El declive de la educación en Venezuela

Desde la primera etapa de su Gobierno, Hugo Chávez, se planteó como un reto la creación de un hombre nuevo. Ese hombre que le era indispensable al Socialismo del siglo XXI para echar raíces en Venezuela.

Para tal reto, ideó misiones educativas a todos los niveles, en especial a nivel preescolar, primario y secundario. Una de las más emblemáticas fue la Misión Robinson, creada en julio de 2003 para erradicar el analfabetismo, que según cifras no verificadas del Gobierno, alcanzaban para ese año 1,5 millones de venezolanos, 300.000 más que los 1,2 millones que había arrojado el Censo Nacional de 2001.

Las tempranas maquinaciones de las estadísticas del Gobierno, más una aceitada maquinaria publicitaria, hicieron que parecieran creíbles los ¨logros¨ que anunciaban en la Misión Robinson. Tan creíbles que en octubre de 2005, la Unesco declaró al país libre de analfabetismo afirmando que Venezuela estaba dando “su más relevante contribución en la marcha común hacia la educación para todos”.

Pero, como nada está oculto bajo el sol, cuando en 2011 se realizó el Censo Nacional, la verdad salió a la luz, cuando el propio Instituto Nacional de Estadística (INE) tuvo que informar que 4,9% de la población era analfabeta (es decir de una población de 28.946.101 habitantes, de 1,4 millones venezolanos no sabían leer ni escribir). Un pobrísimo resultado: Desde 2003 a 2011, es decir en ocho años, la revolución tan solo había logrado alfabetizar menos de 100.000 venezolanos, del 1,5 millón que estimaron; pero en ese lapso se sumaron unos 200.000 más analfabetos de los que existían en 2001.

La realidad es que la Misión Robinson es otra promesa fallida, de las tantas que acumula la revolución bolivariana, que apenas muestra la punta del iceberg del gran fracaso que registra en materia educativa.

En el afán de ideologizar y adoctrinar a los niños y adolescentes, el Gobierno ha dejado de lado, por ejemplo:

1) El contenido de la instrucción. Ha eliminado del contenido curricular materias básicas como matemáticas, física, química y biología, así como también las materias sobre moral y cívica. Además ha distorsionado la historia, para justificar la desinstitucionalización democrática y la imposición del Plan de la Patria.

2) La calidad de la instrucción. Esta vez está cada vez más golpeada por la creciente escasez y falta de preparación de los docentes. Una profesión que está muy mal pagada, que no ofrece atractivo ni recompensa a quienes la escogen como ruta de vida. Hoy un docente apenas devenga Bs.9.301,37, Bs.2.000 por encima del salario mínimo, y menos de un tercio de la canasta alimentaria familiar que para julio se ubicaba en Bs.28.363,22, según el Cenda- Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores.

3) La infraestructura de los centros educativos. En general, los planteles de educación públicos muestran grave deterioro, y muchos adolecen de insalubridad. Según informa la prensa de este lunes, el 40% de los 22.543 planteles, que este año acogerán a unos 7,5 millones de estudiantes (uno de cada cuatro venezolanos), presentan importantes fallas en su infraestructura. La promesa de construir 14.000 centros educativos quedó en el aire. La desvergüenza es que esta semana el Ministerio de Educación informó en su cuenta twitter que inaugurará 183 planteles y para diciembre completará los 200. El detalle es que, según fuentes, en su mayoría las ¨nuevas¨ escuelas son centros remodelados, es decir la planta escolar no se incrementa.

4) El cumplimiento del cronograma escolar. Que se recuerde desde hace más de una década no se cumple en su totalidad el calendario escolar de 180 días. El Gobierno privilegia aspectos políticos sobre la disciplina escolar. Por cualquier evento inventado para lisonjear los valores o ídolos de la revolución se le resta días al cronograma escolar, tal como sucede en cada aniversario de la muerte del caudillo Chávez o procesos electorales. Este año lectivo comienza, por ejemplo dos días después del fijado por el Ministerio de Educación, sin que este explique el porqué.

En consecuencia, el hombre nuevo socialista está muy lejos de acercarse a los estándares de capacitación e instrucción internacionales. Un lamentable retroceso educativo con respecto a los niveles de excelencia alcanzados en la segunda mitad del siglo XX, que condenan a Venezuela al atraso en su desarrollo industrial, tecnológico y social.

VenEconomía Opina, 9 de julio de 2015

Ley del embudo Como en toda esta historia de inventos revolucionarios, en las relaciones empleador-empleados, el Gobierno impone legislaciones para estrangular a las empresas privadas mientras flagrantemente las empresas del Estado y todo el sector público se las pasa a la torera. Es el caso, por ejemplo, de la inamovilidad laboral que se estatuyó en Venezuela hace casi 11 años (desde el 30 de septiembre de 2004) para quedarse indefinidamente. Una medida que torna imposible a cualquier empresa prescindir de los servicios de un trabajador, por mucho que lo justifique, y aunque termine pagando un salario a quién no produce ni aporta su contraparte en la relación laboral. Una excepción a esta regla, son los periodistas, articulistas, analistas, columnistas, caricaturistas y humoristas contestatarios que resultan incómodos al Gobierno, a quienes por presiones de algún funcionario o de Miraflores, vienen siendo botados arbitrariamente. Mientras que en el sector público, para ser sacados de nómina solo basta no comulgar con el proceso, no obedecer el mandato del jefe a asistir a un evento político, o incluso manifestar en sus redes privadas alguna crítica a la revolución. Otro caso donde lo ancho del embudo está del lado del Gobierno es la aplicación del decreto habilitante de la Ley Orgánica del Trabajo (LOTTT) sobre la normativa de la Tercerización, que entró en vigencia el 7 de mayo de este año (al cumplir un vacatio legis de tres años contados desde la  publicación del decreto-ley).  Cabe acotar que esta Ley y sus normativas fueron promulgadas inconsultamente, sin participación alguna del resto de los dos actores del sector laboral (trabajadores y empleadores).  Su redacción es ambigua y discrecional. No es explícita en quiénes son trabajadores tercerizados, lo cual ha causado preocupación en el sector empresarial, pues pueden ser sujetos de las múltiples sanciones y penalidades que contempla la Ley. Y, en lo que respecta a los tercerizados de sector público, este sector aglutina a la mayoría de los trabajadores tercerizados vía cooperativas, empresas de producción social y el sin fin de empresas que tiene este Gobierno monopólico, no se conoce con exactitud su número: Ni el INE ni el Ministerio del Trabajo reportan estos datos. Ahora, Froilán Barrios, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y secretario general de la CTV, denuncia en un artículo publicado este miércoles 8 de julio en El Nacional, “las nuevas tropelías” que violan esta normativa de la LOTTT cometidas por organismos y empresas del Estado.  Indica Barrios, que el Ministerio de la Defensa y CORPOELEC, han acordado convenios entre la Gerencia Operativa de Distribución y Comercialización y la Milicia Bolivariana, para la ejecución del Plan de Pica y Poda en las líneas de distribución, dentro del plan de acción de la Gran Misión Eléctrica. Este convenio que busca “proveer del servicio eléctrico para el buen vivir de los venezolanos en todo el territorio nacional”, utilizaría milicianos imponiéndoles condiciones de trabajo cuestionables, entre las cuales, quienes integran las Unidades de Servicio y Mantenimiento del Plan Pica y Poda, “cumplieron DOS años prestando servicios y recibiendo con retraso la asignación por ración y alimentación incluso tienen hasta dos y tres meses sin cobrar”.  Explica Barrios que “en realidad son trabajadores tercerizados de Corpoelec” y, según sus jefes militares, “no tienen derecho a nada, ni a prestaciones sociales, ni seguridad social, quienes se valen de la indefinición de estos trabajadores para imponerles condiciones de trabajo esclavo, no conocidas siquiera en las maquilas de América Central”. Puntualiza que “siendo un gobierno que se define obrerista es detestable que mantenga al personal y lo manipule bajo la figura militar, para negarle sus derechos laborales y sindicales. De igual modo es lamentable que el Ministerio de la Defensa a través de la Milicia Bolivariana utilice práctica de mercaderes de personal como en la China Comunista”.  Lo grave es que según afirma Barrios, “esta práctica se ha extendido a empresas públicas como SIDOR, PDVSA, Hidrobolívar, Inviobras”. La ironía es que mientras miles de trabajadores venezolanos sufren este trato esclavo, el Gobierno está utilizando a sus sindicatos bolivarianos para ahorcar a Empresas Polar, una de las empresas que brinda mayores beneficios laborales y sociales a sus trabajadores.  Editores de VenEconomía

El costo de los errores

 

 

Por toda Venezuela se propaga el hambre y la muerte a causa de un proyecto político que dijo que sería la panacea de los pobres, y terminó siendo una fábrica de pobreza, miseria y marginalidad.

 

Una manera de medir cómo está la situación es poner atención a las voces de especialistas en materia agroalimentaria, que claman porque se decrete una emergencia en el sector; o escuchar a voceros oficiales, como el vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Carlos Osorio, reconociendo que se tiene apenas dos meses y medio de reserva de alimentos, una afirmación en extremo grave cuando es evidente que no se tiene ninguna garantía de que exista producción suficiente para reponer los productos alimenticios en los anaqueles, ni divisas para importarlas. 

 

La magnitud del problema de desinversión en el sistema productivo nacional, y por ende de su agotamiento y dependencia en las importaciones, es que hoy los inventarios de equipos y materiales médico-quirúrgicos que surten a la red de salud pública y privada sin inventarios, están agotados, tal como afirma esta semana, María Yánez, presidente de la Red de Sociedades Científicas y Médicas de Venezuela. 

 

Pero, la debacle del sector productivo, ocasionada por la toma sostenida por 16 años de tierras, propiedades y empresas de todo tipo y sector, así como por las violaciones al Estado de Derecho y a las libertades económicas, no se circunscribe a la parte alimentaria y farmacéutica. 

 

Hoy ya se sabe el costo que ha tenido echar al foso el empeño que desde los años 20 se tuvo para incentivar la producción no petrolera en Venezuela, y que tuvo su auge en el desarrollo de empresas de siderúrgica, aluminio, automotriz, de la construcción, telecomunicaciones y de ingeniería, entre otras. 

 

Hoy casi en su totalidad, estas están echadas al abandono, inactivas o con exigua producción, por falta de insumos y de divisas para importarlos.

Por si fuese poco, la política anti empresarial del gobierno también pone en tres y dos a las empresas extranjeras que arriesgan inversión en el país, dramatizado en tres noticias que llegan esta semana:

 

Una, de planta de Firestone de Valencia, la cual se paralizó el lunes de esta semana por falta de insumos, debido a que no le han sido liquidados más de $13 millones adjudicados en la subasta 26 del SICAD del pasado 3 de octubre. La planta registra en los últimos 12 meses una caída de 68,42% en su producción.

 

La segunda de la empresa Kimberly Clark Corp. de Estados Unidos que informó que había tenido que pasar a pérdida $462 millones debido a “dificultades” para conseguir dólares para pagar por los materiales empleados en la producción de papel sanitario y pañales desechables debido a que el gobierno de Venezuela no le estaba dando acceso a las divisas para el pago de la materia prima importada.

 

La tercera, es que la casa matriz de la Ford Motor Co. en los Estados Unidos informó que, ante la imposibilidad de obtener las divisas para pagar deudas y nuevas compras de autopartes, se había visto obligado a pasar a pérdida el 100% de su inversión en Venezuela, lo que implicó un cargo de $800 millones a sus utilidades de 2014.

 

La solución a este estado de precariedad del país para cubrir necesidades básicas de la población no se encontrarán ni en un Estado Mayor cívico-militar para “enfrentar la escasez”, ni en los captahuellas ni en la tarjeta de abastecimiento seguro por los que clama Nicolás Maduro.

 

La solución es restablecer el Estado de Derecho, garantizar la seguridad jurídica a los inversores y restituir las libertades económicas y civiles. Es decir, retornar a Venezuela a la democracia.

 

Editores de VenEconomía

Un enero de incertidumbre y preocupación

Tal como se preveía en la época decembrina de 2014 lo menos que brilló para los venezolanos fue el espíritu de la Navidad.

Los días se fueron en una perenne lucha por conseguir los insumos para la cena de Nochebuena y Año Nuevo; estirar los escuálidos ingresos para cumplir con los compromisos contraídos y los gastos diarios;  lograr que alcanzara algún dinero para no dejar morir la tradición del aguinaldo para los más chicos y parientes más cercanos; y  tratar de sortear la inseguridad y la delincuencia desbordada, que muchos no lograron y pasaron a engrosar la lista de los más de 25.000 caídos en manos del hampa en 2014.

Pero, si diciembre fue un mes difícil para la mayoría  de los hogares venezolanos, enero está resultando peor con creces. Este primer mes del año llegó con fuerza redoblada el problema de escasez generalizada de todo tipo de alimentos, medicinas, productos e insumos.

Este enero de 2015, al acostumbrado retraso de inicios de año en el abastecimiento de los distribuidores al detal por parte de distribuidores, se le suma:

1) Que el sector productivo ha llegado al límite del colapso agobiado por las deudas y la falta de recursos para poner en marcha la maquinaria de la producción nacional. Más grave aún los inventarios están agotados, luego del difícil y precario abastecimiento de 2014.

2) Que divisas no hay para continuar supliendo con importaciones la demanda nacional de bienes y productos básicos.

3) Que los precios del petróleo siguen en picada dejando las arcas de la República en niveles críticos. Hoy la cesta venezolana cae por debajo de $40 por barril.

4) Se registraron cambios en las relaciones políticas de EE.UU. y Cuba debilitan el discurso antiimperialista de Maduro y su corte, aunque no ha hecho mella en el afán de profundizar el socialismo del siglo XXI, todo lo contrario.

5) Existe una percepción más generalizada de la comunidad internacional del carácter felón y violador de derechos humanos del gobierno bolivariano, casado con las causas totalitarias y terroristas que hoy rechazan casi la totalidad de las naciones.

6) Pero, lo más trascendente, que el gobierno sigue sin entender que urge un cambio de rumbo en sus políticas económicas so riesgo de hundir al país en una irreversible debacle.

Los venezolanos siguen este enero esperando las necesarias rectificaciones en las políticas monetarias y cambiarias. El sector privado está a la expectativa de señales positivas del Ejecutivo Nacional que generen confianza en los inversores y reactive el mercado. Lamentablemente, lo que se percibe es una total inercia, indiferencia y torpeza de leer las señales de angustia de la población por parte de los gestores políticos.

De estos solo se observan declaraciones altisonantes de los segundones al mando del gobierno, así como medidas arbitrarias e ilegales para controlar las multitudes que se aglomeran en busca de los alimentos y las medicinas para sobrevivir o productos indispensables de higiene personal. Se llega al extremo de arrestar a quienes toman fotos de los anaqueles vacíos y prohibir que se madrugue para intentar ser el primero en alguna cola de algún supermercado. Mientras, el Presidente, su consorte, hijos, hermanos, nietos y otros familiares y una amplia comitiva de funcionarios viajan por Rusia, China, Irán y otros países suplicando una ayudita que parece no se conseguirá, por lo menos no sin comprometer seriamente el patrimonio de la República.

En todo el territorio nacional se percibe un clima de angustia, incertidumbre y desesperanza sobre lo que depara a los venezolanos. La escasez que hoy se siente en todos los rincones del país es apenas la punta del iceberg que acumula graves problemas estructurales que urge corregir.

VenEconomía en este primer Opina de 2015, llama a dejar de lado este juego perverso de tratar de tapar el sol con un dedo. El gobierno debe enfrentar la crisis con medidas sensatas que implican sacrificios en el corto plazo pero que llevan a la recuperación de la economía en el mediano y largo plazo. El riesgo de no hacerlo es seguir acercando el fosforo a la mecha de una bomba de tiempo.

Editores de VenEconomía

Juego trancado

VENECONOMÍA







Tanto fue el cántaro al agua que se rompió. El gobierno lleva tres quinquenios completos estrangulando al sector productivo del país, acabando con la industria nacional (privada y pública) y llevando al país a una economía de puertos, donde hasta el 80% de la demanda de bienes y productos penden de las ingentes importaciones.



A esto se le une, un corrupto e ineficiente manejo de la industria petrolera estatal, financista del mamotreto intercontinental del castrocomunismo y de cuanto espejismo misionero de reparto de la renta se le ocurrió al zar petrolero Rafael Ramírez y a su mentor Hugo Chávez. 

Una mermada industria que dejó al gobierno con la botija vacía, pues hoy PDVSA está produciendo escasamente unos 2.500.000 barriles diarios de los cuales se exportan tan sólo unos 1.100.000 b/d contra pago en efectivo contante y sonante. El resto no es retributivo para los venezolanos ya que unos 1.400.000 barriles diarios están destinados al consumo local, a pagar la deuda con China y a dádivas para el régimen de los Castro y demás gobiernos de PetroCaribe, Alba y CELAC, etc.


Con el precio del petróleo a $100 por barril y sumando $3,0 millardos de exportaciones no petroleras, esto daría unos $43 millardos de exportaciones en un país que en 2013 importó $51 millardos de bienes y servicios.
 
Completa este explosivo coctel, que la sequía de divisas la está pagando todo el sector productivo privado que apostó a Venezuela confiando en las reglas de juego que impuso el gobierno, y al que ahora el Ejecutivo Nacional le niega el pago de una deuda legítima y legalmente contraída, que asciende a unos $15 millardos. 

Una deuda que tiene ahorcados, entre otros a los sectores de: Alimentos ($2,4 millardos); automotor ($1,8 millardos); sector salud, incluyendo al farmacéutico y equipos médicos ($4 millardos); Aerolíneas nacionales e internacionales ($3,5 millardos); Telecomunicaciones ($600 millones); TV por suscripción ($500 millones); Químico ($500 millones); Industria Gráfica ($198 millones); Electrodomésticos ($160 millones); Maquinarias ($150 millones); Papelero ($ 80 millones) y Envases y empaques ($50 millones).

Ahora el gobierno está poniendo a los empresarios entre la espada y la pared. Y si se lee entre líneas la oferta del gobierno es que para salir del atolladero en el que ha metido a Venezuela se aflojarán los dólares para las nuevas importaciones, pero las deudas se quedarán en el limbo.

Mientras, no hay una sola muestra de Maduro ni de su séquito económico que indique que se dejará de enviar sus dádivas a Cuba y al ejército de gobiernos chupadólares.

Un paso p’alante, dos p’atrás

La aún cuestionada Presidencia de Nicolás Maduro avanza como el cangrejo, dando unos pasitos p’alante, otros p'alos laos y otros p’atrás.
 

Por un lado, inicia un supuesto acercamiento con el sector productivo instalando mesas “técnicas” de trabajo con ministros y empresarios de diversos sectores. A la par, se entrevista con el Papa Francisco, para hablar de paz, diálogo y reconciliación.
 

Pero, por otro lado, surgen signos que indican que se está gestando una redoblada represión que podría tener consecuencias nefastas para el país.

Vuelve, por ejemplo, el Instituto Nacional de Tierras (INTI) con expropiaciones de tierras productivas, como fue el caso del hato La Palma, tierra supuestamente “ociosa” con más de 2.700 vacas productoras de leche. Además, el gobierno se sigue haciendo la vista gorda ante las invasiones de inmuebles. Y sigue, por otra parte, la arremetida en contra de las universidades autónomas.

Igual de grave es la avanzada en contra de la Gente de Petróleo, es decir los miles de venezolanos que fueron despedidos de PDVSA después de los hechos de diciembre 2002-marzo 2003. A 183 de estos extrabajadores de PDVSA se les ha “informado” a través de un aviso en el periódico que el Auditor Fiscal de PDVSA tiene listo su informe que supuestamente los inculpa por el colapso de la estatal, a sabiendas que el real responsable de la debacle es Rafael Ramírez y su corrupto e ineficiente combo de boliburgueses. Con ello matan dos pájaros de un tiro, pues evadirían el pago de sus prestaciones y cuentas de ahorro, confiscadas arbitrariamente.

Ramírez, con total caradurismo, se está sacudiendo también su responsabilidad en la tragedia de Amuay ocurrida el 25 de agosto de 2012, para achacársela a la oposición y a “el imperio”.

Para colmo, se montó todo un teatro, al denunciar que la Gente de Petróleo estaba involucrada en una supuesta compra de 18 aviones de guerra para invadir a Venezuela desde Colombia. Un complot donde no podían faltar, obviamente, un show de presuntos “paramilitares” de la derecha colombiana detenidos supuestamente con las manos en la masa portando rifles de asalto, granadas y pistolas, armas que según el Ministro de la Defensa estaban destinadas a asesinar a Maduro.

Además, el gobierno persiste en culpabilizar al líder democrático Henrique Capriles de los 11 venezolanos fallecidos durante los disturbios que se generaron luego de las elecciones del 14 de abril de 2013, según se infiere del extracto del Informe que circuló la Defensoría del Pueblo titulado “15-A 2013, Del desconocimiento de los resultados electorales a la violencia fascista en Venezuela”.

Con esto se repite de nuevo el guión de los hechos de abril de 2002 cuando se le echó la culpa de la violencia a terceros, cuando fue el mismo presidente Hugo Chávez el verdadero responsable de la emboscada que terminó en el asesinato de venezolanos inocentes que manifestaban.

Hasta el presente persiste la persecución y acusación a los comisarios y policías metropolitanos, a quienes se les niega injustamente el derecho a acceder a los beneficios procesales que por Constitución les corresponden.

Una isla de impunidad

En los inicios de su mandato, Hugo Chávez, visualizó y describió como su idílico modelo de país a la aislada y derruida Cuba de los Castro. Y en efecto hacia allí es donde todas sus maniobras internas y externas están conduciendo a Venezuela, en lo económico, social y político. En cuanto a economía, es un hecho cierto que Venezuela se avecina a un annushorribilis en 2013.Luego de pasadas las presiones electorales, con una Balanza de Pagos deficitaria, una ingente deuda externa y el gigantesco déficit en las cuentas públicas, el único camino que quedará es una impactante devaluación. A ello se le suma, que Venezuela ya está fuera de la CAN, lo que deja, entre otros asuntos de comercio regional, a los derechos de propiedad intelectual bajo la regulación de las obsoletas normas de 1956 del Gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Y desde este 25 de julio, con la entrada en efecto del retiro del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), se alejarán a las inversiones extranjeras, indispensables para ayudar al país a salir del atolladero de improductividad y falta de competitividad en el que el chavismo lo ha metido. Por si esto no fuera ya demasiado, se le agrega que el Gobierno sigue empeñado en sacar a Venezuela de todo organismo internacional garante de derechos civiles y humanos. Hace pocas semanas voceros del Gobierno anunciaron las intenciones de retirar a Venezuela de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tal vez en previsión de demandas futuras derivadas de una Ley Orgánica del Trabajo que no cumple con las mínimas exigencias de la OIT en materia sindical y de participación de los trabajadores. Ahora pretende aislar a Venezuela del Sistema Interamericano de Justicia, sacando al país de dos de los entes que lo integran, para dejar a los venezolanos a merced de un parapeto de sistema de “justicia” nacional que subordina sus decisiones y actuaciones al dedo presidencial. No le bastó a Chávez amenazar en mayo pasado con denunciar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un intento de seguir evadiendo las sanciones que le han impuesto a su Gobierno por sus reiteradas violaciones de los derechos humanos y de la libertad de información. Ahora, este miércoles anunció que también se retirará de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, bajo la iracundia que le produjo un fallo en contra de su Gobierno por violación a los derechos humanos del venezolano Raúl Peña Díaz, mientras éste estaba recluido en el centro de detención de El Helicoide. Aunque es cierto que mucha agua ha de correr antes de que estas decisiones se hagan efectivas, como advierte el constitucionalista Asdrúbal Aguiar, es indudable que éstas son muy malas señales para los venezolanos. No sólo para los disidentes, que hoy están acosados, encarcelados y espuriamente juzgados, sino para todos los ciudadanos que verán disminuidas las instancias internacionales imparciales a quien recurrir cuando los tribunales del terror de la “revolución” violen sus más elementales derechos humanos.

A ciegas y con alto costo

Cristina Kirchner y Dilma Rousseff, las poderosas presidentes de Argentina y Brasil, aprovecharon la injusta suspensión de Paraguay para agraciar a su maniroto amigo Hugo Chávez forzando la entrada de Venezuela a Mercosur en condiciones donde todos pierden. Para comenzar, pierde Mercosur al salir institucionalmente debilitado, dado que para congraciarse con Chávez se violó el Protocolo de Asunción firmado en 1991, que exige un consenso unánime en las decisiones de la unión. Por una parte, aunque Paraguay fue suspendido transitoriamente (en retaliación a la destitución constitucional del presidente Fernando Lugo que hiciera la mayoría casi absoluta del Congreso de ese país) sigue siendo miembro pleno y, por ende, está vigente la oposición del Senado paraguayo a la entrada de Venezuela a Mercosur. Por otra, según reveló el Canciller de Uruguay a la prensa internacional, la presidente de Brasil habría tenido una intervención “decisiva” en el ingreso de Venezuela a Mercosur, sin darle derecho a pataleo a Uruguay para exponer sus argumentos en contra. Para Venezuela, la entrada a Mercosur sin las previas negociaciones y acuerdos traerá terribles consecuencias para el país, y en especial para su ya menguado sector privado de la economía. Como es lo usual cuando un país se adhiere a alguna instancia de integración regional se negocian producto a producto las condiciones y los aranceles, siendo que la mayoría de las veces se acuerda que éstos deben llegar a Cero a los pocos años y en muchas ocasiones se exceptúan los productos sensibles a la economía del país que ingresa. El caso es que siempre se buscan beneficios mutuos de los integrantes de la unión. Con el apuro, nada elegante ni civilizado, de la entrada de Venezuela a Mercosur, no está claro qué negociaciones se han adelantado, ni qué protecciones se han acordado, de las miles que deberían haberse concretado. La confusión y la desinformación incluso hace que no se conozca con claridad cuál será el plazo para aplicar los aranceles, unos hablan de dos años, otros de cuatro, otros que aplican de inmediato. A ello se le auna la cruda realidad de la Venezuela “revolucionaria”: 1) Un sector productivo derruido que poco exporta y que ni siquiera logra satisfacer su demanda interna, especialmente el de la agroindustria. 2) Una economía soportada en importaciones. Lo que queda claro es que Venezuela enfrentará múltiples amenazas, en una unión que no le es favorable, en especial al sector agroindustrial y a las pequeñas y medianas empresas que, como si no les bastara el cerco político y económico del Gobierno venezolano, ahora deberán enfrentarse con todo un emporio empresarial de Argentina y Brasil. Pensar que el precio para llegar hasta esta orilla, fue abandonar una de las uniones aduaneras regionales más exitosas del mundo como es la Comunidad Andina de Naciones, donde la economía venezolana se complementaba con la de sus pares andinos….Cosas de la visión revolucionaria de Chávez.

Amigo ¿tú?

Las frecuentes tensiones colombo-venezolanas de la última década han estado signadas por el tema de los grupos narcoterroristas de Colombia. Siempre la actitud de Hugo Chávez ha sido la misma: evidenciar su simpatía con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), llegando incluso al atrevimiento de pedir para éstas el reconocimiento internacional. Con la llegada del presidente Juan Manuel Santos, las tensas relaciones políticas y comerciales que existían con Álvaro Uribe se distendieron. Santos declaraba entonces que contaba con “un nuevo mejor amigo”: Hugo Chávez. En retribución éste fue saldando deudas con empresarios neogranadinos y restableciendo algunos de los vínculos comerciales rotos. Lo que la nueva mejor amistad pareciera no haber logrado es romper la vieja buena amistad del Gobierno de Chávez con sus camaradas de las FARC. Por lo menos esto es lo que indicarían varios eventos recientes. Uno de ellos, el atentado de las FARC contra Fernando Londoño, ex ministro del Interior de Colombia, que dio pie para que el expresidente colombiano Álvaro Uribe acusara a Chávez de haber convertido a Venezuela en “un paraíso del narcotráfico” y proteger a grupos guerrilleros, indicando incluso que los autores intelectuales del atentado contra Londoño estaban de este lado de la Frontera. Y las posteriores afirmaciones de Londoño quien, sin mencionar su nombre, señaló en su programa radial “La hora de la verdad” que el gobernante venezolano era el “importador a América de estas formas de terrorismo”. Otro evento revelador fue el ataque de la FARC contra un grupo de militares colombianos en la frontera colombo venezolana, donde fallecieron 12 efectivos. Tras éste, el ministro de la Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, afirmó que estaban en conocimiento que el frente 59 de las FARC, responsable de la ofensiva, “salió de Venezuela para atacar a los uniformados y posteriormente huyó de nuevo hacia el vecino país", y aseguró que ese frente probablemente tiene su área base en territorio venezolano desde hace bastante tiempo. La gravedad de la situación llevó al mejor amigo Santos a llamar al convaleciente Chávez para alertarle de los narcoguerrilleros que pernoctan en tierras venezolanas y solicitar su colaboración. Este petitorio sacó a Chávez de su reposo para hablar vía telefónica, por primera vez en varios días. Lamentablemente, su intervención no fue para ordenar la búsqueda por tierra, mar y aire de los asesinos de los militares colombianos para entregárselos a Santos. Su aparición fue para emitir una ambigua afirmación “nosotros ratificamos nuestra posición, no vamos a permitir incursiones de ninguna fuerza armada, sea cual sea su naturaleza, en territorio venezolano”. Cabe una duda ¿Chávez se referirá a las FARC? ¿o será una advertencia a Santos para que el Ejército de Colombia no se atreva a repetir un asalto similar al del campamento de Reyes, cuando era ministro de la Defensa de Uribe?

¡Vaya embustes!

Cuando el Banco Central de Venezuela (BCV) anunció los resultados preliminares de la economía para el 1er Trimestre de 2012, hizo una sorpresiva revelación: ¡Que la economía había crecido 5,6%! Una afirmación que lleva a exclamar ¡Vaya embustes que están diciendo! Para comenzar, según las cifras del ente uno de los sectores que más creció en el trimestre fue el de los Derechos de importación, el cual representó 18,8% del crecimiento del PIB. El “detalle” está en que el crecimiento de este sector se corresponde a su vez, con el persistente incremento de las importaciones de alimentos y el vertiginoso aumento de las importaciones de los materiales de la construcción, dos importantes rubros que ya no se producen en el país precisamente por el estancamiento de la economía. Explica además el BCV que la actividad No petrolera creció también 5,6%, lo que tampoco parece compaginarse con la realidad. Cabe indicar además que, casi las dos terceras partes del crecimiento del PIB No Petrolero se debe al supuesto crecimiento de dos sectores: el de la Construcción y el de las Instituciones Financieras y de Seguros. El mayor aumento, indican las cifras del BCV, se registró en el PIB de la Construcción, que reporta un crecimiento de 29,6% en el trimestre. Un resultado este que se habría “logrado” a pesar de que la construcción privada se contrajo en el trimestre 10,6%, para sumar nueve trimestres sucesivos de contracción. Pero que se sustentaría en el PIB de la construcción pública, el cual creció un impactante 56,6% de acuerdo al BCV. Siendo la Construcción, una actividad intensiva en mano de obra, tal crecimiento debería haber sido acompañado por un aumento importante del empleo. Pero, el caso es que no fue así, el número de personas ocupadas según el Instituto Nacional de Estadística aumentó escasamente 3,1% entre marzo de 2011 y marzo de 2012. Por su parte, el PIB de las Instituciones Financieras y Seguros, habría crecido 27,7% según el BCV. Esta cifra también llama la atención, pues según los balances que ha publicado el sector, éste terminó el trimestre mostrando apenas un ligero aumento. En resumen, las cifras de la economía que reporta el BCV han dejado de ser confiables y veraces, algo lógico si el ente está obligado a trabajar con cifras irreales que suministra el Gobierno, en su afán de ocultar realidades que pudieran ser nocivas para que el chavismo continúe llevando las riendas del país.

La barbarie hecha Ley

Con la entrada en vigencia de la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria, en Gaceta Oficial el 30 de mayo, el Gobierno da otro golpe certero al sector privado de la construcción en Venezuela, ya casi aniquilado a punta de ilegalidades y arbitrariedades.

Esta Ley según diversos analistas está plagada de principio a fin de vicios y desafueros jurídicos. Comenzando por su nombre que enmarca dentro de un supuesto ilegal todo el proceso de venta y preventa de bienes inmuebles en construcción. La Ley desde sus inicios incurre en graves errores de concepto que dificultan su interpretación y aplicación. 

Comenzando por conceptos vitales como el de venta. Para que se tenga una pequeña idea, en la definición que expone le Ley sólo entraría en juego el solicitante del bien, pues el oferente brilla por su ausencia.

Por otro lado, la Ley resucita, y también crea, un sin fin de permisologías y burocracia que van contra la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, como sería, por ejemplo, la introducción de “ingenieros inspectores”, adscritos al ministerio de la Vivienda, de los cuales dependerá que la obra avance y obtenga habitabilidad, o no. Sin menoscabo de las inspecciones que también pueden realizar bomberos y municipalidades. Sin mucho esfuerzo, es fácil prever allí un nuevo foco de corrupción.

Todo esto se complementa con una serie de imposiciones económicas, legales y punitivas que llevan a preguntar ¿Quién podrá construir?

Entre otras se fijan fianzas de 100% del costo del inmueble a construir. Esto implica enterar el 100% del costo de la obra a emprender o una cantidad tal que desvirtúa una de las funciones de la preventa, que es recabar fondos precisamente para iniciar la obra. Adicionalmente la entidad financiera que otorgue la fianza o financie la construcción sería “solidariamente responsable” junto al constructor de la obra ante cualquier eventualidad que la paralice o no la adecue a los términos acordados con el comprador. Al igual que también lo sería todo a todo profesional administrativo o técnico involucrado en el proceso. Por ende, toda la cadena de inversión, financiamiento y producción estará sujeta a las penalidades establecidas en la Ley.

Igual de aberrante es que se fija un lapso máximo para la ejecución de cualquier obra de 24 meses para finalizar las obras, cualquiera sea su magnitud o complejidad, sin tomar en consideración incluso, imponderables, como escasez de materia prima, desastres naturales, o de cualquier otro tipo.

Por último, el constructor debe fijar el precio definitivo del inmueble incluyendo “todos” los costos, con un pequeño detalle: No se considera entre éstos, la utilidad del inversionista.

En definitiva, ésta es una legislación contraria a toda lógica, que espantará el capital privado venezolano del sector de la construcción, el cual quedará en manos del Gobierno y de sus socios extranjeros cubanos, bielorusos o chinos.

Activando ciudadanía

Entre los flagelos que afectan actualmente a todo venezolano, sin distingo de clase social, raza, credo o filiación política, estan la violencia y la delincuencia generalizada. Suman miles las víctimas fatales por homicidios. Se pierden de vista los secuestros, asaltos a mano armada y robos en las vías públicas, viviendas, oficinas o locales comerciales. Estas cifras rojas (extraoficiales, ya que ningún ente del Estado informa las reales) hoy colocan a Venezuela como uno de los países más violentos a nivel mundial. Esta espiral delictiva, donde venezolanos atentan contra otros venezolanos, incluso contra sus vecinos del mismo barrio, tuvo su punto de inflexión en 1989 cuando sucedió la implosión violenta de El Caracazo, según explicara la doctora Mercedes Pulido de Briceño. 

De allí hasta ahora es exponencial el crecimiento de la inseguridad y la delincuencia de todo tipo en el país. 

El venezolano está abrumado por el verbo violento y amenazador no sólo del Presidente, sino de la gran mayoría de funcionarios con cargos de poder y de los dirigentes políticos del partido de Gobierno. Se ha estatuido desde hace más de una década una política de Estado basada en la agresión y la violencia. 

De la amenaza aquélla “de freír las cabezas en aceite” de adecos y copeyanos, se pasó a los insultos generalizados contra de todo el que disiente del proyecto bolivariano, a la persecución judicial, pasando por la promoción de grupos violentos armados desde organismos públicos hasta el colmo de infiltrar a los cuerpos policiales con personas con amplios prontuarios policiales. 

Frente a esta realidad ya conocida, están surgiendo en la población civil, en diversas ONG e instituciones privadas, así como en algunas municipalidades, iniciativas para tratar de frenar este desenfreno, e incluso ir más allá y crear una cultura de paz. 

Entre otras, se cuentan iniciativas como la de Transparencia Venezuela, en materia de corrupción, y de la Alcaldía Metropolitana, para atender los problemas cotidianos, de salud y seguridad. En las dos instancias se están implementando medidas para atender denuncias y reclamos de los ciudadanos, garantizando que serán escuchadas y canalizadas para obtener respuestas y buscar soluciones. 

Otras ONG, se orientan al rescate de espacios públicos para actividades culturales, deportivas y sociales con la mira de que poblando plazas y parques se alejan las drogas y la violencia. 

Otras instituciones como el Instituto Pastoral Juvenil SPES y el Centro Marista Pastoral Juvenil, están lanzando la campaña “La Juventud quiere vivir. Contra la violencia y exterminio de Jóvenes”, buscando concientizar y “desencadenar acciones que puedan cambiar esta realidad de muerte”. Lo importante de todas ellas es que, aún cuando todavía son acciones aisladas, muchas parten del propio ciudadano asqueado de la permisividad de un Gobierno que se recrea en mantener sitiada a la población a fuerza de violencia..

Alegría de tísico

Este jueves 3 de mayo, las autoridades financieras del chavismo celebraron el “descenso” de la inflación en abril. Según el Banco Central de Venezuela el IPC del Área Metropolitana de Caracas en abril aumentó 0,8%, el más bajo nivel desde julio de 2007, para un acumulado en cuatro meses de 4,4% y de 23,6% para los últimos 12 meses. Sin embargo, en realidad esto es una alegría de tísico. Para comenzar, la inflación en Venezuela sigue siendo la más alta de la región y una de las más elevadas del mundo. Un indicador más realista del alza de precios es el Núcleo Inflacionario, el cual aumentó casi el doble del IPC-AMC y cerró en 1,6% en abril y acumula 6,1% en lo que va de año. Esto corrobora que la inflación está fuertemente reprimida. Para continuar, la anunciada desaceleración de la inflación de estos cuatro meses de 2012, no viene aparejada con medidas estructurales que la hagan sostenible ya que ni está soportada por un incremento de la oferta de bienes y servicios ni mucho menos por un incremento de la productividad nacional. Lo cierto es que la menor inflación es consecuencia, por un lado, del efecto inmediatista y artificial de la entrada en escena de la Ley de Costos y Precios “Justos”. Una Ley que regula los precios de unos 19 rubros por debajo de los costos de producción (y que puso una espada de Damocles sobre toda la cadena productiva, distribuidora y comercializadora del país), y que en el corto plazo habría “logrado” una deflación en el subgrupo Cuidado Personal de 5,7%. La perniciosa Ley de Costos y Precios “Justos”, al ocultar los costos verdaderos, está logrando correr la arruga de una política económica basada en gasto que siempre terminará en mayor inflación. Incluso esto, de cierta forma, es reconocido por el mismo ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani quien afirma que si no fuera por dicha Ley, la inflación nacional en abril habría sido 1,8%. A confesión de parte, relevo de pruebas. Por último, en la anunciada desaceleración de la inflación también contribuyó una serie de programas de subsidios de carácter electorero, como lo es Mi Casa Bien Equipada, lo cual habría impulsado la caída de precios del subgrupo Bienes y Servicios para el mantenimiento del Hogar (-6,8%). Lamentablemente, esta tendencia hacia un descenso de la espiral inflacionaria en base a la coerción, represión y medidas populistas no es sostenible, amén de que genera graves desajustes, que impulsan, entre otras consecuencias la escasez. Esto se confirma con el salto de cuatro puntos porcentuales en el Indicador de Escasez, que llegó a 14,8% en abril. En el corto plazo, mientras el Gobierno promueve una artificial desaceleración del incremento de los precios, los venezolanos tendrán que acostumbrarse a una pérdida en la variedad, calidad y cantidad de bienes y servicios. 

 • Disponible en inglés en: www.veneconomy.com a partir de las 4:00 p.m.

Otra gota en la cuesta electoral

El fraude electoral y las violaciones a los deberes de los entes electorales con los ciudadanos se vienen aplicando en los últimos 10 años a cuenta gotas, aunque sistemáticamente en las diferentes etapas del proceso electoral.

El goteo fraudulento viene en forma de abuso de la propaganda presidencial sin sanciones; de un gasto publicitario sin control; de una “elección” sesgada de miembros de mesa que deja a los partidos de oposición con mínima o ninguna representación en miles de juntas y mesas electorales; o incluso un Registro Electoral Permanente (REP) nada transparente.

Por ello no sorprendió el cúmulo de pillerías que rodearon todo el proceso de inscripción en el REP, que culminó la medianoche de este domingo, y con el cual se cerró otra etapa en el camino espinoso de los comicios presidenciales del 7 de octubre. En este proceso, según cálculos de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE, el 4,59% de los ciudadanos mayores de edad no se habrían inscrito en el REP, es decir 1,2 millones de ciudadanos. Aunque según el coordinador del movimiento democrático Voto Joven, Brian Fincheltub, los que quedaron sin derecho a sufragar serían unos 800.000 ciudadanos.

Más allá de cuál sea la cifra definitiva de los no votantes, puede decirse que para los objetivos progobierno del CNE el proceso de inscripción tuvo un balance “positivo”: lograron que una gran cantidad de venezolanos que se oponen al chavismo no se inscribieran en el REP o no hicieran los cambios de domicilio en el exterior.

De más de un millón de venezolanos que se han ido del país, sólo se habrían inscrito o cambiado de lugar de residencia unos 85.000 electores. Ello debido principalmente al saboteo que aplicaron muchos consulados para obstaculizar el proceso de inscripción. Entre otras arbitrariedades, solicitud de documentación no prevista en la Constitución Nacional, ausencia de jornadas de registro, cierre de las oficinas consulares sin previo anuncio, limitación en el número de personas atendidas por día y operaciones morrocoy.

En el país el proceso también adoleció de muchas trabas. Una de éstas fue, según denunció Voto Joven, el privilegiar con total descaro la instalación de centros de inscripción en las zonas conocidamente chavistas, y habilitar muy pocas en las zonas de tinte opositor. Los últimos días incluso se recurrió a la manida práctica de atemorizar a quienes hacían cola para inscribirse con motorizados de los grupos violentos del chavismo.

Pero, quizás la mayor desfachatez fue el excluir a las universidades o sus cercanías para instalar los puntos de inscripción electoral, algo que fue denunciado ampliamente por los estudiantes.

Aún faltan otros escollos que sortear de aquí al 7 de octubre, uno de los primordiales es formar testigos de los partidos de la oposición comprometidos con la democracia. Es en cada mesa, contando los votos y haciendo respetar los resultados lo que en definitiva marcará la diferencia.

• Disponible en inglés en: www.veneconomy.com a partir de las 4:00 p.m.

Empoderamiento ciudadano

El desarrollo de los acontecimientos en los últimos días está evidenciando que la decidida posición colectiva de gobernantes regionales, Ong, población y medios de comunicación independientes para exigir derechos sin dejarse amedrentar, está forzando al Gobierno a tomar incipientes medidas correctivas en la grave situación del agua potable que afecta a millones de venezolanos.

Haciendo un vuelo rasante sobre los hechos que hicieron la diferencia y están torciendo el brazo renuente y soberbio del Gobierno se tienen:

Tres gobernadores que entendieron que su responsabilidad está con los ciudadanos y asumieron la defensa de los derechos de éstos.

José Gregorio (El Gato) Briceño, gobernador de Monagas de las filas del oficialismo, quien contraviniendo órdenes expresas del poder central se opuso a surtir de agua contaminada a la población de Maturín, tras el derrame petrolero de Jusepín. Su justa posición le costó su expulsión del partido del presidente (el PSUV) y el ataque frontal de los poderosos del chavismo, entre ellos, el diputado y presidente del PSUV, Diosdado Cabello.

Pablo Pérez, Gobernador del Zulia y militante del partido opositor Un Nuevo Tiempo, quien denunció la contaminación de las aguas del Sur del Lago de Maracaibo tras un derrame petrolero en la zona. Y Henrique Salas Feo, Gobernador de Carabobo y dirigente del opositor Proyecto Venezuela, quien denunció que Hidrocentro enviaba agua envenenada a varios estados del centro del país y a Caracas. Ambos recibieron advertencias del primer mandatario de abrirles una investigación por supuestamente estar creando con sus denuncias un estado de zozobra en la población, tildándolas de estar haciendo “terrorismo mediático”.

La sociedad organizada, los expertos en el tema y los ciudadanos que no han acallado sus voces, han investigado y presentado pruebas irrefutables de la situación en diferentes medios informativos y redes sociales. Es más, el Movimiento por la Calidad del Agua, introdujo esta semana un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia para detener el nuevo trasvase del Lago de Valencia al embalse Pao-Cachinche, que aumentaría aún más la contaminación de la represa.

Los medios de comunicación, en especial Globovisión y los caricaturistas del país, quienes no silenciaron sus denuncias a pesar de la insólita medida cautelar que prohíbe informar sobre aguas contaminadas sin el aval de un informe técnico.

A pesar de negar todas las denuncias, el Gobierno aprobó un financiamiento por Bs.640 millones “para la rehabilitación, modernización y optimización de las plantas de potabilización del agua en todo el territorio nacional”.

La lección es que el empoderamiento ciudadano
¡Sí marca la diferencia!

• Disponible en inglés en: www.veneconomy.com a partir de las 4:00 p.m.