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martes, 1 de noviembre de 2011

Comunicado de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela frente a la aprobación de la Ley de Arrendamiento



Las organizaciones abajo firmantes, miembros de todos los estratos sociales, profesionales del sector inmobiliario y afines, sentimos la obligación y el deber de dirigimos al país, con la finalidad de hacer público nuestro rechazo al proyecto de ¨Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas¨, por considerar que la misma será nociva para toda la nación, indistintamente que hoy sean propietarios o inquilinos, y con quienes tenemos un deber insoslayable de entregarles una Venezuela próspera y viable, las generaciones futuras.

Queremos dejar constancia que hemos participado en las reuniones de parlamentarismo de calle, en las discusiones en la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, en las cuales se nos permitió exponer nuestras ideas, conceptos y visiones. Sin embargo, por ser ésta una ley de alto contenido político e ideológico, nuestros esfuerzos fueron a oídos sordos.

Queremos alertar a la ciudadanía sobre las consecuencias y efectos de esta Ley:
- Los inquilinos que han participado han sido una minoría no representativa de la totalidad de los arrendatarios, quienes en verdad tienen la necesidad imperiosa de mantenerse en el arrendamiento en condiciones justas.

- El Estado está trasladando su obligación de dar vivienda a la población en general, a los propietarios de viviendas arrendadas.

- Esta ley interviene la esfera de los particulares para arrebatarles lo que por derecho les pertenece, violentando normas Constitucionales y tratados internacionales. Se está utilizando la expropiación como una sanción, lo que resulta contrario a derecho, confiscatorio y excesivo.

- La Ley está premiando a los ciudadanos incumplientes de sus obligaciones contractuales, a ciudadanos que han cometido ilícitos, como el delito de invasión contenido en el Código Penal.

- Esta Ley está creando un sistema para beneficiar solamente a un grupo de inquilinos de hoy, y está haciendo aún más pesada la carga a los venezolanos que necesiten vivienda en el futuro. Nadie invertirá sus ahorros en una vivienda para arrendar ni se construirán nuevas viviendas para el alquiler. Es la muerte del arrendamiento, y la agonía de la propiedad privada.

- Los grandes perjudicados son los sectores populares, en quienes se concentra la mayoría de los inmuebles arrendados, no sólo por los efectos directos de muchos de los artículos de la nueva ley, sino por la conflictividad que se generará en la relación entre venezolanos.

- Esta Ley obliga a vender la vivienda al inquilino por un precio ínfimo, en detrimento del patrimonio familiar de miles de propietarios venezolanos.

Hemos señalado que dada la crisis del déficit de viviendas es necesario tomar medidas, pero nunca aquellas que violen la Constitución Nacional al quitarle al ciudadano el fruto de su trabajo, esfuerzo y ahorro.

Reiteramos nuestro objetivo central de participar activamente en actividades que satisfagan las necesidades de las familias venezolanas, en especial la de la vivienda y su propiedad. Creemos que la aprobación de esta ley deja de lado el problema real de los casi tres millones de familias que esperan tener una vivienda. Sin un trabajo conjunto entre el Gobierno y las empresas e instituciones que han participado exitosamente en la construcción y promoción de viviendas en el país, eso no será posible.

Hoy queremos dejar claro ante el país, ante nuestros gobernantes, y legisladores que, aunque participamos y tratamos de abrir nuevas líneas de pensamiento, de formular nuevas ideas, sólo nos dejaron hablar, pero nunca nos escucharon. Por ello no podemos convalidar el contenido de esta nueva ley de arrendamiento de vivienda, pues constituye un zarpazo y la muerte del arrendamiento y peor aún, la muerte de la propiedad privada que garantiza la Constitución a todos los venezolanos.

Que la ciudadanía tenga la seguridad de que continuaremos en la lucha para que prevalezca el respeto a los derechos constitucionales y a la igualdad de todos, en un marco jurídico claro y estable; siendo parte de la solución a los problemas de vivienda que nos afectan. No descansaremos, aportaremos y diremos lo que tengamos y a quienes tengamos que decirle, que la solución de nuestros problemas pasa por la inserción y el aporte de todos y cada uno de los habitantes de estas tierras venezolanas, sin discriminación. Empeñados que cada familia venezolana tenga una vivienda digna y podamos vivir en un clima de paz y prosperidad.
Caracas, 28 de octubre de 2011 - ORGANIZACIONES FIRMANTES
Cámara Inmobiliaria de Venezuela
Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos - APIUR
Cámara de Bienes Raíces
Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores - ANAUCO
CEDICE Libertad
Observatorio Económico Legislativo de CEDICE
Sociedad de Tasadores de Venezuela - SOITAVE
Movimiento para la Defensa del Patrimonio Familiar
Comité de Defensa de la Vivienda en Alquiler - CODEVIVIAL
Red de propietarios de Viviendas en Alquiler

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