martes, 21 de julio de 2009

Bozal de arepa


En la prensa nacional de este fin de semana se reseñaron dos informaciones que indican el tipo de medidas controladoras que llevarán a los venezolanos a la servidumbre comunista.La primera, vino de las bocas de los ministros de Agricultura, Elías Jaua, y de Alimentación Félix Osorio. Estos funcionarios informaron que entre los objetivos del Gobierno está asumir paulatinamente la importación de alimentos esenciales (arroz, maíz, leche, carne de res, caraotas, pollo, aceite y azúcar, entre otros). La excusa oficial esgrimida es "evitar que las empresas privadas sigan negociando con los dólares al cambio oficial". Pero, la razón real, tras bastidores, es la creencia del Gobierno de que puede seguir extendiendo el monopolio del Estado en toda la cadena productiva, distribuidora y comercializadora del país. Está tan envalentonado con el control que ya tiene en la cadena de frío, los puertos y las almacenadoras, que ahora piensa apoderarse de la distribución de toda la cadena alimentaria.Partiendo de la ineficiencia y poca transparencia demostrada en las estatales Casa, Mercal y PDVAL, se puede anticipar que ese monopolio que el Gobierno piensa instaurar en la cadena de producción impactará negativamente a los abastos, supermercados, bodegas y a toda la cadena de distribución. Este impacto se traduciría en la destrucción de las relaciones comerciales construidas por largos años a punta de respeto y confianza entre proveedores y clientes hasta subyugar a los minoristas a la discrecionalidad de los burócratas sin cara pero con grandes bolsillos para llenar a punta de corrupción. Además, traerá desabastecimiento de los productos básicos de consumo del venezolano y, en consecuencia, la instauración de un sistema de racionamiento a la cubana. Lo que estaría detrás de estas medidas en contra de los empresarios es radicalizar un proceso y neutralizar la relación empresario-cliente, para sustituirla por una Gobierno-pueblo.La segunda información provino de un alerta lanzado por los trabajadores informales organizados de Caracas. Estos microempresarios denunciaron a El Nacional, que están laborando en un ambiente de incertidumbre debido a que la Alcaldía de Libertador no les ha entregado la titularidad de sus negocios desde 2008. Es decir, desde hace un año no han recibido sus papeles de propiedad, comodato o de concesión. A esto se le suma que no se les da información sobre su status y se les cambian las reglas de juego constantemente. Entre los más agraviados están los dueños de los kioscos de prensa, quienes luego de un año de que el Gobierno les sustituyera sus kioscos de manera inconsulta no han recibido un papel de titularidad, y se encuentran en un limbo legal.Otros microempresarios amenazados son los vendedores de perros caliente, quienes afirman que se ha llegado al colmo de exigirles rotar cada semana sus puntos de venta, entre otras razones, porque van en búsqueda de una supuesta equidad, sin contar que éstos son unos comerciantes que a punta de esfuerzo, constancia y tradición de servicio se han ganado una clientela en sus respectivos puntos de venta. A éstos incluso, se les quiere forzar a cambiar de rubro, por la absurda percepción de que el perro caliente es un alimento imperialista.Con esto también se quiere anular la relación empresario-cliente y sustituirla por una Gobierno-pueblo.El final será un bozal de arepa, con el gobierno deciendo qué, cuándo, cuánto y dónde comer a cada uno de los venezolanos. Disponible en inglés en: www.veneconomy. com a partir de las 4:00 p.m.

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