¡Hasta cuándo! Sin autonomía judicial

Por: Pablo Aure - De manera categórica debe entenderlo el pueblo y el mundo entero: Aquí el único poder que existe es el poder de un dictador; los demás, son letra muerta plasmada en el texto constitucional. Lo ha expresado enfáticamente nada menos y nada más que la presidenta del Poder que se supone es el garante de la constitucionalidad, la Dra. Luisa Estela Morales, ella lo dijo: “...la separación de poderes debilita al Estado”... ¡vaya zalamería revolucionaria!Lo hemos visto infinidad de veces: Los jueces, para este régimen rojo rojito, son sus peones, sus esclavos y, por qué no decirlo, sus esbirros. Esto no quiere significar que dentro de la magistratura no existan jueces honestos. No tengo dudas que algunos todavía se encuentran allí porque el régimen aún no los ha necesitado. Por ahora hay muchos que voluntariamente se ofrecen para realizar el trabajo sucio.Quise hacer esta introducción para referirme al caso de la detención de la jueza María Lourdes Afiuni, quien la semana pasada decreto una medida de libertad para Eligio Cedeño, que se encontraba preso desde hace dos años. No conozco la trayectoria de la jueza ni tampoco la del empresario. Lo que tiene que resaltarse en todo esto es que un juez puede absolver o condenar a un culpable y esa decisión sólo puede revisarla y cuestionarla otro juez superior y nunca el jefe del poder ejecutivo. Una garantía del Estado constitucional de Derecho es justamente la de la autonomía de los jueces. Y otra, la de la presunción de inocencia, por lo que a nadie podría encarcelársele (o mejor, imponérsele cualquier pena o sanción) mientras no exista una decisión judicial definitivamente firme que determine su culpabilidad.Dicho esto, veamos qué hizo la jueza Afiuni: En uso de sus atribuciones judiciales le otorgó la libertad bajo presentación a alguien que estaba sometido a su jurisdicción, quien al ser liberado aprovechó la ocasión para supuestamente desaparecer. Pues bien, a dicha jueza, desde el mismo momento en que se publicó su decisión, la Disip (policía política) la detuvo junto a sus alguaciles. Algo monstruoso, que en ningún país civilizado del mundo podría comprenderse. Esa jueza tenía esa facultad legal, y si su decisión era infundada, nada ni nadie que no sea el tribunal de alzada puede cuestionarla.Insisto, no conozco los intríngulis del caso ni qué hubo detrás de la detención del empresario Cedeño, ni tampoco en qué fundó la señora jueza la decisión de liberarlo. Pero, de lo que no existe duda, es que ésa era una potestad que tenía la jueza. Pero lo que nunca imaginamos es que, por una orden presidencial, a la jueza debía reprimírsele, no solamente disciplinariamente, sino penalmente, y sin debido proceso.