Traen ingratos recuerdos aquellos vertiginosos días de abril de 2002, cuando una manifestación de unas 800.000 personas, que protestaba pacíficamente la política económica y petrolera de Hugo Chávez, fue mandada a repeler con un Plan Ávila por orden presidencial. Luego, ante la negativa de los militares de enfrentar con armas a miles de venezolanos desarmados, esa manifestación fue masacrada por hordas violentas y francotiradores comandados y subvencionados por factores afectos al Gobierno. El saldo rojo fue de unos 20 muertos y decenas de heridos. Hugo Chávez luego de presentar su renuncia al Alto Mando Militar ¡la cual se aceptó!, fue detenido por las graves violaciones de derechos humanos de ese día de abril. Sin embargo, la madrugada del 14 de abril, a menos de 48 horas después, Chávez fue regresado al poder. De allí en adelante la revolución del Siglo XXI, caracterizada por ser un proyecto de corte neocomunista mezclado con fascismo, ha avanzado a paso sostenido y sin dar tregua ni cuartel a los venezolanos. Atrás quedaron el tono conciliador y ponderado del primer mandatario que juró, crucifijo en manos, cumplir con las exigencias que motivaron aquella masiva manifestación. También quedó en el olvido la promesa presidencial de conformar una Comisión de la Verdad para develar la realidad de lo que aconteció en esos oscuros días de la historia del país.En contraposició n, el balance de estos siete años muestra: • Discriminación política. Miles de venezolanos han sido segregados de sus derechos al trabajo, como es el caso de los 20.000 trabajadores petroleros y muchos de los firmantes del Referendo Revocatorio de 2004. Cientos están en el exilio forzados por la persecución y acoso del Gobierno. Otros tantos han sido sometidos a juicios espurios, están pagando prisión o tienen limitado su derecho a la libertad mediante regímenes de presentaciones judiciales. • Centralismo y concentración de poder en el Presidente, en clara violación a la Constitución Nacional. Se le niega y coarta a la dirigencia política disidente sus más elementales derechos y se les decreta la muerte política, bien con cárcel o bien con exilio. • Todos los poderes públicos están secuestrados por el Gobierno y puestos al servicio de Hugo Chávez, su Comandante en Jefe, para destruir principios fundamentales de la democracia. Y se promulgan a discreción múltiples leyes a la medida del proyecto neocomunista. • Purga en la Fuerza Armada Nacional , en una especie de limpieza ideológica continua que ha dejado la institucionalidad militar reducida a su mínima expresión. Los militares de hoy o son “Patria, Socialismo o Muerte”, o no pueden ejercer su vocación profesional. • Cerco empresarial. No existe Estado de Derecho. Se han decretado leyes anti inversión e impuestos a granel, lo cual ha reducido el plantel industrial privado. Se ha expropiado, confiscado e invadido tierras y empresas privadas por montón y con ello se ha mermado la capacidad productiva del país. Este cerco ha llevado a que el abastecimiento de bienes primordiales dependa hoy casi en exclusividad de las ingentes importaciones. Ahora, con la caída de los precios del petróleo esta política ha traído escasez y alta inflación. • Un sector laboral castrado y amenazado, sin respeto al fuero y a la convención sindical. • Una población cercada que centra su lucha en subsistir entre el hambre y la pobreza, además de sobrevivir al desbordamiento del hampa común y organizada. • Y lo más aberrante, un Presidente y una clase gobernante enceguecidos por el poder que se creen dueños del país, y niegan la existencia de más de la mitad de la población que quiere vivir en paz y en democracia.
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