Lecciones de Clarines

Quien no aprende de los errores está condenado a repetirlos. Este dicho viene al caso por la ya reiterada costumbre de las autoridades venezolanas de tratar de escabullir sus responsabilidades para montarlas en los hombros de terceros. Este pernicioso hábito pareciera estar replicándose en el caso del accidente de tránsito de un camión que transportaba 17 cilindros de gas-cloro, ocurrido el miércoles 16 de septiembre en el pequeño poblado de Clarines, Estado Anzoátegui. Este trágico accidente hasta ahora ha cobrado 11 vidas de venezolanos, y ya contabiliza 300 lesionados, debido a la alta toxicidad del producto transportado, cuyo embasado, manejo y transporte está normado en la Ley de Substancias Desechos y Materiales Peligrosos. Preocupa a los analistas, que hasta ahora el único inculpado por la Fiscalía de la República sea el chófer del camión, como si el transporte y traslado seguro de sustancias o materiales peligrosos no involucrara la participación de tres sectores (quien surte el producto, quien lo transporta y quien lo recibe), tal como explica el especialista en Emergencias HazMat, Ricardo Mendoza, en su artículo "Clarines ni tan claro".Y preocupa más aún porque, en este caso, la empresa que surte el producto es la estatal Pequiven, adscrita a PDVSA. Es decir, Pequiven tiene la responsabilidad suprema de velar que las empresas y personas a quienes les entrega sustancias peligrosas, que como el gas cloro pueden afectar irreversiblemente al ser humano y al ambiente, "posean la documentación legal completa y vigente, tengan el adiestramiento requerido para el tipo de producto, equipos de control de emergencia y que las unidades de transporte estén en buen estado". Incluso, esto es lo que alega el representante de la empresa transportista, quien afirma que Pequiven fue la encargada de supervisar que se cumplieran las normas de seguridad tanto en los contenedores como en la disposición de la carga, además de indicar que las bombonas son propiedad de Pequiven y por tanto es de su completa responsabilidad garantizar el buen estado de las mismas.Lamentablemente, pareciera que una vez más aflora la impericia, la falta de inversión en nuevos equipos y en mantenimiento, que viene socavando la operatividad y la seguridad industrial de las empresas estatales, gracias a que en ellas privan criterios políticos sobre los gerenciales. Claramente esto se evidencia en PDVSA, otrora ejemplo de seguridad industrial y minimización de accidentes de trabajo, que según el ex gerente petrolero Ramón Cornieles, en los últimos seis años ha registrado 156 accidentes en las refinerías nacionales, con un saldo de 42 muertos, 138 lesionados, y 50 incendios y explosiones, paradas no programadas de plantas, plantas de suministro, roturas de oleoductos, colisión de buques, daños a los pozos petroleros y derrames de combustible. Sin exculpar a priori la responsabilidad que pueda tener el conductor de la gandola, también es oportuno destacar dos hechos importantes. 1) Que en fechas previas la prensa regional reportaba sobre el pésimo estado de la vía hacia Clarines, que venía ocasionando frecuentes colisiones, lo cual es responsabilidad de la Gobernación y del Ejecutivo Nacional. 2) Que según algunos reportes, el fallecimiento de algunas de las víctimas fue a consecuencia de las precarias condiciones del Hospital de Clarines, también responsabilidad de ambos entes públicos. A fin de minimizar las posibilidades de que se repitan las letales consecuencias de Clarines, el llamado al Gobierno Nacional es que retome las políticas y las medidas de seguridad en toda la industria nacional, en especial la petrolera y petroquímica; que le dé mantenimiento a la infraestructura vial del país y que dote los hospitales de la nación. Es decir, que gobierne, gerencie y administre los recursos del Estado para bien de sus ciudadanos, que es lo que le compete.. Disponible en inglés en: www.veneconomy.com a partir de las 4:00 p.m.