Imagen de un 'shabobo', casa comunitaria yanomami, en Brasil. | Survival
· Unas 80 personas fueron masacradas presuntamente por mineros ilegales
· Las organizaciones denuncian problemas con los buscadores de oro
· El Gobierno envía a la zona de los hechos una comisión de investigación
Yasmina Jiménez |
En el mayor territorio indígena selvático del mundo, entre el norte de Brasil y el sur de Venezuela, vive el pueblo de los yanomami. Casi 20 millones de hectáreas de selva y montañas dan cobijo a esta tribu que se alimenta de la caza, la pesca y la recolección. El yanomami, como explica uno de sus chamanes, es "medio ambiente". Ellos saben que "sin tierra ni naturaleza no podemos vivir y el mundo no puede funcionar". Pero fuera de la selva las prioridades son otras bien distintas y son éstas las que alimentan la maldición del yanomami: vivir en una tierra plagada de oro.
Desde hace décadas, el metal precioso ha atraído al territorio de estos aborígenes a buscadores de oro. En los años 80, la llegada de 40.000 mineros ilegales brasileños, conocidos como 'garimpeiros', acabó con una quinta parte de estos indígenas, que murieron de la gripe común o la malaria que les contagiaron los foráneos. Una campaña de la organización Survival Internacional consiguió frenar su desaparición y que Brasil demarcara un territorio yanomami, equivalente a dos veces el tamaño de Suiza. Sin embargo, el asedio continuó hasta el punto de que en 1993, 16 indígenas fueron asesinados después de que los buscadores de oro atacaran la comunidad de Haximu en Brasil.
El Obispo de Amazonas, José Ángel Divasson, que trabaja con las comunidades indígenas de la región, explica a ELMUNDO.es que "durante los primeros contactos entre el 'garimpeiro' y el indígena se puede establecer algún tipo de convivencia, más o menos tensa, basada en los intereses de cada uno, hasta que el minero se hace más fuerte y ya no necesita al yanomami". Es entonces cuando comienzan los conflictos y los enfrentamientos.
"Los 'garimpeiros' utilizan al indígena para explotar la mina y 'usan' a sus mujeres". Organización yanomami.
Organizaciones yanomami, como Horonami, llevan años denunciando abusos contra su pueblo por parte de los mineros. "Los 'garimpeiros' utilizan al indígena para explotar la mina y 'usan' a sus mujeres, lo que ha provocado enfrentamientos desiguales entre ambas partes", aseguran fuentes de Horonami.
El precio que pagan los aborígenes por el oro de sus tierras es cada vez más alto. Desde 2009, varias organizaciones informan a las autoridades venezolanas de la mayor presencia de mineros en la zona. El Gobierno no ha hecho nada, según las ONG, hasta que esto ha acabado en una matanza. El pasado mes de julio la comunidad de Irotatheri, ubicada en la cabecera del río Ocamo en el municipio de Alto Orinoco, fue arrasada presuntamente por 'garimpeiros'. Tres personas sobrevivieron; el resto de la comunidad, formada por aproximadamente 80 aborígenes, fue exterminada.
Cómo fue el ataque
Los yanomami viven en grandes casas comunales de forma circular llamadas 'shabonos'. Survival Internacional afirma que hay algunas de estas viviendas que pueden llegar a alojar a 400 personas. La zona central del 'shabono' se utiliza para rituales, fiestas y juegos, pero el resto del espacio está divido de forma que cada familia pueda encender su propia hoguera para cocinar su comida. El día del ataque a la comunidad de Irotatheri, la mayoría de los yanomamis estaban en la casa comunal donde más tarde, según han relatado los testigos que visitaron el lugar tras la matanza, se encontraron "cuerpos carbonizados y los restos del 'shabono' quemados".
Sólo tres yanomami sobrevivieron aquel día. Habían ido a cazar, actividad que proporciona un 10% de la comida de este pueblo, cuando escucharon los disparos y trataron de llegar al poblado. Los mineros ilegales presuntamente atacaron desde un helicóptero. Dispararon contra los indígenas y después lanzaron explosivos contra la casa comunitaria que quedó completamente calcinada.
"El ataque se produjo en el mes de julio, pero es ahora cuando las noticias sobre el suceso están saliendo a la luz. Debido a lo remoto del lugar donde se encuentra la comunidad –está a cinco horas en helicóptero de Puerto Ayacucho (capital de Amazonas) y a 15 días a pie-, los indígenas que descubrieron los cuerpos tardaron varios días en caminar hasta el asentamiento más cercano para informar acerca de la tragedia", según ha declarado Survival.
"Hay instituciones que quieren que esto pase por debajo de la mesa". Obispo de Amazonas.
Las visitas entre comunidades son bastantes frecuentes entre los yanomami. Eso explicaría por qué algunos de ellos se dirigían hacia el lugar de los hechos sin saber lo que había ocurrido y pudieron contar después la tragedia que se encontraron.
Uno de los supervivientes, que consiguió llegar a través de la selva hasta la comunidad yanomami brasileña de Onkiola, confirmó lo que ocurrió aquel día, según ha asegurado la organización Horonami a ELMUNDO.es. Los otros dos, permanecen escondidos en la selva.
Horonami ha puesto dos denuncias, una ante la Defensoría del Pueblo y otra, ante el Ministerio Público. Todas las organizaciones indígenas del estado Amazonas agrupadas en la COIAM han pedido la actuación del Gobierno venezolano, que se ha visto obligado a enviar una comisión de investigación al lugar de los hechos.
"Hay instituciones que quieren que esto pase por debajo de la mesa", ha declarado el obispo Divasson. El motivo o los intereses, él asegura desconocerlos. Pero sí tiene claro que los indígenas "son pueblos muy indefensos a los que hay que apoyar".
La reacción gubernamental
Desde la matanza contra los yanomamis en 1993, el Gobierno tiene la obligación de controlar la entrada de buscadores de oro en el país. Sin embargo, la escasez de personal para controlar la zona, la inaccesibilidad y la transformación del 'modus operandi' de los mineros han hecho prácticamente imposible ejercer algún tipo de control sobre la minería ilegal en la zona. "El minero ya no desforesta, trabaja bajo los árboles. Lo que hace muy difícil divisarlo de forma aérea", según explica Divasson.
La imposibilidad de las autoridades de cumplir con su responsabilidad o la inconveniencia de un suceso así en pleno año electoral han llevado al Gobierno a responder tarde al problema de los yanomamis. Hasta hace dos días, la ministra venezolana para Asuntos Indígenas, Nicia Maldonado, se limitaba a asegurar que carecía de información que confirmara la matanza y ha sido finalmente la Fiscalía General la que ordenó crear el pasado jueves una comisión de investigación.
Aunque el estudio del caso está empezando, el ministro del Interior, Tareck el Aissami, ya ha dicho a Efe que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se puso este viernes en contacto con siete de las nueve comunidades yanomami que habitan en la zona y, según los propios indígenas, ninguna de ellas sufría "una situación de violencia". Sin embargo, dejó claro que aún quedan dos comunidades más alejadas por verificar.
Lo que no ha confirmado el ministro es si esos dos poblados que faltan por visitar son los pertenecientes a las comunidades de Momio y Hokomawe ('vecinos' de la desaparecida Irotatheri), que llevan denunciando desde hace más de tres años, y sin respuesta alguna por parte del Gobierno, ser "víctimas de violencia física, amenazas, uso de mujeres y contaminación del agua por mercurio con saldo de varios yanomami muertos".
Pese al sufrimiento de este pueblo, desde la matanza de 1993 algo ha cambiado para los yanomami. "Aquella vez tuvieron que ser otros los que hablaran por ellos, pero desde entonces se ha avanzado muchísimo. Son los yanomami los que están denunciando y dando visibilidad a sus problemas. Nosotros sólo estamos aquí para ayudar", dice monseñor Divasson.
Ellos mismos se han visto obligados a salir a la luz y recordarle al mundo lo que desean y lo que no, como ha dicho en varias ocasiones Davi Kopenawa, chamán de este pueblo: "No es que los yanomami no quieran el progreso u otras cosas que tienen los blancos. Lo que quieren es poder elegir y que el cambio no les venga impuesto. [...] Lo que no queremos son empresas mineras que traen enfermedades, pistolas, alcohol y prostitución, y destruyen la naturaleza a su paso. Para nosotros, esto no es progreso. Queremos un progreso sin destrucción".
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