El 11 de mayo de 2013 es una fecha que pasará a la historia de Guatemala:
29 años, nueve meses y tres días después de ser apartado del poder, el
anciano José Efraín Ríos Montt, el hombre que gobernó este país
centroamericano con mano de hierro entre el 23 de marzo de 1982 y el 9
de agosto de 1983, vio el amanecer desde una celda. El general de la
Biblia y la espada es el reo número 19 del cuartel de Matamoros,
habilitado como cárcel para prisioneros vulnerables, aquellos que es
necesario mantener lejos de los centros penitenciarios comunes.
La lectura de la sentencia, el viernes en una sala abarrotada de
público, fue interrumpida por un fuerte aplauso en el momento en que la
juez que presidía el tribunal, Jazmín Barrios, anunció que Ríos Montt,
de 86 años, es culpable de genocidio y delitos de lesa humanidad.
Recibió sendas condenas de 50 años por el primero y 30 más por los
segundos: 80 años inconmutables.
“Los jueces consideramos que el acusado tuvo conocimiento de todo lo
que estaba ocurriendo y no lo detuvo, pese a tener el poder para
hacerlo”, se lee en la sentencia.
En su primera declaración a la prensa tras conocerse el fallo, Ríos
Montt calificó la pena como “un show político internacional” y dijo que
va a la cárcel sin sufrir ninguna angustia. “Siempre he cumplido con la
ley”, dijo.
La condena sorprendió al mundo. Pero internamente provoca
sentimientos encontrados en una sociedad que, 17 años después de la
firma de la paz que puso fin a casi cuatro décadas de una cruenta guerra
civil (más de 250.000 muertos), sigue profundamente dividida. Durante
el proceso de paz, hubo un momento en que la Comisión de Reconciliación
simplemente fue disuelta y salió de la agenda política. Nadie trabajó en
la necesidad de sentar las bases para una reconciliación.
“La ley de amnistía, dictada por los militares antes de entregar el
poder a los civiles, tuvo la virtud de calmar los ánimos en la medida en
que nadie —guerrilleros o militares— se sentía amenazado. Esto
favoreció una transición sin asesinatos políticos selectivos”, explica
el analista Manuel Conde, exnegociador de la paz.
Para Conde, la sentencia de Ríos Montt hace que muchos militares
sientan ahora el peligro de ser juzgados, lo que explica la forma
granítica en que han reaccionado en apoyo a Ríos. “Es la unidad frente a
la amenaza”, dice, fortalecida por la decisión de la juez Barrios de
ordenar que se amplíen las investigaciones en torno a los autores de las
barbaries de la guerra. Los siguientes en la lista esbozada por la juez
son militares de la línea dura, en un Ejército donde todos eran
halcones.
El peligro de una involución, de la vuelta a la violencia, ha sido
señalado por la derecha económica, y ahora cobra verosimilitud. Conde
recuerda que en estos momentos Guatemala afronta 125 “conflictos de
mecha corta” en las zonas rurales por la minería a cielo abierto,
reclamaciones de tierras o el acceso al agua, sin que el Gobierno dé
muestras de prestarles la menor atención ni de capacidad para encontrar
soluciones. En estas condiciones, según el analista, “cualquier gesto de
agresión, provenga de donde provenga, puede ser la chispa que nos
devuelva a la violencia política”.
Esta preocupación es compartida por el Defensor del Pueblo, Jorge De
León Duque, quien hizo un llamamiento a la sensatez “y a que se respeten
los fallos”, y recordó que se puede apelar.
El general José Luis Quilo Ayuso, un duro donde los haya, no ocultó
su frustración por el fallo condenatorio. “Me siento frustrado. No había
ningún argumento para juzgar al general por genocidio. Creo que el
tribunal ya tenía una consigna. El daño y la ofensa son muy duros. Me
siento decepcionado”, dijo al diario elPeriódico.
En nombre de las víctimas indígenas Rigoberta Menchú Tum, galardonada
con el Premio Nobel de la Paz en 1992, no podía ocultar este sábado en
conversación con EL PAÍS su satisfacción.
Para ella, la sentencia puede ser importante para introducir cambios
en la relación entre indios y ladinos (mestizos), para dar paso a un
país igualitario. “Esperamos que esa sentencia contribuya a ese
acercamiento igualitario”, dijo.
Menchú cree que en el juicio quedó
claro que no se trata de una persecución política, lo que se demuestra
con la absolución del exjefe de inteligencia militar de Ríos Montt, el
también general retirado Mauricio Rodríguez.
El panorama abierto tras la sentencia tiene aristas que pueden
alterar el futuro político guatemalteco. Uno de los riesgos, de acuerdo a
Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, es que
ocurra un fractura en el interior del Organismo Judicial, donde el
enfrentamiento entre las dos juezas del proceso ha creado filias y
fobias gremiales, y donde las simpatías estarían mayoritariamente a
favor de la juez Patricia Flores, partidaria de anular todo lo actuado y
empezar desde cero.
El desarrollo del juicio también despierta sospechas acerca de una
inclinación de la sala de apelaciones en favor de las tesis de los
militares.
Para Ibarra, el caso Ríos Mont podría motivar un terremoto político
en Guatemala, dada la orden del tribunal de continuar hasta las últimas
consecuencias con la investigación del genocidio. Esto abre incógnitas
comprometedoras para las estructuras tradicionales de poder, como qué
estructuras sociales, políticas, económicas y militares hicieron posible
el surgimiento de un Estado contrainsurgente.
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