El fusil de Bolívar

Por: Pablo Aure - La semana pasada, el prócer de nuevo cuño, sentenció lo siguiente: “A la jueza esa deberían meterle 30 años de cárcel. Simón Bolívar hizo un decreto: aquél que tome un centavo del Tesoro público será pasado por las armas, es decir, fusilado, y el juez que no lo hiciera será también pasado por las armas”.Sinceramente, si algo tenemos que deducir sobre estas palabras de Hugo Rafael, no es algo distinto a exclamar: Ese hombre no quiere a su familia. La verdad es esa. Si Bolívar estuviera vivo, yo creo que ningún miembro del clan Chávez se hubiese salvado, comenzando por el mismísimo jefe de Estado. Cuántos millones no ha tomado del Tesoro nacional para regalárselo a Fidel, a Evo, a Daniel Ortega, a Rafael Correa, y probablemente al finado Manuel “tirofijo” Marulanda, o al “mono Jojoy”. Quizás bajo ese mismo concepto hoy no tendríamos ningún magistrado en el Tribunal Supremo de Justicia, o, la Asamblea Nacional estuviera llena de cruces con las letras Q.E.P.D. y en todos los ministerios se vestirían de luto cerrado. Esa sería la situación actual, si tomáramos como válidas las afirmaciones de Hugo Rafael referidas al Libertador.En el comunismo no se tolera la separación ni la autonomía de los Poderes. Lo que está planteado es la institucionalización constitucional del poder único, especie de regresión a la premodernidad, sin ningún sustento racional, fuera de los parámetros del mundo civilizado. No existe la división de los Poderes. Hay un solo poder. Claro, el de la autocracia, el del dictador, el del viejo monarca que cumplía su capricho antes del siglo de las luces, y antes de la toma de la Bastilla y todo lo demás. Es un arrebato estalinista de comienzos del siglo XX, que concentró las fauces del Estado en una sola persona, criminalizando la disidencia, dictando las leyes que quería y ordenando la justicia a su antojo; por ello, no extraña que a la jueza María Afiuni que ellos -los chavistas- nombraron, en el área Metropolitana, sin Debido Proceso, sin investigación previa, el ejecutivo, el poder, de inmediato la detenga, la juzgue y la condene, sin la intervención de ningún otro órgano del Estado, incluso, con la entrega informal de los mismos. Como ya lo hemos dicho, con prescindencia de su decisión, ella, como cualquier ciudadano venezolano, tiene el derecho a la defensa y sus decisiones deben ser respetadas o impugnadas por los órganos competentes. Si del contenido de la misma se sugiere un delito, la Fiscalía, en vez de cumplir la orden presidencial, ha debido mandar a callar al presidente y tomar las riendas del proceso. Por ello no les gusta ni la división, ni la separación. Les gusta es la subordinación de unos individuos, que no tienen poder, que están a la merced de los designios del único que lo posee en la realidad.