Muerte de la propiedad privada

Por: Luis Christian Rivas Salazar - Comentarios - En Venezuela se desató la cruzada en defensa de la propiedad privada a raíz del proyecto de Ley de Propiedad Social, proyecto normativo que puede declarar la utilidad pública y el interés social de bienes, materiales e infraestructuras que se determinen susceptibles de ser declarados de propiedad social, bienes sobre los cuales se puede decretar la adquisición forzosa desde el Ejecutivo. Para combatir esta ley y crear conciencia de la importancia de la propiedad privada, instituciones de la sociedad civil venezolana emiten una campaña publicitaria en defensa de la propiedad privada en Venezuela. Por ejemplo, uno de los spots muestra a un hombre totalmente desnudo que dice: “La ley de propiedad social te quita lo tuyo. No a la ley cubana”. Con la aprobación y ejecución de dicha ley no sólo el pasado habría sido vano, sino también se estuviera perdiendo el futuro. Esta campaña publicitaria llevada a cabo por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico y la Asociación Esfuerzo obviamente incomoda los afanes socialistas del gobierno venezolano, quienes prohibieron la difusión de las imágenes y de los mensajes, ordenando que ningún medio de comunicación pueda seguir difundiéndolos. El encargado gubernamental de ordenar este atropello se llama: Diosdado Cabello, ministro de Obras Públicas, despacho del que depende la Comisión de Telecomunicaciones, quien en rueda de prensa manifestó: “A partir de este momento se abre un proceso sancionatorio, tanto a las emisoras de radio y televisión como a quienes han generado las cuñas” (spots publicitarios), para quien, la campaña muestra una “propaganda engañosa” y el gobierno está en la obligación de guardar y cuidar la salud mental de los ciudadanos. Además, sugirió que estas campañas estuvieran financiadas con dineros de origen ilegítimo, al tiempo que funcionarios de la Comisión de Telecomunicaciones presentaron a la cadena de televisión privada Globovisión un oficio para notificarle del proceso sancionatorio en su contra. Se sabe también que el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, a la cabeza de Diosdado Cabello, prepara una medida para revisar el precio de venta de los inmuebles del mercado secundario y enfrentar la especulación en ese sector, para lo cual se establecerá un “método más justo” para establecer precios, que permitirá “terminar” con la “discriminación” por zona que existe actualmente para fijar el precio por metro cuadrado. Según Cabello: “Estamos haciendo un trabajo para eliminar eso, de que en Baruta el metro cuadrado tenga un precio y en otras zonas haya otros; eso se tiene que terminar. Estamos revisando todo eso porque ¿quién puede comprar una vivienda ahora?, será empeñándole el alma al diablo”. Ahora el diablo fijará los precios. De esta manera, se pretende uniformar los precios de los inmuebles estén en el barrio que estén. Este representante gubernamental dijo que no es posible que el metro cuadrado tenga precios exagerados en zonas como Baruta, por ejemplo, y en una vivienda similar ubicada en Caricuao sea más económico, ¡no puede existir tanta injusticia en el mundo! Por eso, la solución pasa por la regulación y control, de esta manera se pretende “terminar con esa discriminación por zona” y así se termina con la oferta y la demanda de inmuebles en el mercado y se viola la esfera privada del individuo, quien pierde la soberanía y el derecho de elegir a qué precio quiere vender o alquilar su casa, según el valor subjetivo que cada uno otorga a las cosas. Pero lamentablemente, unos burócratas fijarán los precios, pretendiendo uniformar la pobreza a todo nivel. De esta manera el mercado inmobiliario está en alerta con el incremento de regulaciones y controles gubernamentales y existe incertidumbre por la promulgación de leyes que modificarían las reglas de propiedad. La propiedad privada muere y con ella, las esperanzas de salir adelante. Anteriormente, en Venezuela se había promulgado la Ley especial que regulaba de manera integral la tenencia de la tierra en asentamientos urbanos populares, cuyo objetivo era realizar un reordenamiento habitacional de tierras públicas como privadas, ubicadas en barrios y urbanizaciones populares, en núcleos urbanos o periurbanos y en áreas de urbanismo progresivo, donde están construidas viviendas o bienhechurías que no culminaba la entrega con el otorgamiento de un título de propiedad, sino con uno de “adjudicación o título de permanencia”, “título de permanencia”, “de adjudicación”, “certificado de posesión” y de “propiedad colectiva”, “coposesión”, ”copropiedad”. Pero, nunca con un título de propiedad, esto fue corroborado por el mismo presidente Hugo Chávez Frías, quien manifestó: “Estas viviendas se van a entregar con altos grados de subsidio, en algunos casos hasta el 100% a las familias más pobres. ¡Ah! Diosdado (Cabello), pero algo debe estar muy claro, compañeros y compañeras, eso no es para venderlo; no, usted no puede venderlo. Eso es para usted y para sus descendientes, ¡sus hijos!, ¡sus hijas!”. Con esto se condenó a las familias pobres a no poder acceder a capital, sea por créditos y préstamos bancarios, hipotecas, alquileres, transferencias, etc. La propiedad privada puede ser fruto del esfuerzo y del trabajo, como de la posesión o de la sucesión, todo esto se enmarca en el derecho legítimo de ser propietarios. Estamos de acuerdo con F.A. Hayek en manifestar que: “Donde no hay propiedad no puede haber justicia”, además, es evidente que la propiedad y el progreso han ido siempre unidos y este párrafo lo presentaría como una proposición tan indiscutible como cualquier teorema euclidiano, que lamentablemente pretende ser violado en Venezuela y con bastante probabilidad será violado también en Bolivia, como si uno desafiara las leyes gravitacionales.