte de atavismo, tienden a repetir rutinariamente que las sentencias deben acatarse, aunque eventualmente no se esté de acuerdo con ellas; como solía ser cierto que una mala ley es preferible a ninguna ley. Pero esto presupone cierta racionalidad en la ley y alguna sensatez en las sentencias. Caso contrario, lo que procede es el desacato: la desobediencia civil. La gente que aplaude a Gandhi, Mandela o Martin Luther King, parecen ignorar en realidad el sentido de sus luchas y la profundidad de lo que significa su propuesta de no cumplir legislaciones injustas. Esta es la actitud que adoptó el ilustre Colegio de Abogados del DF. Son los mismos poderes públicos quienes incitan a la desobediencia porque es inevitable que el servilismo traiga como consecuencia la pérdida de autoridad. Así promete hacer el sector cultural ante las amenazas de desalojo contra el Ateneo de Caracas; así han hecho los conductores; así tenía que hacerse con la ley de inteligencia y contra inteligencia: desacato, es la orden del día. U-U-UCV. El TSJ también ha perpetrado algunas incursiones en los predios de la Universidad Central de Venezuela. Hace ya tiempo que designó una decana en la Facultad de Odontología, que luego perdió aplastantemente las elecciones, lo que parece demostrar que la UCV sigue teniendo en alta estima su Autonomía. En las recientes elecciones de autoridades el TSJ impidió que se eligieran representantes de los profesores al Consejo Universitario, para lo que fue útil un embrollo causado por la incorporación de los jubilados como votantes, rechazada por la Comisión Electoral, pero aprobada por el Consejo de Apelaciones. No es pequeño detalle que un protagonista del enredo sea candidato a representante de los profesores al CU y que usara su posición en el Consejo de Apelaciones para votar a favor de la incorporación de los jubilados al cuerpo electoral, cambiando las reglas de juego. El caso es que el CU intervino para volver las cosas al estado en que estaban antes del enredo; pero entonces los "aguiluchos" se fueron al TSJ para propinarle otro golpe de Estado a la Autonomía Universitaria. Último pero no menos, en estas mismas elecciones de autoridades, un profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas impugnó la asignación de puestos en el Consejo de esa Facultad, argumentando que había sido elegido como suplente, habiendo sacado más votos que otros elegidos como principales. El caso es que esto siempre ha sido así, por el sistema de elección por planchas y de representació n proporcional de las minorías, por el que fue electo en el período 2000-2002, en las mismas condiciones, el Magistrado de la Sala Electoral, Luis Martínez, que conoce la causa. Lo curioso es que esta Sala admitió el recurso y decretó como medida cautelar mantener en funciones el anterior Consejo de Facultad, con lo que en la práctica les está prorrogando el mandato "mientras dure el juicio", prescindiendo por completo de la voluntad expresada por los electores. Una vez más, no es pequeño el detalle de que el profesor recurrente, Martínez Riviello, es miembro principal del Consejo saliente, por lo que logró con la medida cautelar el resultado que supuestamente es el objeto del juicio principal. No puede dejar de asombrar que una controversia completamente traída por los cabellos, sobre si un miembro del Consejo de Facultad es suplente o principal, sirva para burlar los derechos de catorce (14) miembros del Consejo legítimamente electos, pero más que eso, la voluntad de miles de electores, profesores, estudiantes, empleados y obreros. Y esto ocurre en nuestra máxima casa de estudios y en la Facultad donde se forman los futuros abogados de este país. PETICIONISMO. Otra sorprendente paradoja es que siendo como es que la primera víctima del Estado Socialista es el derecho de petición, en virtud de que no le reconoce derechos a los ciudadanos frente a un poder omnímodo y unipersonal, no obstante, se han exacerbado los recursos y acciones para dirigir peticiones a unos supuestos poderes públicos que todo el mundo sabe que son ciegos, sordos, mudos e insensibles para todo lo que no sea "la voz del amo". Pídele al comandante que gobierne; pídele al TSJ que resuelva; pídele a la Asamblea que legisle; pídele la Fiscalía que investigue; pídele al CNE que se pronuncie; pídele a la Contraloría que controle; pídele a la Defensoría que interceda; pídele a la FFAA que restablezca el hilo constitucional; peor, ¡pídele al tipo que renuncie! Pero todo esto es inútil. Ya el argumento de que hay que documentar o de que hay que agotar las instancias no justifica el esfuerzo. Tal parece que se recurre a esos mecanismos como subterfugio, por no querer darse cuenta, no ver lo que hay que ver, ni hacer lo que hay que hacer. ¿Cuándo vamos a dejar de pedirle a otro que haga "algo" y vamos a comenzar a hacer lo que esté a nuestro alcance? ¿Cuántos años necesitaremos los venezolanos para darnos cuenta de que no hay instituciones, ni garantías, ni dónde acudir? ¿Qué lo único que se hará será lo que hagamos nosotros mismos, con nuestras propias manos, nuestros recursos, nuestra inteligencia? El problema es Chávez. Si los venezolanos no lo resolvemos, otros lo harán por nosotros y será muchísimo peor para todo.
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