jueves, 23 de julio de 2009

Sin pudicia


Hasta hace poco Hugo Chávez hacía cuanto malabarismo podía para mantener la apariencia de que su Gobierno era democrático. Tanto internamente, como en el exterior, era difícil que se entendiera que en Venezuela había de todo menos una institucionalidad democrática.De un tiempo a esta parte, Chávez se ha ido deslastrando de ese traje de demócrata y ha venido exhibiendo cada vez con mayor descaro su vocación totalitaria. Ni Chávez ni sus subalternos ocultan que han metido al país en un berenjenal comunista a pesar del rechazo de más del 80% de la población a ese sistema. Hoy en Venezuela no hay la necesaria división de poderes para garantizar el necesario equilibrio de convivencia entre Estado, gobierno y población, gracias al desmontaje de la legislación democrática que se ha hecho en la última década. Uno de los últimos vestigios que quedan de democracia en Venezuela, es que el mandatario fue electo por votación popular. Pero, incluso, esta ficción desaparecerá cuando se promulgue la Ley Electoral propuesta inconsultamente por la Asamblea Nacional a espaldas de la población. Esta Ley, por milésima vez, viola la Constitución para imponer un sistema electoral que facilitará que el Gobierno de Chávez en adelante no pierda espacio de elección popular alguno, en especial en el Parlamento o que el mandatario gane en cuanta reelección a la Presidencia se postule.La renovada avanzada comunista incluye desde la pretensión de abolir la propiedad privada en aras de una propiedad social; el anuncio del ministro de Comercio, Eduardo Samán, de imponer el marxismo con un nuevo sistema "socialista" de comercio, que incluye el monopolio estatal de las importaciones de alimentos básicos, hasta la maniobra de los ministros de Educación de impulsar una Ley de Educación que adoctrine a niños y jóvenes.Otra clara evidencia de que el Gobierno no está interesado en seguir guardando la apariencia de democracia es la explícita proclama de Rafael Ramírez, ministro de Energía y Petróleo, presidente de PDVSA y vicepresidente del PSUV, de que el Gobierno sólo reconoce y negocia contratos colectivos con los sindicatos oficialistas, segregando y discriminando grosera e ilegalmente a la legítima dirigencia de los trabajadores.Incluso, se está atreviendo a ir al límite público de un totalitarismo como es el querer reservar todo el espacio radioeléctrico a la vocería de Chávez y a su proyecto político. Muestras ciertas de ello, son las amenazas de cierre de Globovisión; el anuncio de quitarles la concesión a unas 285 emisoras de radio y TV; el proyecto de providencia de Conatel para prohibir que los canales por cable de Venezuela emitan propaganda; así como las propuestas de reformas y nuevas leyes que están en el tapete para imponerle una mordaza informativa a los venezolanos. Sin embargo, como las prisas nunca han sido buenas, ahora tampoco suman en provecho de Chávez y su proyecto. El torpe atropello con el que se quiere pasar factura a Globovisión dejó en descubierto esta semana el grado de servidumbre y putrefacción al que ha llegado el Sistema Judicial. Como la punta de un icerbeg que esconde una mole sumergida, emergió la denuncia de la juez 13ª de Control, Alicia Torres, de las presiones que recibió de la presidente del Circuito judicial, para que firmara la prohibición de salida del país para el empresario Guillermo Zuloaga. La juez fue destituida en menos de 48 horas, después de hacer la denuncia sin base legal alguna, pero ya la campanada de alerta sonó.Incluso, la impudicia de reconocerse fuera de la norma de convivencia democrática de Hugo Chávez, ha saltado las fronteras de la República con la descarada intromisión en los asuntos internos de Honduras, luego de que al satélite de Manuel Zelaya le pararan los ímpetus continuistas en su país.. Disponible en inglés en: www.veneconomy. com a partir de las 4:00 p.m.

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