El 13 de abril, cuando conmemoraba los siete años de su retorno a Miraflores, Hugo Chávez invitó a sus partidarios a “seguir a la ofensiva arrollando a la contra revolución”, o sea en contra de esa mitad de la población venezolana que se opone a su proyecto neocomunista.En el blanco de esa ofensiva están, en primer lugar, los medios de comunicación privados; es decir los pocos que aún resisten el peso de la bota que busca aniquilar el derecho a la libertad de expresión. Ya la Asamblea Nacional y algunos abogados del Diablo reanudaron los ataques contra Globovisión y Radio Caracas TV, así como en contra algunos directores de la prensa escrita, por su supuesta participación en el mal llamado golpe de abril de 2002. Pero, la medida de sujeción a la revolución no afectará sólo a Globovisión y Radio Caracas TV. Sin dudar, Chávez irá con todos los hierros en contra de todo medio de comunicación que perciba como obstáculo a sus propósitos de hegemonía. Clara evidencia de sus aviesos propósitos está en la orden que dio a sus gobernadores y alcaldes de levantar “un mapa de guerra mediática” que identifique en cada estado y municipio los medios que estén “en manos de la oligarquía”. Para ello se estaría listando a toda radio, televisora, periódico e incluso blogs de internet que no estén controlados por el Gobierno. Luego, el resto del trabajo de exterminio lo terminarán seguramente cualquiera de los funcionarios que sirven incondicionalmente al mandatario (léase parlamentarios, fiscales, jueces o cualquier otro que le venga en mente).Pero, el arrollamiento ideológico a la democracia por parte de Chávez no se limita a los medios de comunicación. Éste también incluye a todo vehículo que sirva de expresión cultural que no se subyugue al “proceso” chavista, llámese éste biblioteca, teatro, cine, museo, orquestas, o cualquier manifestación de arte popular. Para ello, los diputados de la Asamblea Nacional ya están discutiendo una Ley de Cultura que podría en manos del Ejecutivo Nacional (léase Hugo Chávez) la decisión de lo que leerá el venezolano, qué películas verá, o cuál espectáculo de cualquier tipo será apto de la mente del "nuevo ciudadano" que requiere la revolución.Incluso, cualquier rasgo de la llamada “contra revolución” se erradicaría de las organizaciones no gubernamentales. Para ello, la Asamblea Nacional chavista promulgará la Ley de Cooperación Internacional para regular a las ONGs, reciban o no apoyo financiero del exterior, es decir todas.En adelante para operar, una ONG tendría que estar inscrita en un “Sistema de Registro Integrado”, con lo cual el Gobierno tendría la libertad total y absoluta para prohibir la creación o cerrar cualquier organización de la sociedad civil que no vaya en su línea política.Con esta Ley en sus manos el Gobierno podría sacar del juego de modo permanente a Súmate y otros grupos de la sociedad civil que luchan por salvar la agónica democracia venezolana, así como grupos defensores de derechos civiles como Provea, Cofavic y el Foro Penal Venezolano. También podría afectar a congregaciones religiosas, sindicatos y hasta organizaciones deportivas. Y ¿por qué no? incluso podría ilegalizar a la Iglesia, si sigue siendo una piedra en el camino de Chávez.
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