Visitas indeseables

Por: Virginia Contreras - A pesar de los mecanismos que los distintos gobiernos han adelantado en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, en la práctica se ha demostrado la dificultad para neutralizar las acciones de las organizaciones criminales y agrupaciones narcoterroristas que pululan en el mundo, y que en muchas oportunidades- más de las que pudiéramos imaginarnos- actúan como si de verdaderas corporaciones ejecutivas -como la Coca Cola, o una tienda por departamentos- se tratara. Si a esto le agregamos la inacción de algunos gobiernos, y los intereses políticos de otros por tratar de ocultar las realidades para evitar escándalos, el mandado ya está hecho para estas organizaciones criminales. El pasado 23 de abril los venezolanos fueron objeto de una visita inesperada cuyas circunstancias han pretendido pasar desapercibidas por las partes involucradas. Joaquín Pérez Becerra, periodista de origen colombiano, y editor de la “Agencia de Noticias Nueva Colombia” (Anncol), llego al aeropuerto internacional Simón Bolívar, Maiquetía, Venezuela, procedente de la ciudad de Frankfurt, Alemania, siendo detenido inmediatamente por funcionarios de Interpol y de la policía política del país. De acuerdo a declaraciones del presidente de Colombia, este solicitóó al presidente Hugo Chávez la captura de Pérez Becerra, alias "Alberto Martínez", quien llegaría a ese país en horas de la tarde de la fecha señalada. Pérez Becerra era requerido por la justicia colombiana mediante un alerta roja difundido por Interpol, por la comisión de los delitos de “concierto para delinquir, financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas”. La historia de “Alberto Martínez” y/o Pérez Becerra, no difiere de muchos otros casos en los cuales personas involucradas en hechos delictivos, directa, o mediante la cooperación con organizaciones criminales, disfrutan de una doble vida para el cumplimiento de sus funciones, así como para garantizarse la impunidad. Según funcionarios colombianos, las computadoras decomisadas en el 2008 en el campamento en donde falleciera el comandante guerrillero Raúl Reyes, determinaron que Pérez Becerra formaba parte de la nomina de la organización guerrillera, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), como una especie de “agente diplomático”. Por orden del secretariado de las Farc, su misión se extendió a países como España, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda, Suecia, Noruega, Dinamarca, Rusia y hasta el Líbano. Su tarea era supervisada por Rodrigo Granda, hasta el momento en que este fue capturado, en diciembre de 2004, en territorio venezolano. Sobre este último personaje, valdría la pena señalar que Granda, considerado como “el canciller de las FARC”, fue detenido en territorio venezolano, en donde hacía vida cotidiana, siendo trasladado a Colombia, gracias a la colaboración de militares venezolanos, a espaldas del presidente de Venezuela. Esta situación creó un impasse entre los dos gobiernos, y los efectivos venezolanos que participaron en dicha captura -aún cuando Granda era solicitado por Colombia- fueron enjuiciados y condenados en Venezuela. Pérez Becerra, de acuerdo a los datos aportados, estaba integrado al estado mayor del bloque internacional de las Farc. Incluso se le responsabiliza del manejo de contactos con organizaciones como “Eta”, y hasta de intervenir en la compra de armamento para las Farc. Las autoridades de emigración colombianas destacan que Joaquín Pérez llegaba a los campamentos de las Farc mediante el paso por los países vecinos en los años 2003, 2004, 2005, 2006, y por última vez en el 2009, oportunidad en la cual visito al guerrillero, alias “Iván Márquez”. En fin que Joaquín Pérez, o “Alberto”, se encargaba de apoyar la imagen de la agrupación irregular, a fin de que la misma fuera considerada como “beligerante” en Europa. Paralelamente debía tratar de desprestigiar a instituciones del Estado colombiano, así como a personalidades representativas de este, y obtener recursos que facilitaren dichos fines. A cambio de esto, disfrutaba de un pago mensual, y utilizaba como fachada una agencia de noticias internacional, la cual era manejada desde Suecia, país del cual habría recibido la ciudadanía. Pasadas 48 horas de su detención en Venezuela, Pérez Becerra fue trasladado a Colombia a los fines de enfrentarlo a la justicia de ese país. Este intempestivo traslado produjo un contundente rechazo por parte de algunos partidos políticos, y organizaciones civiles, que han venido apoyando al presidente Chávez en Venezuela, así como de organizaciones internacionales, como la “Coordinadora Continental Simón Bolívar”. Tales organizaciones, además de negar la participación del visitante en actividades delictivas, destacaron la nacionalidad sueca adquirida por este, hecho que fue corroborado por el consejero político de la Embajada de Suecia en Bogotá, Tommy Stromberg. El referido funcionario diplomático, en entrevista ante los medios de comunicación de Colombia, señalo que el detenido llegó a Suecia a inicios de los años 90, en condición de asilado, habiéndose acogido a la nacionalidad sueca desde el 2000. Evidentemente que si consideramos tales declaraciones como ciertas, el gobierno venezolano por lo menos ha debido notificar sobre el caso a las autoridades de ese país, a los fines de permitir asistencia jurídica a dicho ciudadano, de acuerdo al Derecho Internacional. Indistintamente de la posición que pudiera tener cada cual respecto a las actividades realizadas por el sorpresivo visitante, existen algunas circunstancias vinculadas con su presencia en Venezuela, las cuales nos obligan a considerarlas, toda vez que las mismas comprometen la seguridad de los ciudadanos que conviven a lo largo y ancho de la geografía venezolana. El primer elemento es que Joaquín Pérez no viajó hasta Venezuela, poniendo en riesgo la tranquilidad de su hogar en Suecia, (el cual tanto le ha costado construir después de haber huido de Colombia en el año 94, a raíz del asesinato de su esposa por grupos paramilitares), al menos que hubiera una causa muy poderosa que lo obligara a hacerlo. Todo parece indicar que la causa por la cual el periodista se traslada a Venezuela es la orden que le transmitiera desde Venezuela, el conocido guerrillero, “Iván Márquez”, miembro del secretariado de las FARC. Este, pretendería incluir a Pérez en las reuniones que desde hace meses se han venido gestando con otros compañeros guerrilleros, como “Timochenko”, Rodrigo Granda, Romaña, así como con la ex senadora Piedad Córdoba, y amigos del gobierno bolivariano. Todo esto con la idea de “discutir la posibilidad de la liberación de los secuestrados por razones políticas en manos de las FARC, como parte de su estrategia para un acuerdo de paz”. Justo es reconocer que Juan Manuel Santos jamás ha sido partidario de solicitar mediaciones de personas, o gobiernos extranjeros. Lo rechazó como ministro de la defensa, en la oportunidad en que el presidente Álvaro Uribe autorizó la participación de Hugo Chávez, junto con la entonces senadora Piedad Córdoba, para la liberación de algunos secuestrados por las FARC. De hecho la preocupación del actual mandatario fue tal -cuando éste ocupaba la cartera de defensa en el gobierno del presidente Uribe- respecto a la designación del presidente Chávez como colaborador del gobierno colombiano, que las críticas del antiguo ministro ocasionaron una severa reprimenda pública del anterior mandatario, hasta el punto de haber obligado a Santos a poner su cargo a la orden. Igualmente lo ha rechazado mil veces como presidente de la República. La negativa de aceptar mediaciones de cualquier tipo, por parte del nuevo gobernante colombiano, ha llegado a puntos culminantes en casos como la explosión de un carro bomba frente a los edificios en donde se encuentra ubicada la conocida estación de radio “Radio Caracol” y la agencia de noticias “EFE”. Aún bajo estas amenazas, el presidente fue contundente en su negativa. Tales rechazos han sido ratificados en distintas oportunidades por parte del mandatario. Así, el 14 de agosto 2010, Santos señalaba que “Cualquier gestión dentro o fuera de Colombia por parte de cualquier persona queda absolutamente desautorizada”. Agregando, “la llave del diálogo no la hemos botado al mar, pero la puerta está cerrada y se mantendrá cerrada hasta que quienes quieran dialogar de paz no demuestren en forma clara y fehaciente su verdadera voluntad”, “muchos han querido ofrecerse de intermediarios, muchos han querido insinuar que ellos podrían hacer una labor aquí o allá. Muchas gracias, pero no. Ni en el exterior, ni aquí en Colombia” (sic). Así como el presidente Santos ha rechazado rotundamente tales negociaciones de paz por parte de la guerrilla, resulta más que evidente el interés de la organización guerrillera de demostrar al mundo su voluntad de liberar a quienes se han convertido en víctimas de sus secuestros, bajo la excusa de lograr la paz en Colombia. Con esto trasladarían al Estado colombiano toda responsabilidad, de no lograrse un acuerdo. Muchos ejemplos demuestran este interés, de hacer propaganda bajo el dolor que representa el familiar secuestrado, por parte de las Farc. De allí que haciendo uso, precisamente de la Agencia de Noticias Nueva Colombia “Anncol”, Alfonso Cano, líder máximo de las FARC, enviara un video, a comienzos de agosto pasado, contentivo de un mensaje a la “UNASUR”, manifestando estar “dispuesto a dialogar con el nuevo gobierno colombiano”. Casualmente, la referida solicitud de las Farc fue presentada en la misma semana en que el presidente de Venezuela señalara ante la misma organización, que el conflicto colombiano era una amenaza a la paz regional y que los países miembros debían “unirse para impulsar un plan de paz”. Frente a esta solicitud, el vicepresidente colombiano, Angelino Garzón, señaló tajantemente “que el gobierno de Santos no necesita de intermediarios, y tampoco es partidario de que el grupo rebelde exponga sus opiniones sobre el conflicto interno en un escenario internacional”. Con esta respuesta, el mensaje llegaba más que directo, tanto a las Farc, como al mandatario venezolano. Actualmente el interés de las Farc no ha disminuido. A la necesidad de mejorar su imagen internacional, muy deteriorada hoy en día, se le ha unido la de la ex senadora Piedad Córdoba. Córdoba, actualmente inhabilitada para ocupar cargos públicos, por el lapso de 18 años, de acuerdo a decisión de las autoridades de su país, requiere demostrar su vigencia -si desea seguir percibiendo fondos- así como recibiendo beneplácitos de la colectividad agradecida. De allí que el gobernante Neogranadino, el pasado 14 de febrero, frente a la insistencia de la ex congresista respecto al tema de las negociaciones, destacara que “el Gobierno no ha autorizado a nadie, ni piensa hacerlo, para que sostenga contactos con grupos al margen de la Ley”. Como si el mensaje no estuviera lo suficientemente claro, el mandatario criticaba en esa oportunidad a la ex senadora, advirtiendo que “Piedad Córdoba abusó de la confianza y la generosidad del Gobierno brasileño, del colombiano y del CICR para “organizar fiestas para celebrar con los secuestrados los supuestos actos de generosidad de la guerrilla”. Pero la utilización de la excusa de intermediación en la búsqueda de la paz de Colombia, ni es un evento exclusivo de estos tiempos, ni se circunscribe únicamente a los ciudadanos colombianos. De hecho, el mismo presidente Chávez en 1999, amparado en la autorización del presidente Uribe para que ejerciera sus buenos oficios frente a la posibilidad de liberación de algunos secuestrados por las Farc, utilizó consuetudinariamente la imagen del gobernante colombiano para dar a entender un rol que no le había sido autorizado (“mediador”) por parte de dicho gobierno. En esa misma época la senadora Córdoba, desoyendo las negativas del presidente Uribe, anunciaba reuniones con diversas autoridades, entre ellas de la República del Brasil, en donde sugería toda serie de posibilidades, tales como “la creación de una zona neutral” para las negociaciones, y hasta la designación de representantes del gobierno estadounidense. Incluso el mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, manifestó su interés en participar en una mediación con la guerrilla. Esta circunstancia desato una nota de protesta por parte del gobierno colombiano, en la cual señalaba que “El gobierno colombiano no autoriza ni avala gestión alguna que pretenda adelantar el señor Ortega en relación con una organización terrorista, en este caso las FARC, toda vez que constituiría una violación al principio de la no injerencia en los asuntos internos de los Estados”. En el caso del visitante Pérez a Venezuela, muchos se han sorprendido por la pronta respuesta del gobernante venezolano en ordenar el traslado del periodista hacia Colombia, (a espaldas de las autoridades del país del cual aparentemente Pérez es nacional hoy en día). Existen algunos ejemplos que podrán explicar el peligro en que potencialmente se encuentran los venezolanos, quienes en la mayoría de los casos, desconocen la cantidad de visitantes indeseables que ingresan a su país, sin que las autoridades parezcan notarlo. De igual forma, cabe mencionar algunos casos de esos visitantes inesperados, cuya presencia, al volverse incómoda para las autoridades, los ha hecho abandonar a su propia suerte. Muy probablemente el personaje más siniestro de todos los conocidos mundialmente, que haya visitado Venezuela (si bien su presencia no puede imputársele a ningún gobierno del país) haya sido hace un poco más de tres décadas, el de “Mohamed al Amir Awad al Sayid Atta”. Tal y como pudo comprobarse por los organismos de inteligencia norteamericanos, “ Mohamed Atta” fue responsable del secuestro del vuelo # 11 de American Airlines, y jefe del grupo de terroristas que estrellaron dos aviones contra las Torres Gemelas, en la ciudad de Nueva York el 11 de septiembre de 2001. En lo que va del presente gobierno, quizás el caso de mayor repercusión fue el de Vladimiro Montesinos, ex asesor de inteligencia, y mano derecha del para entonces presidente del Perú, Alberto Fujimori. Montesinos, buscado por los organismos de inteligencia de su país, fue detenido el sábado 23 de junio de 2001 por miembros de la Dirección de Inteligencia Militar de Venezuela. Por lo menos así lo aseguro el jefe de Estado, Hugo Chávez, durante la clausura de la XIII Cumbre Andina de Presidentes que se desarrolló en la ciudad de Valencia, estado Carabobo. Si bien desde semanas atrás los órganos de inteligencia más importantes del mundo ya conocían de la presencia del personaje en territorio venezolano, e incluso días antes un ciudadano venezolano informara directamente a las autoridades estadounidenses respecto a la ubicación de Montesinos en la ciudad de Caracas, el mandatario se hacía de la vista gorda frente a esta realidad. La situación era tan evidente que bastaba examinar el documento de inmigración que el mismo Vladimiro Montesino llenara al ingresar -vía marítima- a territorio venezolano, en donde con la seguridad que da el llegar a un país amigo, Montesinos señalara el nombre de uno de los ministros más importantes del régimen, -y hoy en día en la oposición- como la persona a quien visitaría en Venezuela. De igual forma Montesinos escribiría en dicho documento la dirección exacta de la residencia personal del funcionario en cuestión, en la urbanización Altamira, de Caracas. El epilogo de la “aparición” de Montesinos en Venezuela queda evidenciado con las expresiones del para entonces canciller del Perú, Javier Pérez de Cuéllar, quien en la referida cumbre de presidentes manifestara que: “Esta captura ha sido posible gracias a la colaboración brillante e indispensable de Venezuela”. Existen infinidad de ejemplos respecto a la descarada presencia de ciudadanos indeseables en territorio venezolano, así como a la presunta relación de estos con autoridades políticas del país. El caso de los miembros de la agrupación terrorista “ETA”, resulta relevante. No solo por las circunstancias de sus actividades en Venezuela, sino porque en la actualidad, dicho caso es ventilado por las Cortes de España. Así tenemos a Arturo Cubillas, quien se encuentra procesado en ausencia por la Audiencia Nacional de España, en la misma causa que se les sigue en dicho Tribunal a miembros de la ETA, a quienes se les vincula con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En este caso, las autoridades españolas han solicitado, sin que sus pares venezolanas hayan dado ninguna respuesta, la extradición de Cubillas a España. De acuerdo al juez español, Cubillas habría participado en el adiestramiento de miembros de las FARC en los campamentos denominados “Malanga”, “El Tigre”, y “Las Pavas”, en territorio venezolano, a partir de 2006. Recientemente se ha especulado sobre la posible presencia del etarra “Antón Troitiño”, excarcelado el pasado 13 de abril, en España, como consecuencia de un error de cálculo en la pena impuesta, por asesinato a “22 personas”. De acuerdo al diario español “El Mundo”, los servicios de información españoles estarían tras la pista de dicho ciudadano, el cual una vez en libertad se habría trasladado al País Vasco, refugiándose posteriormente en el sur de Francia, para luego, el 18 de abril, partir hacia Holanda y al día siguiente embarcarse hacia Venezuela. A pesar de que las autoridades españolas niegan la salida de Troitiño hacia Venezuela, el hecho es que la mera suposición de su traslado, hacia el país que le ha dado cobijo a organizaciones como las mencionadas, no sorprende absolutamente a nadie. Esta situación, de presencia de individuos indeseables en Venezuela, ha llegado a tal extremo, que el pasado 21 de febrero, William Hague, ministro de Exteriores británico, señalara públicamente la posibilidad de que el líder libio Muamar al Gadafi, podría haber abandonado su país y se encontraría viajando rumbo a Venezuela. Si bien hoy en día esta información ha sido comprobada como negativa, lógico es pensar que la misma no deja de tener una base cierta dada la relación de amistad existente entre los mandatarios, libio y venezolano, así como en virtud de la deplorable práctica a la cual nos hemos referido anteriormente por parte del gobierno de Venezuela. Las circunstancias inicialmente planteadas resultan ejemplificantes respecto a esta nueva manera en que las autoridades gubernamentales de Colombia y Venezuela, pretenden enfrentar los retos políticos que se les presentan, bajo el principio de “No me digas, no te he visto, no quiero saber”. En el caso del mandatario colombiano, es obvio que éste ha estado al tanto de todas las estrategias que desde hace algunos meses han venido desarrollando las organizaciones guerrilleras (y particularmente las Farc), junto con individualidades, o gobiernos, interesados en ganar prebendas tratando de hacerse ver como “luchadores por la paz de Colombia”. Aún así, frente a un hecho tan evidente, como la presencia del ciudadano sueco-colombiano en Venezuela, el gobernante ha preferido limitarse a denunciar el traslado de su compatriota desde Alemania hacia el país vecino, como si su visita no fuera más que un viaje de placer y no la intervención de un combatiente, aún cuando en el caso particular del visitante, lo sea por otros medios distintos que las armas. La razón es más que elemental, pero no por eso deja de ser contradictoria. Santos, al calificar al viajero como ficha de las Farc, se encuentra en el deber de explicarle a propios y extraños qué hace un personaje como Pérez Becerra en Venezuela, así como cuál es el objeto de su viaje, y con qué personas pretendía entrevistarse. Hechos éstos que en ningún momento ha pretendido exponer, y muy posiblemente no lo haga nunca. Resulta entendible el interés del gobernante colombiano, de mantener a toda costa relaciones productivas con su homólogo venezolano, hecho que lo ha llevado a lamentables situaciones, como la fallida explicación respecto a la ubicación de campamentos guerrilleros en Venezuela. De allí que frente a un hecho tan contundente, como la aparición del visitante en tierras vecinas, sea preferible no solo callar, sino no mirar; y lo más grave aún: no querer saber. La realidad, respecto a la posibilidad de que el gobierno bolivariano estuviera detrás de posibles negociaciones de la guerrilla, a espaldas del gobierno de Colombia, seria difícil de enfrentar. Por el lado venezolano, la situación no es más favorable. Basta con verificar el mero hecho de que el presidente Santos hubiera llamado al gobernante bolivariano para solicitarle su apoyo en la detención del viajero, para que este último se hubiese preguntado el porqué su colega tendría que haberlo molestado, cuando resultaba mucho más sencillo, y confiable, el que las autoridades de uno de los gobiernos más capaces, en materia de seguridad, como Alemania, hubieran detenido- aunque fuera para un simple interrogatorio- al periodista. Bajo estas circunstancias, de enterarse por el esposo de la mujer compartida, respecto a la sospecha de su infidelidad, al mandatario venezolano no le ha quedado más remedio que renegar de la amada, y deshacerse de la evidencia lo antes posible, terminando así “Alberto” en Colombia.