La planificación del desarrollo

Por: Alberto Rodríguez Barrera - “La prueba de un Plan está en su ejecución”, había dicho Rómulo Betancourt en 1960 al presentar el Plan Cuatrienal del Gobierno de Coalición. Y ahora, para 1962, había experiencia acumulada, como hemos podido ver con las grandes y sólidas obras puestas en marcha y que siguen siendo fundamentales para la democracia en los albores del siglo 21. Pero para esos comienzos de la década de los 60, todo estaba en construcción. Por encima de las fallas y los problemas (como el empeño comunistoide por impedir el desarrollo, funcionando conjuntamente con los restos dictatoriales superados), había un equipo serio buscando las soluciones que requería Venezuela de manera integral. En términos generales, el énfasis estaba puesto en remediar el desequilibrio existente entre el sector rural y el sector urbano. La población rural de Venezuela pasaba de dos millones y medio de personas (33% de la población) y contribuía apenas con un 6% a la formación del producto territorial bruto. En torno a las ciudades del país estaba concentrada la humilde población de familias procedentes del campo, en desempleo y subempleo, situación provocada por la política de la dictadura de concentrar las inversiones en la zona central del país, obras suntuarias que no generaban empleo permanente. Fue por ello que nació la política de mejorar la producción y la productividad en el campo, aumentando el bienestar general, y a conciencia de que el éxodo rural hacia las ciudades ya era irreversible. La tarea implicaba detener el éxodo. Para ello era insuficiente el presupuesto y la acción unilateral del Estado debido a la dinámica y urgencia requerida. Por lógica e inteligencia, la estrategia aplicada incluía el esfuerzo mancomunado del sector público y del sector privado convergiendo en una empresa nacional, democrática. Fue entonces que comenzaron los programas de desarrollo de la comunidad, para poner en movimiento el desarrollo económico con las fuerzas latentes en la comunidad capaces de acelerar y promover el desarrollo local. De ahí que la contribución se traduciría en un cambio de actitudes, aprovechamiento del capital humano, creación de instituciones, una sociedad más productiva, bienestar material de las poblaciones. Eran cambios que aún hoy son difíciles de cuantificar, pero que eran y son de importancia máxima para el crecimiento económico de un país. La Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y el Fomento Municipal –que había nacido en las Convenciones de Gobernadores y de Municipalidades en septiembre de 1960- cubría para 1962 a 258 comunidades en 13 Estados del país, como instrumento financiero apoyado por la Alianza para el Progreso y la aprobada Ley de Crédito Público. De esta manera se impulsaban acueductos, cloacas, electrificació n y otras tantas obras ausentes y de beneficio incuestionable para el fortalecimiento y desarrollo de las municipalidades, cuyos esfuerzos mancomunados con diferentes sectores de la población implicaban la solución de problemas “sencillos” pero esenciales mediante su participación. El desarrollo coherente y dinámico que se comenzó a implantar en Venezuela obedecía al análisis de fondo de la situación económica y al diagnóstico objetivo, para formular el Plan de la Nación, cuyas previsiones incluían las operaciones crediticias necesarias para los programas de vialidad, industrializació n, agropecuarios y el gran número de proyectos pequeños de alcance local en todas las regiones del país, dentro del marco del desarrollo de la comunidad. Al unísono, el Plan se planteó para 1962 la reducción de la tasa de desocupación, estimada en 12 %, para llevarla al 8,5%, con la meta de llevarla al 4,5% en tres años. Existían 280.000 desempleados y una fuerza de trabajo que había crecido hasta 2.940.000. El empleo crecería sólo si se aumentaba el producto territorial bruto interno. Se sabía que el incremento del producto, por sí solo, no garantizaba fuentes permanentes y productivas, y por ello se previó el incremento del producto petrolero en 4% anual, el crecimiento del producto agrícola en 9,8%, el producto industrial (Petroquímica y Siderúrgica incluidas) en 11%, todo mediante el esfuerzo conjunto del sector público y el sector privado, donde el acento se ponía en la activación de industrias intermedias, sin olvidar la instalación de establecimientos educacionales y hospitalarios, obras de sanidad ambiental y otras. De esta manera, la contribución del sector petrolero y minero descendió de 24% a 19,9%, mientras que los sectores agrícola e industrial crecieron de 24,5% a 34,3%, tendencia que revelaba la transformació n estructural en marcha. En ello iba también implícito la diversificació n de la economía y la mejor distribución del ingreso, con hechos y no con teorías u oposicionismo extremizado. Este era un Plan que dispondría de recursos financieros de alrededor de 30.000 millones de bolívares para inversiones, tanto en el sector público como en el privado. Bs. 12 mil millones iban para gastos educacionales y medico-asistenciale s (cifra que luego se incrementó). Otra cantidad considerable eran aportes públicos al sector privado para créditos de agricultura, cría, industrias y viviendas. Los recursos financieros venían en un 90% del ahorro interno y 10% del exterior. La prioridad era la eliminación de proyectos suntuarios, y en los proyectos puestos en marcha –como los de hospitales y liceos- la inversión tenía una economía del 40% con respecto a proyectos anteriores, terminándose con características funcionales superiores. En este sentido, a nivel internacional, Venezuela estaba en una posición de avanzada por haberse adelantado principalmente en el camino de la reforma agraria, del desarrollo de la comunidad y otros aspectos realizados con nuestros propios recursos humanos y financieros y con proyectos establecidos dentro de una planificación integral general. Pero no era solo la presentación y ejecución de proyectos apropiados. La capacidad de ejecutarlos eficazmente fue conjugada con las reformas realizadas, por ejemplo, en los institutos autónomos, donde las reformas buscaron la superación de dificultades para un desarrollo ordenado y dinámico de las instituciones, y donde se solicitó el incremento de las penas para quienes incurrieran en delito de peculado y tráfico de influencias. En informe presentado por el Presidente Betancourt al Congreso se resumieron cifras y hechos contra la inmoralidad administrativa: 119 expedientes sucedidos en tres años sobre irregularidades tales como déficit, sustracción de fondos, avalúos imaginarios, cobros indebidos; 68 expedientes pasados a tribunales, 48 expedientes pasados a la Policía Técnica Judicial, etc. Pero por encima de los defectos, la gran obra era demostrar que la democracia debe y puede ser eficaz en la labor administrativa nacional: se concluía la carretera Maracaibo-Güirí a desde el Puente sobre el Lago de Maracaibo (además de los puentes del río Apure, del Caroní, del Orinoco); puertos y aeropuertos creados y ampliamente mejorados; la actividad agropecuaria incrementada como el consumo, con redes de silos, sistemas de riego (Guárico, Las Majaguas, Sus del Lago, Boconó –Masparro, Unare, Neverí, y otros); ALCASA, Petroquímica, Siderúrgica (construcción de partes y ensamblaje de vehículos; fábricas de productos intermedios; productoras de fertilizantes, artículos de consumo duraderos); educación y capacitación; la red de telecomunicaciones; electrificació n; creación de corporaciones de desarrollo regional: Guayana. Dijo Rómulo Betancourt en su cuarto mensaje presidencial ante el Congreso Nacional el 12 de marzo de 1962: “Esta proyección hacia el futuro no es delirio de visionario. Cuenta con el respaldo de la obra ya cumplida. Todo no se habrá hecho ni se habría podido hacer. Todo lo que se habrá hecho no será necesariamente lo mejor que se habría podido hacer. Mas, habrá habido un esfuerzo revelador de que cuando un gobierno democrático, apoyado en la voluntad del pueblo, se propone hacer obra, lo puede lograr. Invito a aquellos que ya han contribuido a esta labor a redoblar sus esfuerzos y a aquellos que han permanecido marginados de ella, por razones propias o ajenas, a participar en esta tarea. Se trata nada menos que de edificar una nueva Venezuela para todos los venezolanos. Sin castas privilegiadas y con prosperidad para toda la colectividad, sobre la base de un mejor reparto de la riqueza, sin despojar injustamente a nadie. Esta tentadora y retadora empresa de forjar un gran país en lo que ya es patria esclarecida por su historia, de realizar en Venezuela profundos cambios revolucionarios por la vía pacífica y legal, es sobre todo incitación para las nuevas generaciones venezolanas. Esta comprometedora y enaltecedora tarea reclama mística, esfuerzo continuado, entrega agónica, sacrificios sin pausas y sin treguas, trabajo de todos los días y de todas las horas."