Brújula Diplomática
Por Milos Alcalay
Al
cumplirse dos meses del cierre de fronteras con Colombia, constatamos
que ninguna de las razones esgrimidas por el Gobierno para justificar el
atropello a los ciudadanos de ambos países, han tenido los resultados
anunciados: sigue el desabastecimiento, el contrabando, la inseguridad
pero además se suman nuevos problemas como la evidente asimetría
política en vísperas de las elecciones en las regiones sometidas a un
inconstitucional y ventajista “estado de excepción”.
Este
tipo de medidas improvisadas y con fines electorales, además de
afectar a la población fronteriza, afecta el principio de la integración
suramericana tan anunciada por el Gobierno, ya que no solo viola los
acuerdos de integración física fronteriza acordada por ambos Estados en
múltiples instrumentos jurídicos, sino que también vulnera la libre
circulación de personas, bienes y servicios que fluían entre Venezuela y
-a través de Colombia- con otros países de la región como Ecuador,
Perú, Bolivia y otros hermanos de “Nuestra América”
Los
flujos migratorios de los países andinos por vía terrestre, permitían
que un autobús pudiera llevar al Perú a través de Cúcuta, a nuestros
ciudadanos venezolanos ya que la nueva realidad del éxodo y la
emigración nos ubican hoy no solo como una tierra de asilo -antes
abierta a los ciudadanos del mundo- sino que la diáspora venezolana
comienza a ser significativa al dar los primeros pasos de su condición
de emigrantes. Pero al mismo tiempo un ciudadano Peruano o Boliviano
podían beneficiarse de los Acuerdos de Migración Laboral adoptados por
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por Acuerdos Laborales
de la Comunidad Andina que gracias a las Cumbres Sociales han adoptado
el principio de la movilidad humana como elemento prioritario de la
integración de los pueblos.
Además
de la dimensión humana de las disposiciones que aíslan a Venezuela,
debemos preocuparnos también por el incumplimiento de la liberalización
de la libre circulación de bienes, servicios y capitales, que violan los
Tratados de Libre Comercio como los de Mercosur, o inclusive de países
socios de Venezuela a través del ALBA
Muy
preocupante ha sido también la “criminalización” de nuestros vecinos al
justificar las expulsiones llamándolos “para-militares o prostitutas”
unido a un discurso nacionalista y de seguridad nacional con peligrosos
tintes xenófobos y discriminatorios, que no se han borrado a pesar del
cambio de discurso que ahora utiliza el contradictorio termino de
“fronteras de Paz” pero que en el fondo muestra una creciente
militarización, que no solo se da en el lado Colombiano, sino también en
la frontera con Guyana, que ha denunciado ante los Países del Caribe y
de la Commonwealth el gravísimo Decreto 1787 –hoy derogado- pero que
mostró ante los vecinos terrestres e insulares un preocupante viso
neo-imperialista.
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