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miércoles, 15 de septiembre de 2010

Carta Pastoral


Por: Monseñor Roberto Lückert -
A los Sacerdotes, Religiosos y Religiosas, a los Grupos de Apostolado Seglar, a los católicos de esta Arquidiócesis, y a los falconianos en general
- Próximos como estamos a la conmemoración del bicentenario de nuestra independencia y de los cuatrocientos ochenta años de la creación del Obispado de Coro, erigido por Bula del Papa Clemente VII en 1531, y ante el proceso electoral del próximo 26 de septiembre, en mi condición de Arzobispo de esta ciudad, raíz de Venezuela, Patrimonio Cultural de la Humanidad, me dirijo al pueblo de Dios que peregrina en esta Arquidiócesis para presentarles algunas reflexiones en momentos en que la amada patria debe decidir su destino ante la encrucijada en que se encuentra.
La Iglesia, como la llamara el Papa Juan XXIII, “Mater et Magistra”, Madre y Maestra de los pueblos (15 de mayo de 1961), no puede permanecer indiferente ante los dilemas históricos de las naciones, cuando algunos valores y principios del ser humano y de la sociedad, se encuentran seriamente amenazados. “La Iglesia, que por razón de su misión y su competencia no se confunde en modo alguno con la comunidad política ni está atada a sistema político alguno, es a la vez signo y salvaguarda del carácter trascendente de la persona humana” (GS 76), por lo que “no impulsa a la Iglesia ambición terrena alguna. Sólo desea una cosa: continuar, bajo la guía del Espíritu, la misma obra de Cristo…” (GS 3).
En mi condición de Pastor de esta porción del pueblo de Dios, no podría perdonarme si rehúyo la obligación de expresarme claramente sobre algunos aspectos de la situación político-social del país y de nuestra región. Esta decisión está alentada por el mandato de la Iglesia a los Obispos donde se nos pide que ante situaciones de injusticia, “y muchas veces sumidos en ellas, que abren inevitablemente la puerta a conflictos y a la muerte, el Obispo es defensor de los derechos del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Predica la doctrina moral de la Iglesia, defiende el derecho a la vida desde la concepción hasta su muerte natural...asume la defensa de los débiles, haciéndose la voz de los que no tienen voz para hacer valer sus derechos...”. (Pastores Gregis, n.67).
Una realidad inquietante.
Cuando hace menos de doce años, Prelados venezolanos, denunciaron el robo de los dineros públicos, el endeudamiento del país por la vía de un déficit acumulado, los procesos burocráticos que padecía la provincia que impedían su desarrollo a la par de Caracas, el acaparamiento de la democracia por los partidos políticos, los obstáculos puestos por los altos dirigentes de esas organizaciones al relevo de la dirigencia de nuestra sociedad, el crecimiento de la pobreza y de la injusticia social, la pérdida de fe ante tantas promesas incumplidas, especialmente hechas en tiempo de elecciones y tantas otras calamidades, incomprensibles en un país inmensamente rico, jamás imaginamos que el remedio al que aspirábamos no estaría a la altura de las exigencias de cambio hacia una mejor calidad de vida y la consolidación de una democracia vivida en libertades.
Si damos un vistazo a algunos elementos del panorama nacional constatamos que nuestro país se encuentra hoy ensangrentado de extremo a extremo. Los Obispos hicimos esta constatación en Enero pasado:
“Con gran dolor vemos cómo Venezuela se convierte a pasos agigantados en una sociedad violenta. Cada día se incrementa dramáticamente el índice de homicidios, que coloca a Venezuela entre los países del mundo con mayor número de muertes por asesinato.[1] Esta violencia criminal se nos está haciendo cada vez más cercana. Hoy se asesina hasta por cuestiones banales: para robar cualquier objeto; se asesina por venganza o por encargo, a través del oscuro mundo del sicariato; se asesina bajo los efectos del alcohol o las drogas; igualmente ha habido asesinatos por cuestiones políticas. Estos asesinatos son realizados casi siempre con armas de fuego que circulan sin control alguno” (CEV. Carta pastoral sobre la violencia y la inseguridad. 12-1-2010).
Lamentablemente, esta realidad que describíamos los Obispos hace nueve meses se ha incrementado sin ver soluciones estructurales por parte de los responsables de las políticas públicas de seguridad a nivel nacional y regional.
Así como el espectro de la violencia genera muerte, la precariedad de los servicios públicos a nivel nacional y en nuestra región, son causas de desesperanza y hasta muerte. Las carencias de infraestructura y de personal bien remunerado en el sector educativo, y principalmente en el sector de la salud, provocan reiteradas violencias a los derechos humanos de los venezolanos. Algunos de ellos lamentablemente fallecen y van a los depósitos de las morgues. Las numerosas protestas del personal que labora en los centros asistenciales, dan testimonio de una situación que clama al cielo, al verse ellos mismos afectados en su práctica profesional por las carencias de infraestructura, de personal y de insumos; más lamentable es que el gobierno nacional le de un tratamiento político a estos centros, antes que un tratamiento humanitario y constitucional.
En los últimos dos lustros, el país ha recibido inmensos recursos económicos que lamentablemente no han servido del todo para mejorar permanentemente la calidad de vida del venezolano, así como para obtener una mejor educación, salud y vivienda digna; sólo han servido como paliativos momentáneos en tiempos de bonanza por los altos precios del petróleo. Pero también, y algo muy grave, sin llamarnos a consulta a todos los venezolanos, que somos los verdaderos propietarios del erario público, de manera unilateral y sin presentar cuentas, gran parte de estos recursos económicos se han repartido en dádivas de todo género a otras naciones, con un espíritu de nuevos ricos, que van desde ayudas para pagar la deuda externa de algún país, hasta ayudas en algunos casos en forma de préstamo, para comprar armas, centrales eléctricas, construcción de puentes y carreteras, refinerías de petróleo y lo que es más inquietante aún, el principal recurso de ingreso del país que es el comercio de los hidrocarburos, ha sido vendido a futuro por décadas a determinadas potencias, hipotecando en cierto sentido el futuro de las generaciones jóvenes de venezolanos. No es que el pueblo venezolano se oponga a la solidaridad con otros países hermanos, sino que pide se le atienda primero en sus necesidades básicas.
En el ámbito internacional, el país cada día tiene más inconvenientes. Quienes ostentan el poder nacional han ofendido en diversas ocasiones a los gobiernos e instituciones de los Estados Unidos, Holanda, Colombia, Chile, Perú, El Vaticano, Alemania, España, el Reino Unido de la Gran Bretaña, Canadá, México, Honduras, Israel, Costa Rica, República Dominicana, Francia, a los Congresos del Brasil y Paraguay, a la Organización de Estados Americanos, a otros credos religiosos y mantenemos una unión desventajosa con Cuba, Nicaragua e Irán.
Con inmenso dolor constatamos también como un número considerable de jóvenes venezolanos que durante años se han esforzado en preparase intelectual y técnicamente, tienen que abandonar el país en busca de oportunidades laborales en otros naciones, producto del sectarismo y la intolerancia ante las diversas posturas y convicciones de los que no piensan ni aceptan las propuestas políticas del gobierno nacional. Hay que recordar que Venezuela es diversa en sus paisajes, en el color de su gente, en sus culturas, porque hemos sido una mezcla de razas. No podemos aceptar, por tanto, que se nos pretenda uniformar con un solo color y un pensamiento único. En la esencia del ser venezolano encontramos la diversidad y la pluralidad, y doscientos años después deberíamos tener claro que fue el respeto a esa diversidad por la que derramaron su sangre nuestros libertadores.
No sin asombro, los venezolanos hemos observado en días pasados, el doloroso espectáculo que se ha ofrecido al mundo, al haberse puesto al descubierto una gigantesca adquisición de alimentos con fecha de consumo vencida o muy cerca de su vencimiento, por los cuales se pagaron inmensas cantidades de dinero, y que ha puesto en peligro la salud de la población más pobre, sin que los poderes públicos encargados de investigar y enjuiciar a los responsables hayan ofrecido una explicación satisfactoria a los venezolanos. En esto, como en diversos actos irregulares que involucran a miembros del gobierno, la impunidad está presente.
Con todo este calvario a cuestas, la Iglesia, que debo recordar con todo derecho, es elemento constitutivo de la nacionalidad venezolana, ha sido atacada, descalificando e irrespetando a su Episcopado y muy especialmente a la persona del Cardenal Jorge Urosa , Arzobispo de Caracas, a quien se le convocó casi coercitivamente a la Asamblea Nacional, por haber calificado el socialismo marxista del cual se ufana el gobierno, como verdadero comunismo, que la Iglesia condena, porque fue el responsable del atraso y del ateísmo de algunos países que fueron sometidos durante décadas a regímenes autoritarios, en los que se negaron todas las libertades y que felizmente con las consecuencias de la caída del Muro de Berlín esos Estados de Europa, pudieron abrirse a la esperanza de la libertad y la pluralidad democrática.
No es llamando a demoler a los adversarios como se construye una nación sino con oportunidades para todos. Si no prevalece el diálogo y la armonía, el respeto a la Constitución Nacional, si se coloca en entredicho la propiedad privada y prevalece la arrogancia, nos estamos encaminando a una confrontación mayor, que pondrá de frente venezolanos contra venezolanos. Es mi deber entonces hacer un llamado para corregir el rumbo del país y luchar contra las permanentes enfermedades de la democracia venezolana: “la corrupción, los privilegios, la falta de continuidad administrativa, el clientelismo político, el exagerado gasto fiscal, el deterioro moral de estructuras e instituciones públicas” (CEV. Declaración con motivo de los cuarenta años de la democracia venezolana. 20.1.1998). Como venezolano me duele el país.
Un país construido por todos.
La construcción de un país es una labor tesonera de todos los ciudadanos. El sistema democrático permite la alternancia de responsabilidades en el poder político de una nación, en vista de hacer que el bien común se haga presente en toda la colectividad, y no en un sector solamente. También permite que sean muchas las personas que en distintas comunidades ejerzan liderazgos para lograr el bien común y una mejor calidad de vida. Estos liderazgos no pueden surgir de una designación o de una mano en el hombro, mucho menos de pasearse unos días en una carroza; surgen de actitudes y carismas fehacientes, testimoniales, de servicio y entrega a la comunidad desde una ética personal, el respeto a la diversidad, la honradez en su actuación, una vida consagrada a la verdad y una prédica edificante y conciliadora. Nuestras comunidades están cansadas de personas improvisadas que no conocen la realidad social comunitaria y carecen de cualidades para gobernar con decencia ética.
Humana y cristianamente sabemos que la dignidad de toda persona humana y el desarrollo integral de la familia, la sociedad, el trabajo, las relaciones humanas, la convivencia, la educación, la salud, la participación ciudadana y otros, son y deben ser la base de preocupación y de interés de todo servidor público. Los regímenes políticos, que de diversas maneras son cambiantes en la historia, son simples medios que deben estar al servicio de la persona y la comunidad humana. No entiendo, entonces, por qué en nuestro país se invierten los términos, pidiendo que las personas y la sociedad entera se pongan al servicio de un proyecto político que en el trascurso de estos últimos once años se le ha denominado: bolivariano, revolucionario, socialista del siglo XXI, marxista y comunista. Considero que este enfoque está desfasado y es esclavizante.
Debemos ser conscientes que todo sistema político debe ser un medio para servir a los más altos y nobles intereses de la persona y la sociedad; pero, a la vez, cabe decir que los sistemas políticos no son iguales. En nuestro país hemos optado por la democracia y queremos mantenernos en ella, por ser “una opción fundamentalmente ética a favor de la dignidad de la persona, con sus derechos y libertades, sus deberes y responsabilidades, en el cual encuentra sustento y legitimidad toda forma de convivencia humana y de estructuración social” (JUAN PABLO II, Mensaje a la VII Cumbre Iberoamericana, 28.10.1997).
Todos los venezolanos y particularmente los falconianos, tendremos la oportunidad de evaluar las propuestas y las actitudes personales de quienes aspiran a un cargo parlamentario el 26 de septiembre próximo. No se trata de un juego de poderes para ver quien mete más diputados en la Asamblea Nacional, sino lo que está en juego es el futuro del pueblo y de su convivencia ciudadana, puesto que el primer servicio de la Asamblea Nacional es el diseño, elaboración y aprobación de leyes que serán aplicadas a cada uno de los venezolanos como persona y como sociedad. Por eso, la función directa de este cargo está en relación con la vida de los ciudadanos, allí se coartan o se promueven libertades. Pero también ejerce un “control” de las acciones de los gobernantes; esto permite buscar los intereses del pueblo y no de una persona o de un partido determinado. Un Poder Legislativo unicolor, silencioso, sumiso y temeroso no tiene cabida en un sistema democrático.
Para los ciudadanos y más aún para los cristianos el voto es un derecho y un deber, es un derecho irrecusable y un deber ineludible. Tiene que ver con la dignidad humana puesto que a través de él hacemos uso de nuestra libertad, nuestra solidaridad y nos comprometemos a trabajar por el bien común. Hace algunos años los Obispos declarábamos que “el voto que demos los venezolanos será el que enrumbe los destinos de la nación. Por eso debemos estar guiados no por una emotividad irracional, sino por la conciencia y la responsabilidad personal que nos lleva a elegir a quienes sean capaces de ejercer una auténtica representación, de prestar un servicio para el bien común y de buscar armonía y colaboración en el respeto al pluralismo” (CEV-Declaración ante las elecciones. 23-10-1998)
Como venezolanos y amantes de la Democracia, el voto es nuestra única arma valedera para transformar el país.
Venezuela nos exige cumplir con el sagrado deber de votar. No olvidar que por los pecados de omisión también seremos juzgados.
Elevamos una plegaria a Dios y a la Virgen de Coromoto, Patrona de Venezuela, para que encontremos el camino más expedito que permita el desarrollo armónico de todos los venezolanos. Ya que anhelamos ser un pueblo identificado con el respeto a la dignidad humana la verdad, la libertad, la justicia y el compromiso por el bien común. Ayúdanos Señor a construir la convivencia fraterna, amando a todos sin excluir a nadie, solidarizándonos con los pobres y trabajando por la reconciliación y la paz.
Agradezco a los Sacerdotes la lectura a los fieles de este documento en las Misas del domingo venidero.
Coro, 11 de septiembre del 2010,
Solemnidad de Nuestra Señora de Coromoto
PATRONA DE VENEZUELA.

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