¿Cuál es el límite?

El caso de Honduras y otros acontecimientos en Venezuela han puesto sobre el tapete dos preguntas: ¿Cuál es el límite permitido para que gobiernos transgredan sus constituciones y violen los derechos de sus ciudadanos? y ¿Hasta dónde pueden llegar los gobernantes, por muy electos popularmente que sean, antes de que la comunidad internacional prenda sus alertas?Las instituciones y la población de Honduras tuvieron que recurrir a soluciones extremas para parar meses de violaciones a su Constitución y Estado de Derecho cometidas por su propio Presidente de la República, Manuel Zelaya y de pleno conocimiento de la Organización de Estados Americanos (OEA). La acción no fue comprendida por la comunidad de naciones y fue considerada como un golpe de Estado por todos, gracias a los "buenos oficios" de Hugo Chávez y otros gobernantes amigos.Afortunadamente, pareciera que hay buenas nuevas en este caso: La visión del problema en algunos gobiernos del Continente, en especial en EE.UU., está dando un giro. Hay señales de que el Gobierno de EE.UU. está distanciándose de la posición dura de la OEA, Venezuela, Cuba y Nicaragua. También da la impresión que Obama y Clinton agarraron impulso y le arrebataron la batuta a Chávez para conducir la política a seguir con el nuevo Gobierno de Honduras, en la cual también se considerarían las violaciones constitucionales del depuesto Manuel Zelaya y la injerencia de Chávez en la política interna de ese país.La pregunta sobre el límite de transgresión permitido, también tiene su pertinencia en la incomprensión internacional de las violaciones consuetudinarias a la Constitución y a los derechos humanos de los venezolanos realizadas por el Gobierno de Hugo Chávez. La precaria situación de la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela ha sido ignorada por años por la OEA, la OIT y el resto de la comunidad intercontinental.Los venezolanos han tenido que sufrir años de flagrantes violaciones a fundamentales derechos humanos, de cierre de cientos de empresas, de pérdida de miles de puestos de trabajo, de criminalizació n del sindicalismo, que ha cobrado más de 150 vidas de sindicalistas en manos del sicariato y la violencia policial, para que la (OIT) haya puesto al fin entre sus primeras prioridades al problema laboral en Venezuela.En Venezuela se ha tenido que cerrar a Radio Caracas TV, acosar consecutivamente a periodistas y medios de comunicación, así como estar frente a un inminente cierre de Globovisión y unas 285 emisoras de radio y TV para que la Secretaria de Estado de los EE.UU., Hillary Clinton, le concediera a Globovisión una entrevista televisada y expresara en ella tajantemente el compromiso de su Gobierno con la libertad de expresión y los derechos democráticos de los pueblos.Por último, el legítimo Alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, tuvo que recurrir a la medida extrema de arriesgar su vida en una huelga de hambre, para que el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, volteara su mirada hacia Venezuela y decidiera abogar ante el Gobierno por la petición de Ledezma de que se le transfirieran los recursos que le corresponden para pagar los salarios de los trabajadores de la Alcaldía. La huelga de Ledezma también sirvió para que Insulza "aceptara" recibir a los gobernadores y alcaldes electos por el voto democrático para "escuchar" sus denuncias sobre las continuadas ilegalidades y vejámenes que ha cometido el Gobierno de Chávez en contra de estos gobernantes. La buena noticia es que la fuerza de convicción de quienes creen en la democracia y la libertad a nivel continental ha logrado estas incipientes reacciones de la comunidad internacional en pro de sus demandas.La mala es que todavía falta mucho para detener el avance de los proyectos totalitarios en el hemisferio, a fin de restituir los derechos y la libre convivencia de los pueblos.