Foto: Estudiante Julio Cesar Rivas (esposado).
Las sirenas de la policía política venezolana retumban en el calabozo del comisario Henry Vivas, que además de sufrir la falta de aire y luz en su encierro, tiene la audición afectada por el constante aullido de las patrullas, cuentan sus familiares. Su hermana Nubia Vivas le sugirió pedir cambio a la prisión militar de Ramo Verde, que es más cómoda, pero el ex jefe de la policía metropolitana de Caracas, sentenciado por violación de derechos humanos y el asesinato de tres personas, dice que saldrá del calabozo a su casa. "Dejó toda su vida en la policía y mira cómo lo premian: lo condenaron sin una prueba, sin un documento. Es un preso político, con un año de cárcel por cada año de servicio", dijo a Reuters Nubia aún indignada por la sentencia a 30 años emanada en abril, casi cuatro años después de su arresto. Vivas, otros dos comisarios y un grupo de policías fueron sentenciados por atacar una concentración oficialista el 11 de abril del 2002 en confusos sucesos que antecedieron el breve derrocamiento del presidente Hugo Chávez, aunque la oposición dice que los defendía de un ataque armado. Organizaciones locales de defensa de derechos humanos estiman que el Gobierno de Chávez tiene más de 40 presos o perseguidos políticos y más de 2.000 procesados por participar en protestas opositoras, laborales o por falta de servicios públicos, muchos de ellos con poca notoriedad. "Se ve una relación casi sistemática entre las opiniones del Poder Ejecutivo y las decisiones que se toman en el Poder Judicial y las instituciones básicas de protección", afirmó Liliana Ortega, directora de la organización defensora de derechos humanos Cofavic. El mandatario evita generalizar sobre el tema -aunque los ha calificado como "políticos presos"- niega que se les persiga por razones políticas y califica a los procesados como corruptos y asesinos, según el caso. Sus adversarios leen entrelíneas. "Nunca un Gobierno va a aceptar que persigue por motivos políticos. A los efectos de respaldar una persona que tu metes presa o un perseguido político, siempre vas a manipular la justicia a tal efecto", dijo a Reuters el abogado Alfredo Romero, que ha actuado como defensor en varios de los casos. CONTENER PROTESTAS - "El Gobierno reprime para detener las manifestaciones ¿Logrará hacerlo? No lo sabemos. Pero detiene a un estudiante que no es tan conocido para que el más conocido no siga movilizando gente y a un líder político para que los dirigentes sepan que no son intocables", afirma Romero. Entre los supuestos perseguidos están dos ex ministros de Chávez -ambos generales retirados-, políticos opositores, estudiantes y empresarios encarcelados sin sentencia. Varias organizaciones denuncian un patrón de conducta que comienza con un anuncio del presidente de acciones judiciales contra una figura, o acusaciones que lucen desproporcionadas para el caso de protestas, seguidas por la privación de libertad y reclusión en las violentas cárceles venezolanas. MINISTROS Y ESTUDIANTES - Usón fue encarcelado dos años después de ser ministro de Finanzas por 45 días, cargo que abandonó en abril del 2002 acusando a Chávez de reprimir a quienes le pedían renunciar. Recibió condena por ultraje a la Fuerza Armada y por opinar en televisión sobre un caso que incluía soldados y oficiales. El ex funcionario terminó su pena en libertad condicional, por lo que no compartió en la prisión militar de Ramo Verde con el ex ministro de Defensa general retirado Raúl Isaías Baduel, acusado de corrupción luego de distanciarse del "chavismo". El oficialismo consideró a Baduel el gran héroe de abril del 2002 porque su actuación fue crucial para que Chávez retornara al poder, pero años después el general denunció que su antiguo compañero de armas quería "eternizarse en el poder" y desde entonces pasó a las filas de los "traidores". "No lo persigo, más bien me duele lo que le pasó", dijo Chávez el domingo al acusar a Baduel de corrupto. Entre los más recientes encarcelamientos está el del estudiante de 22 años de edad Julio Cesar Rivas, imputado por "incitación a la guerra civil" y remitido a una peligrosa cárcel por romper una barrera de contención y supuestamente arremeter contra efectivos policiales durante una marcha. El joven podría recibir hasta nueve años de cárcel por la acción en la que estarían implicadas unas 12 personas más, incluyendo al prefecto de Caracas, Richard Blanco, que depende de la Alcaldía Metropolitana del opositor Antonio Ledezma.
Las sirenas de la policía política venezolana retumban en el calabozo del comisario Henry Vivas, que además de sufrir la falta de aire y luz en su encierro, tiene la audición afectada por el constante aullido de las patrullas, cuentan sus familiares. Su hermana Nubia Vivas le sugirió pedir cambio a la prisión militar de Ramo Verde, que es más cómoda, pero el ex jefe de la policía metropolitana de Caracas, sentenciado por violación de derechos humanos y el asesinato de tres personas, dice que saldrá del calabozo a su casa. "Dejó toda su vida en la policía y mira cómo lo premian: lo condenaron sin una prueba, sin un documento. Es un preso político, con un año de cárcel por cada año de servicio", dijo a Reuters Nubia aún indignada por la sentencia a 30 años emanada en abril, casi cuatro años después de su arresto. Vivas, otros dos comisarios y un grupo de policías fueron sentenciados por atacar una concentración oficialista el 11 de abril del 2002 en confusos sucesos que antecedieron el breve derrocamiento del presidente Hugo Chávez, aunque la oposición dice que los defendía de un ataque armado. Organizaciones locales de defensa de derechos humanos estiman que el Gobierno de Chávez tiene más de 40 presos o perseguidos políticos y más de 2.000 procesados por participar en protestas opositoras, laborales o por falta de servicios públicos, muchos de ellos con poca notoriedad. "Se ve una relación casi sistemática entre las opiniones del Poder Ejecutivo y las decisiones que se toman en el Poder Judicial y las instituciones básicas de protección", afirmó Liliana Ortega, directora de la organización defensora de derechos humanos Cofavic. El mandatario evita generalizar sobre el tema -aunque los ha calificado como "políticos presos"- niega que se les persiga por razones políticas y califica a los procesados como corruptos y asesinos, según el caso. Sus adversarios leen entrelíneas. "Nunca un Gobierno va a aceptar que persigue por motivos políticos. A los efectos de respaldar una persona que tu metes presa o un perseguido político, siempre vas a manipular la justicia a tal efecto", dijo a Reuters el abogado Alfredo Romero, que ha actuado como defensor en varios de los casos. CONTENER PROTESTAS - "El Gobierno reprime para detener las manifestaciones ¿Logrará hacerlo? No lo sabemos. Pero detiene a un estudiante que no es tan conocido para que el más conocido no siga movilizando gente y a un líder político para que los dirigentes sepan que no son intocables", afirma Romero. Entre los supuestos perseguidos están dos ex ministros de Chávez -ambos generales retirados-, políticos opositores, estudiantes y empresarios encarcelados sin sentencia. Varias organizaciones denuncian un patrón de conducta que comienza con un anuncio del presidente de acciones judiciales contra una figura, o acusaciones que lucen desproporcionadas para el caso de protestas, seguidas por la privación de libertad y reclusión en las violentas cárceles venezolanas. MINISTROS Y ESTUDIANTES - Usón fue encarcelado dos años después de ser ministro de Finanzas por 45 días, cargo que abandonó en abril del 2002 acusando a Chávez de reprimir a quienes le pedían renunciar. Recibió condena por ultraje a la Fuerza Armada y por opinar en televisión sobre un caso que incluía soldados y oficiales. El ex funcionario terminó su pena en libertad condicional, por lo que no compartió en la prisión militar de Ramo Verde con el ex ministro de Defensa general retirado Raúl Isaías Baduel, acusado de corrupción luego de distanciarse del "chavismo". El oficialismo consideró a Baduel el gran héroe de abril del 2002 porque su actuación fue crucial para que Chávez retornara al poder, pero años después el general denunció que su antiguo compañero de armas quería "eternizarse en el poder" y desde entonces pasó a las filas de los "traidores". "No lo persigo, más bien me duele lo que le pasó", dijo Chávez el domingo al acusar a Baduel de corrupto. Entre los más recientes encarcelamientos está el del estudiante de 22 años de edad Julio Cesar Rivas, imputado por "incitación a la guerra civil" y remitido a una peligrosa cárcel por romper una barrera de contención y supuestamente arremeter contra efectivos policiales durante una marcha. El joven podría recibir hasta nueve años de cárcel por la acción en la que estarían implicadas unas 12 personas más, incluyendo al prefecto de Caracas, Richard Blanco, que depende de la Alcaldía Metropolitana del opositor Antonio Ledezma.
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