EL PERIÓDICO - GUATEMALA - El defenestrado ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya, ingresó subrepticiamente al territorio hondureño y se refugió en la Embajada de Brasil. El defenestrado ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya, ingresó subrepticiamente al territorio hondureño y se refugió en la Embajada de Brasil, desde donde ha venido convocando a concentraciones y manifestaciones en contra del gobierno de Roberto Micheletti, que asumió el pasado 28 de junio, inmediatamente después de que el Congreso desconociera a Zelaya y los tribunales de justicia promovieran la persecución penal en su contra por la presunta comisión de varios delitos. Indudablemente, resulta un caso inédito que los diplomáticos de un país acreditante (en este caso Brasil) se presten para apuntalar una posición política en un país receptor (en este caso Honduras). De cualquier manera, el Artículo 41, numeral 1, de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas dispone: “Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. También están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado”. Los diplomáticos brasileños acreditados en Honduras claramente se están inmiscuyendo en los asuntos internos de dicho país. La crisis política está planteada, gracias a la tremenda mediocridad de los políticos hondureños, así como a la irresponsable parcialidad del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en favor de la restitución de Zelaya. Zelaya es, además de mediocre, irresponsable, porque su ambición reeleccionista fue el detonante de la crisis político-institucional que vive Honduras. La causa de la causa es causa del mal causado, dice un viejo aforismo jurídico. Si Zelaya no hubiera intentado violar la prohibición de reelección presidencial consagrada en la Constitución, no hubiera sido defenestrado y expulsado del territorio hondureño por los militares. Los funcionarios del Legislativo y Judicial también son mediocres, porque, en vez de sentar en el banquillo de los acusados a Zelaya por sus presuntos crímenes, que es lo que ordena la ley, consintieron en que los militares lo expulsaran. Luego, deslegitimaron el proceso de sucesión presidencial. Cualquiera diría que lo que procede ahora es que el Gobierno hondureño rompa relaciones diplomáticas con el brasileño, expulse a sus diplomáticos y detenga a Zelaya para su juzgamiento. Sin embargo, esto ya es demasiado tarde y lo lógico es abrir a una negociación política que asegure una amplia amnistía y un proceso electoral reconocido internacionalmente.
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