Por: Virginia Contreras - Muchos se preguntan qué habrá por detrás de los pasos que recientemente han unido a mandatarios tan disímiles como Juan Manuel Santos, de Colombia; Hugo Chávez, de Venezuela; y Porfirio Lobo, de Honduras. La respuesta es muy sencilla: Barack Hussein Obama. Aún cuando ha sido imperceptible para algunos, los hechos han venido desarrollándose desde meses atrás, en donde han convergido tanto los intereses del mandatario colombiano, por mejorar su política exterior con la vecina Venezuela, como la necesidad del presidente norteamericano de impedir cualquier atisbo de crisis en Latino América. Si bien resulta difícil señalar desde cuándo el presidente Obama ha tenido entre sus planes presentarse para la reelección presidencial, es obvio que esa posibilidad ha debido rondar por su cabeza desde hace tiempo. Y es que cuatro años pasan volando, más aún cuando el mandatario no las ha tenido todas consigo. Casos como la reforma del sistema de salud, propiciada por él, hoy en día están en el banquillo de las Cortes norteamericanas en más de veinte estados, y ya ha sido anulada por inconstitucional en Virginia (parcialmente) y en Florida (en su totalidad). La reforma migratoria, anzuelo para atraer el voto latino, en vez de beneficiar a este esperanzado sector de la población, se ha convertido en un boomerang. Tanto así, que “sólo en los nueve primeros meses de su gobierno se produjeron casi el doble de deportaciones que hace cinco años”, según lo ha ratificado la “Transactional Records Access Clearinghouse” (Trac), de acuerdo a los datos de la Oficina de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE). Esto, sin contar las graves diferencias que se han producido en relación con aspectos vinculados a la política exterior del actual gobierno estadounidense en materia de defensa, como la situación en Afganistán, hecho que además de haber causado serias diferencias con importantes autoridades de las fuerzas armadas de los Estados Unidos -por la manera cómo se ha implementado la estrategia- en la práctica pareciera no avizorar un futuro mejor. Lo evidencian tanto las listas de soldados norteamericanos muertos en acción, como la amenaza que significa el que el conflicto se trasladara hacia países vecinos de aquél, como Pakistán. La mala suerte ha sido tal para el presidente Obama, que ni siquiera hechos de menor envergadura, como la oferta de eliminación de la cárcel de Guantánamo, o la sustitución de los procesos militares, por juicios civiles a los allí detenidos, han podido materializarse. Políticas éstas, sin incluir otras de mucho mayor interés para el grueso de la población estadounidense, como la crisis económica, y todos los aspectos vinculados con ésta, como el desempleo, el recorte o no de los impuestos, la situación inmobiliaria, la disminución del gasto público, entre otras, lo cual ha llevado al jefe de Estado a una considerable disminución de su popularidad. Si a esto le incluimos la pérdida de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, en las pasadas elecciones parlamentarias, el reto que tiene entre manos el mandatario, si quiere continuar viviendo en la Casa Blanca, no es poca cosa. Comprenderemos entonces el interés de eliminar toda huella de crisis, o tensión política -al menos a simple vista- en el continente. De todos los jefes de Estado considerados para colaborar con Obama, no hubo mejor candidato que Juan Manuel Santos, presidente de Colombia. Este, recién estrenado como gobernante, necesita, de todas-todas, estar de buenas con su homólogo estadounidense, si de verdad quiere echar a andar su política de “prosperidad democrática”. La necesidad de profundizar su relación con los Estados Unidos, representa no sólo la materialización del tan esperado Tratado de Libre Comercio (TLC) con dicho país, sino la continuación de la colaboración que desde hace décadas ha facilitado el gobierno norteamericano, en la lucha contra el narcotráfico y ahora contra el terrorismo. De allí, que el argumento que el gobierno colombiano ha dejado colar, respecto a que “de no ser tratados como un socio igualitario por los Estados Unidos, Colombia buscará nuevos destinos”, resulte poco menos que creíble. Lobbies van y lobbies vienen, presencia en los medios de comunicación de los Estados Unidos a cada rato de personalidades justificando la necesidad de la ratificación del TLC, preparación de documentos a los cuales se ha comprometido el presidente Santos remitir a la Casa Blanca, visitas del vicepresidente y del presidente de Colombia a los Estados Unidos, y ahora incluso la solicitud del gobernante colombiano para que sus antecesores en la Casa de Nariño, se lancen al ataque en pro de dicho Tratado, evidencian que una cosa es lo que se dice al tratar de no demostrar desesperación, y otra muy distinta son las acciones tomadas a fin de amarrar el negocio. Dos han sido los asuntos qué tratar respecto a la situación latinoamericana: 1.-Venezuela, de cuyo presidente, Obama no quiere escuchar ni un silbido; y 2.- La crisis de Honduras, mancha oscura en la historia de nuestras democracias, toda vez que, aparte de Cuba, su origen democrático ha sido cuestionado por ciertos gobiernos del hemisferio. En base a esto, el gobierno de Colombia empezaría su tarea. Quiso la fatalidad para el narcotraficante Walid Makled aparecer en territorio colombiano en momentos tan propicios para los intereses colombo-venezolanos. Esto explicaría el que en noviembre pasado, el presidente Santos, aún sin esperar la decisión de la Corte Suprema de Justicia al respecto, se arriesgara a comprometerse a extraditar a dicho criminal a Venezuela, una vez terminaran los trámites legales. Para los conocedores de la personalidad del mandatario, este hecho, de adelantar opinión frente a una institución como la Corte Suprema de Justicia, que produjo tantos dolores de cabeza a su antecesor, no podía obedecer sino a un acto deliberado. De hecho, si comparamos tal actitud con la asumida por él dos meses después, durante su viaje a Europa, veremos que la diferencia fue notable. En esta oportunidad, ante las interrogantes surgidas por las llamadas “escuchas ilegales” en Colombia (chuzadas), en donde se pretende involucrar al ex mandatario Álvaro Uribe, Santos actuaba con profusa prudencia durante el programa de televisión “Hard Talk”, de la cadena “BBC” de Londres, respondiendo que “estaría, muy, muy triste, si eso ocurriera, pero lo aceptaría, por supuesto” (sic). El problema no radica en analizar, por enésima vez, si fue USA o Venezuela quien solicitó primero la extradición del delincuente Makled. La situación estuvo muy clara desde un principio para el gobernante colombiano; y es que si quería ganarse el favor de su homólogo venezolano, a fin de mejorar las relaciones comerciales, y a su vez tranquilizar al jefe de Estado norteamericano, la extradición comprometida era más que necesaria. Como dirían por allí: con Makled, Santos mataba a dos pájaros con una misma piedra. Es cierto que en el país del norte ha habido descontento con la medida en cuestión, tanto así que hasta aquellos congresistas que han venido confirmando su deseo de votar a favor del TLC, han manifestado su disgusto con dicha extradición. Pero lo que es una realidad, es que la decisión de extraditar al narcotraficante no estaba dirigida a satisfacer más que a una sola persona: el inquilino de la Casa Blanca. Ya éste verá cómo cumple sus promesas para con su colega colombiano. El otro caso vinculado a Venezuela, y mucho más difícil de digerir, se refiere al conflicto surgido entre ambos gobiernos, como consecuencia de la denuncia que el pasado año, el gobierno colombiano interpusiera ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), respecto a la presencia, casi convicta y confesa, de aproximadamente 1.200 guerrilleros colombianos, establecidos estratégicamente en 87 campamentos a lo ancho de la frontera venezolana. Recordemos incluso, que pocas horas después de publicitada dicha denuncia, al gobierno de Venezuela no le quedó más remedio que romper relaciones diplomáticas con aquél. Por lo menos con esto trataba de enderezar el entuerto que significaba la evidencia presentada frente a la comunidad internacional. Como dirían en España, lugar aprovechado por el jefe de Estado colombiano para deslastrarse de tan dramática denuncia: “la oportunidad la pintan calva”; y es así que, en plena visita ante la Madre Patria, el pasado 12 de abril, frente a la “Televisora Española”, el presidente Santos declaraba: “Tenemos constancia de que los campamentos que nosotros teníamos ubicados ya no están ahí (en Venezuela)" (sic). Lógico es suponer que las palabras del actual mandatario no alegraran el espíritu del pueblo colombiano, y muy especialmente el de los casi 500 mil efectivos que conforman una de las fuerzas militares mejor preparadas del continente, quienes han visto desaparecer impunemente a dichos criminales hacia territorio venezolano. Tanto fue el efecto, que el propio ex presidente Álvaro Uribe manifestó públicamente su inconformidad con tamaña aseveración. Lo cierto del caso es que el gobernante reculó ante sus declaraciones iniciales. Aprovechando el inicio de la Semana Mayor, en entrevista exclusiva para la emisora de radio “la FM”, advertía: "Nunca dije que ya no hay presencia de las FARC en Venezuela, sino que los campamentos que teníamos localizados ya no están en el sitio donde sabíamos que estaban". Continuando más adelante: "No dije ni que esos campamentos se trasladaron a Colombia, ni que se mantuvieron en Venezuela, porque no lo sabemos. Infortunadamente la labor de inteligencia que se acumuló durante mucho tiempo se perdió porque ellos (las FARC) se dieron cuenta de que los estábamos vigilando y tomaron precauciones". Insistiendo, por último, que “hoy por hoy el Gobierno no sabe si esos campamentos están en Venezuela o en Colombia(sic). Olvidaba el mandatario en esta nueva intervención, sus declaraciones durante el almuerzo-conferencia organizado por el “Foro de la Nueva Economía”, en el Hotel Ritz de Madrid, durante el mismo viaje a España, en donde ante las insistentes preguntas de los periodistas invitados, desdecía anticipadamente de la aclaratoria antes referida, afirmando categóricamente: “Hemos visto actividad de guerrilleros de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y del ELN (Ejército de Liberación Nacional), cada vez más activa en la frontera. Es decir, los hemos visto trasladándose a Colombia(sic). Quiso la casualidad, este 19 de abril, que los medios de comunicación internacionales recogieran una reciente solicitud, que supuestamente realizara el máximo líder de las FARC, alías “Alfonso Cano”, ordenándole al comandante guerrillero, “Grannobles”, (hermano del fallecido jefe guerrillero “Mono Jojoy”), que “deje el refugio que tiene en la frontera con Venezuela y vuelva al combate”. Como se ve, al parecer el único confundido respecto al paradero de la guerrilla colombiana, es el mismo presidente Santos. El segundo caso que el gobierno norteamericano requiere finiquitar antes de la próxima Asamblea General de la OEA, a realizarse en junio, en El Salvador, se refiere a la reincorporación de Honduras al organismo hemisférico, a cuyo efecto necesita del concurso de sus Estados miembros. Siendo por todos conocido que la piedra de tranca para tal situación, lo ha sido el gobernante venezolano, era obvio suponer la necesidad de “solicitar su buena pro” para tan delicada misión. Nuevamente resultaría de una incuestionable utilidad la intervención divina del gobernante Santos. Y así, como quien saca un conejo de un sombrero, aparece el presidente hondureño, Porfirio Lobo, en la tan esperada reunión Santos-Chávez en Cartagena de Indias, el 9 de abril pasado. El resultado del cónclave no se hizo esperar, hasta el punto de que a la salida del mismo, Lobo adelantara información sobre su próxima reunión, la cual pretende celebrar en compañía de sus mismos anfitriones, y del otrora indiciado, y ahora libre de culpa, el ex presidente Manuel Zelaya. La situación de Honduras amerita una consideración especial, por el hecho de hacernos recapacitar respecto a antiguas prácticas que los demócratas del mundo supusimos superadas. A raíz de la violación de principios constitucionales, definidos como delictivos por la propia Constitución hondureña, el para entonces presidente Zelaya, fue destituido de su cargo, y ordenada la apertura de varios procesos judiciales en su contra. Paralelamente, Honduras fue suspendida de la OEA, por considerarse irregular la manera como Zelaya fue destituido de su cargo. Para nadie es un secreto que el gobierno que lideró esta suspensión, así como el establecimiento de una serie de sanciones políticas y económicas, fue Venezuela. El caso es que, sin que hubiera mediado un proceso judicial de por medio, y a sabiendas de que en dicho país no procede el juicio en ausencia por los delitos imputados al ex gobernante, la Corte Suprema de Justicia de Honduras “suspendió”, el pasado 25 de marzo, las tres órdenes de captura que operaban en contra del ex mandatario -entre ellas dos por procesos en los que era acusado por corrupción. Esta situación, de desmantelamiento de las instituciones del Estado hondureño, resulta altamente preocupante. De hecho, en el mes de enero de este año, la Presidenta del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Ileana Ros-Lehtinen, en comunicación enviada al subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Arturo Valenzuela, advertía que “Los Estados Unidos debe cesar de presionar a Honduras para que absuelva al ex presidente Manuel Zelaya” (sic). Incluso, el propio Arturo Valenzuela, meses atrás, en una conferencia en el “Brooklyn Institute, en Washington DC, señalaba que “el presidente hondureño, Porfirio Lobo, ha hecho sus deberes y ha preparado el terreno para que Honduras sea readmitida en la OEA”(sic). La interrogante que se presenta a raíz de esta manera anti jurídica de resolver la causa del ex mandatario hondureño, nos obliga a preguntarnos si serían esos, “los deberes”, a los cuales hacía referencia el representante de la diplomacia norteamericana. De ser así, el hecho no puede ser más alarmante, al verificar que esos valores, de respeto absoluto a las instituciones del Estado, y de independencia de los poderes públicos, tan estrictos dentro del territorio norteamericano, no se compaginan con los parámetros exigidos por las mismas autoridades estadounidenses, cuando de otros gobiernos se trata. La intervención de otros Estados en los asuntos internos de Honduras ha llegado a un extremo tal, que nuevamente la congresista Ros–Lehtinen, el 19 de abril pasado, hace pública su preocupación al señalar “que la presión internacional, para forzar el retorno del ex Presidente hondureño Manuel Zelaya usurpa la soberanía de Honduras porque Zelaya fue removido de su cargo por violar la Constitución hondureña”. Urgiendo a todos los países miembros de la OEA a “desistir de esas tácticas de presión”; así como pidiéndoles que “reinstalen a Honduras durante su próxima reunión del mes de junio”. Tales circunstancias deben hacernos recapacitar respecto a lo frágiles que resultan nuestras democracias, al depender las unas de las otras de acciones u omisiones de nuestros mandatarios, los cuales en muchos casos ni siquiera se han puesto a pensar las consecuencias que puedan generar sus actos. El caso actual de Colombia es un ejemplo de ello. Colombia, un país con unos antecedentes tan complejos, pasó de considerarse prácticamente un Estado fallido, a un ejemplo de perseverancia en la lucha por la democracia. Seguramente existen decenas de historias respecto a los grandes sacrificios que esto ha ameritado. Uno de esos ejemplos que se nos vienen a la memoria se refiere al capitán Camilo González, oficial de inteligencia, adscrito a la regional de Inteligencia de la Primera División del Ejército (RIME), en Santa Marta, Colombia, y el cabo Gregorio Martínez, también dedicado a labores de inteligencia. Ambos militares no tuvieron la suerte de escuchar las palabras de su presidente respecto a la pretendida desocupación, desaparición, mudanza, o como se le quiera llamar, de las FARC, del territorio venezolano. Los cuerpos sin vida de estos dos militares aparecieron con señales de haber recibido terribles torturas, en territorio fronterizo de Venezuela, en el 2007. Es cierto que ya han pasado cuatro años de este terrible suceso, pero lo grave de la situación no es únicamente la irreparable muerte, y terrible sufrimiento que han debido padecer estas personas. El hecho es que la historia completa no deja de ser más asombrosa aún, al conocerse que supuestamente dichos militares fueron descubiertos por miembros de la guerrilla, y por oficiales, dentro de territorio venezolano, quienes al parecer los habrían trasladado a la sede del “Destacamento de Apoyo Aéreo # 1 de la Guardia Nacional”, en el estado Zulia. Lo demás es historia: los cuerpos fueron encontrados en las circunstancias descritas. Por si esto fuera poco, la información apunta a la participación de un altísimo funcionario de la inteligencia militar venezolana, el cual habría dado la orden de proceder como en efecto sucedió. Todos estos eventos nos llevan a considerar la difícil situación en la cual se encuentra el gobernante colombiano, quien, “por razones de Estado”, actúa con amigable consideración, mientras los indicadores demuestran que con nuevos amigos como los suyos, no necesita enemigos. Si a esto le agregamos la inmensa responsabilidad que dicho funcionario ha heredado de su antecesor, en el sentido de haber convertido éste a Colombia no sólo en un ejemplo a seguir, sino en el muro de contención del socialismo del siglo XXI y/o la revolución bolivariana, el peso que tiene sobre sus hombros el mandatario no es nada envidiable. El caso del presidente Obama resulta menos comprensible. Este, desconociendo las realidades de este lado del hemisferio, pareciera dirigir su política exterior como quien pretende completar un rompecabezas, con piezas extrañas y a empujones. No estamos aquí para juzgar a nadie, pero en el caso de estos dos gobernantes, es innegable que todos seremos beneficiarios, o víctimas, de sus aciertos o desaciertos. El tiempo dirá si dichos mandatarios pensaban para la próxima generación, o si simplemente lo hacían para la próxima elección.
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