Por: Rafael J. Chavero Gazdik - rchavero@hotmail.com - El TSJ le dice a los venezolanos que ya no tendremos doble sistema de protección. La evolución jurídica del país parece retroceder décadas (y hasta siglos). Ya no es sólo que no hay agua, luz, hospitales, azúcar, educación pública de calidad, dólares de Cadivi o propiedad privada, sino que además nuestro marco legal retrocede vertiginosamente hacia el paleolítico. Algo que le importa a muy pocos, pues la justicia sigue siendo en nuestra patria una simple aspiración. Nuevamente se le da una patada a los convenios internacionales de protección de Derechos Humanos, pues sencillamente no nos gusta cumplir compromisos asumidos cuando estos desagradan al patriarca o sus adláteres. En una reciente rueda de prensa de la presidenta del TSJ (El Universal, 17.10.09), se informa, sin pena alguna, que Venezuela no dará cumplimiento a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues ello constituye un atentando contra nuestra soberanía. Con esta posición, que tristemente ya a nadie asombra, se arrambla toda la evolución que los Derechos Humanos habían consolidado en el mundo. No se olvide que los conflictos bélicos, internos y externos, sufridos durante el siglo XX dieron paso a la consolidación de sistemas internacionales destinados a lograr justicia en los aspectos más esenciales del hombre, cuando los países no pudieran restablecer esas situaciones a través de sus tribunales internos. El sistema de protección internacional se diseñó, entonces, como una última instancia frente al desconocimiento de los valores trascendentales de la sociedad. Sin embargo, ahora nuestro TSJ le dice a todos los venezolanos que ya no tendremos ese doble sistema de protección, pues entiende que aquí hay uno infalible, ya que nuestros jueces (de libre nombramiento y remoción, por cierto) no se equivocan. En criterio del TSJ, los burócratas de los organismos internacionales son unos incordios que están al servicio del imperio. Increíble, con tan macilenta excusa nos hurtan nuestros derechos sin pataleo alguno. Tenemos una Constitución (papel de adorno) que ratifica la validez de las decisiones de los tribunales de derechos humanos, pero también unos gobernantes que hacen con ésta lo que les place. Lo insólito es que se siga enviando representantes a litigar estos pleitos en tribunales foráneos, para luego, al salir las sentencias, simplemente desconocer el sistema, es decir, fingir demencia. Con esta soberbia se pretende esquivar la orden de la Corte Interamericana, la cual exige eliminar la consideración de los jueces como funcionarios de libre nombramiento y remoción, pero esto es algo intolerable para quienes entienden que el Poder Judicial se debe a Miraflores.
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