La Responsabilidad del Estado Venezolano en el Caso Makled

Por: Virginia Contreras - Si hay algo imposible de ignorar, para los gobiernos de Colombia y Venezuela, ha sido la publicidad que ha generado la posible extradición, por parte del gobierno colombiano, del narcotraficante venezolano Walid Makled (“el árabe”) a su país. Columnistas de todas partes del mundo, prestigiosos medios de comunicación internacionales, líderes políticos, miembros del Congreso de los Estados Unidos, y ciudadanos de aquellos dos países, han manifestado su preocupación, y hasta indignación, respecto a la decisión adelantada por el Presidente Juan Manuel Santos en relación con la posibilidad cercana de extradición de uno de los capos de la droga más importantes en el mundo de los últimos tiempos. Si bien la medida de entregar a las autoridades venezolanas de tan especial carga, representa una decisión soberana, resulta más que evidente su costo político. Diplomáticos del país andino, en todos los confines del mundo, y asesores del Presidente Santos, no pueden estar ciegos, sordos y mudos para no contarle a su patrono, que en el planeta tierra de lo que se habla es de “Makled”. De allí, que para mitigar los golpes, que tarde o temprano llegarán, las autoridades colombianas, se hayan hecho de la vista gorda frente a la infinidad de entrevistas que el mencionado narcotraficante, sicario, lavador de dinero producto del delito, homicida, corruptor, e infinidad de calificativos más, que pueden inferirse de la serie de hechos en los cuales se encuentra relacionado, ha facilitado a importantes medios de comunicación social. Tal y como ha declarado el peligroso delincuente, confirmado por investigaciones que propios y extraños han venido desarrollando sobre el caso, son muchos los funcionarios del gobierno bolivariano –con nombre y apellido-, involucrados en tales desmanes. Esta circunstancia, de hacer pública la denuncia del capo, mientras por otro lado se le jura lealtad eterna al presidente venezolano, ha sido un verdadero golpe en el costado para quien se vanagloriaba de pasear “con la espada de Bolívar por la América Latina”. Así, muy a pesar de la imagen de felicidad que el mandatario bolivariano ha querido transmitir durante su gira a Argentina, Uruguay, y Bolivia, fue evidente su perturbación ante el hecho de sentirse timado; y es que para él, la oferta de entregarle a Makled, después de permitir que éste haga pública su activa vida delictiva, es como comprar a la empresa Coca-Cola, después que ésta ha transmitido por Facebook, el secreto de su fórmula para hacer el conocido refresco. De allí, que sin ton ni son, bajo la mirada estupefacta del personal más cercano que lo acompañaba en su gira en Bolivia, el Presidente Chávez haya decidido permanecer en la lujosa habitación-bungaló- del conocido Regina Resort, en la ciudad de Tiquipaya, Cochabamba, antes de dar su brazo a torcer y participar en la reunión pautada con el gobernante colombiano en Cartagena. Especulaciones iban y venían en torno a la razón de su ausencia, pero es que la molestia, y muy seguramente preocupación, era tal, que retando al más elemental análisis, el mismo presidente bolivariano decidió que se notificara la existencia de daños en el avión presidencial. No importaba que se supiera que el presidente Chávez viajaba con dos aviones, como siempre acostumbra a hacerlo, o que el Falcon 900 recién adquirido por su compañero y amigo, el Presidente Evo Morales, estuviera a su disposición; y es que, el atribuirle a una excusa tan banal, y de tan fácil comprobación, la ausencia de su viaje, era precisamente el mensaje deseado. De Makled son muchos los casos en los cuales se le vincula, y otros tantos que él mismo vocifera ante el mundo. Si bien éstos han sido hecho públicos en distintas oportunidades, existen algunos, que por su connotación personal, por su relación con conocidas personalidades venezolanas, y por la responsabilidad del Estado venezolano, vale la pena destacar. El “árabe”, ha sido sindicado de la muerte de varios ciudadanos venezolanos, como los casos del periodista Orel Zambrano y del veterinario Francisco Larrazábal, (éste último copropietario de la misma hacienda que fuera escenario hace 11 anos del famoso secuestro del empresario Richard Boulton). De igual forma se le vincula en la muerte del Fiscal anti drogas, Gamal Richani, homicidios estos cometidos todos en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo. Pero aún la gravedad de éstos delitos, el “fuerte” del mencionado delincuente, es sin duda alguna el narcotráfico, y consecuencialmente el lavado de dinero proveniente de éste, así como una serie de delitos conexos, como el soborno a funcionarios públicos. Hemos querido hacer un aparte para referirnos al asesinato del narcotraficante Wílber Varela, alias “Jabón”, cometido en el Estado Mérida, Venezuela, en 2008. No sólo por ser el único caso en que se reconoce a la persona física del “árabe” en la escena del crimen, sino por la curiosa actitud de algunas autoridades policiales para el momento, las cuales crearon casi una “leyenda urbana” al dar a entender que el fallecido no era necesariamente “Jabón”. “Jabón” era de nacionalidad colombiana, y llegó a convertirse en el jefe del Cartel del Norte del Valle, uno de los cárteles más poderosos y sanguinarios de la historia del narcotráfico en Colombia, después de la desaparición del conocido narcotraficante Pablo Escobar, del Cartel de Medellín. Tan importante era Jabón, que las autoridades Estadounidenses, llegaron a ofrecer hasta 5 millones de dólares por su captura. En lo que respecta al tráfico de drogas, la investigación iniciada en el Distrito Sur de la ciudad de Nueva York, ha sido una de las más conocidas. En ésta se le imputa a Makled la responsabilidad en un vuelo de un avión, matrícula venezolana YV1467, el cual fue desviado y desaparecido en marzo de 2009, en el Aeropuerto Metropolitano de Charallave. El hecho es que la aeronave robada reaparece accidentada, unos meses después de su desaparición, en la isla de “Utila”, Honduras, encontrándosele en su interior una tonelada y media de drogas. Esta circunstancia vino a reforzar las denuncias que posteriormente, el presidente encargado de Honduras, Roberto Micheletti, habría hecho públicas respecto al auge del narcotráfico en su país, y la vinculación de autoridades venezolanas, que permitían éstos vuelos, de avionetas que semanalmente llegaban a su país, los cuales se incrementaron desde la presidencia de Manuel Zelaya. Uno de los casos más relevantes fue el ocurrido el 10 de abril de 2006, cuando un avión DC-9, pintado igual que los aviones oficiales norteamericanos, aterrizó en el aeropuerto de Campeche, Méjico, encontrándose en su interior 128 valijas repletas de cocaína. En este caso los detenidos estaban vinculados con el cartel de Sinaloa, circunstancia altamente preocupante en vista de la peligrosidad de dicho cartel de la droga, y del hecho de que dicha aeronave salió del “Aeropuerto Internacional Simón Bolívar”, en Maiquetía, Venezuela. Llama la atención, que estando relacionado este delito con el “Cartel de Sinaloa”, las autoridades venezolanas, en las oportunidades en que ha sido denunciada la presencia en el país de estas peligrosas organizaciones, insistan en negarla. Como ingrediente, debemos destacar, que el copiloto de la nave, -detenido-, fue identificado como Miguel Ángel Guerra, de nacionalidad venezolana. El epílogo de estos casos lo viene a completar las casi 400 panelas de cocaína que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) decomisó en noviembre de 2008 en la Hacienda El Rosario, ubicada en Tocuyito, estado Carabobo, propiedad de la familia Makled, y en la cual fueron detenidos los hermanos del hoy extraditable Walid Makled. Indistintamente del cúmulo de delitos que este narcotraficante haya cometido, el caso es que existen una serie de elementos que comprometen la responsabilidad directa del Estado venezolano, toda vez que desde un principio, personas con autoridad política, y organismos del Estado, de una u otra forma, contribuyeron a crear no sólo el emporio que significó la familia Makled, sino los instrumentos necesarios de los Makled, para garantizarse su impunidad por un largo tiempo. Uno de los casos más emblemáticos, y de fácil comprobación, respecto a la responsabilidad del Estado venezolano, en lo que ha sido la vida delictiva de este ciudadano, es la adquisición por parte del “árabe”, de la “Línea Aeropostal Venezolana”. Debemos recordar, que para el 2007, Aeropostal vivía momentos críticos operativamente. A la suspensión de algunas de sus frecuencias, se le unió la crisis por falta de divisas- al parecer en vista de problemas políticos, entre su dueño, Nelson Ramiz, y el gobierno bolivariano. El hecho es que muchos “revolucionarios” se acercaron a Ramiz para ofertarle la compra de la aerolínea, obteniendo una respuesta negativa de parte de su propietario. Aún así, Walid Makled logra adquirir dicha línea, y comenzar sus operaciones regulares. No sin antes cancelar el monto de la venta, hecho que no dejó de sorprender a unos cuantos, cuando se rumoraba en los pasillos del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), que la deuda había sido cancelada mediante la entrega de un “cheque personal”. Tal y como lo establece el Artículo 4 de la “Ley de Aeronáutica Civil” (LAC), la aeronáutica civil es una actividad de “utilidad pública”, a cuyo efecto se rige tanto por los principios constitucionales, por esta Ley, por la Ley del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, y por cualquier otra normativa atinente al tema. En este sentido, teniendo los servicios de navegación civil el carácter de servicio público, la competencia sobre esta materia le corresponde al PODER PÚBLICO NACIONAL, quien “la ejercerá directamente, o mediante el otorgamiento de concesiones o permisos a organismos especializados…”, se incluyen igualmente el transporte aéreo comercial referido al transporte de pasajeros, carga y correspondencia, con fines de lucro. (Arts. 61 y 62 LAC). De acuerdo con este particular, el INAC es el órgano competente para verificar todo lo atinente a la aviación civil en el país, y entre otras, “regular y fiscalizar las actividades de la aeronáutica civil, expedir o convalidar certificados, permisos o licencias…”(Art. 9 LAC y Art. 5 de la Ley del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil-“LINAC”), en cuyo caso está en la obligación de exigir que “para el establecimiento y desarrollo de cualquier actividad aeronáutica, la empresa garantice con “bienes de su propiedad…u otros instrumentos financieros…el pago de sus obligaciones…” (Art. 7 LAC). De igual forma, en los términos del Art 66 y siguientes de la LAC, el INAC es el órgano competente para regular y supervisar todo lo referido al certificado de explotación del servicio, y al uso de la línea aérea comercial, de acuerdo a una serie de exigencias muy rigurosas. A partir del 04 de abril de 2008, Gaceta Oficial N° 38. 883, el INAC es adscrito a la Comisión Central de Planificación, organismo del Estado presidido por el Vicepresidente de la República. Vemos pues que sólo en el caso de la adquisición de la Línea Aeropostal Venezolana, de parte de W. Makled, la responsabilidad directa e inmediata del “Poder Nacional” era más que evidente, más aún cuando para la fecha de compra de la línea aérea era por todos conocido, si no los hechos delictivos que hoy se le imputan a Walid Makled, si las sospechas del origen mal habido de la extraordinaria fortuna que en tan poco tiempo logró amasar dicho ciudadano. Pero no bastándole a las autoridades “del Poder Nacional” con aceptar de buenas a primeras la participación del “árabe”, en la prestación de un servicio público de esta envergadura- que además le facilitaba el uso del medio aeronáutico para sus fines- la situación se agrava aún más, cuando habiéndose iniciado el proceso penal en contra del “árabe”, y sus hermanos, el propio “Poder Nacional”, designa como “Presidente de la Junta de Administración Especial de Aeropostal”, al Cnel., en situación de actividad (AV.), Douglas Vásquez Orellana, y como Vicepresidente, al Cnel. José Gregorio Pereira Matute. Tal y como ha demostrado a lo largo de las distintas funciones que le ha correspondido ejercer, el coronel Vásquez Orellana es de estricta confianza del Presidente de la República, así como del teniente, y actual diputado a la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Entre los cargos que ha desempeñado podemos mencionar, el de director general del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, y anteriormente subdirector general de ese instituto. También fue viceministro de gestión del Sistema Nacional del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, (2007 y 2008). Antes de eso, fue presidente del Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (Fondur). El caso no es precisamente la utilización de personal militar, tal y como nos hemos venido acostumbrando en Venezuela, a ocupar cargos de otra índole, en desmedro de la función original para la cual fueron formados nuestros oficiales, hecho ya suficientemente grave. La situación es que, ya para la época en la cual se inician los procedimientos judiciales en contra del “clan Makled”, era por todos conocido la estrecha relación que existía entre el jefe del grupo delictivo, con importantes personalidades dentro de todos los poderes públicos del Estado. En este sentido, resultaba aún más demoledor todavía, frente a la imagen que el gobierno nacional hubiera debido transmitir respecto al referido proceso criminal, el que el mandatario venezolano, hubiera designado precisamente a aquella persona de su extrema confianza, que precisamente por ello, impediría el conocimiento de la verdadera realidad que la mencionada línea aérea pudiera representar. Mucho más aún, cuando dentro de las denuncias en las cuales se relaciona al conocido narcotraficante, se encontraba la “contribución de dos millones de dólares para financiar la campaña electoral a favor del mandatario venezolano en el referéndum revocatorio”. Esta misma circunstancia, de colocar a personal militar, de confianza del jefe del Estado venezolano, se repite en otros casos en donde se incautaron provisionalmente los haberes del “árabe”. Así tenemos al de la empresa de depósitos aduaneros “Transgar”, en el Puerto de “Puerto Cabello”, estado Carabobo. Aquí, entre otras personas, podemos mencionar al General, activo, (AV.) Giofreda Giorgio, designado como director, y quien nombró a su vez, como gerente general de la empresa. al Coronel, retirado (AV.), Eduardo Falcón Gotopo. Para entender la connotación que representa esta nueva responsabilidad asignada, a oficiales de confianza del más alto nivel del país, debemos señalar -aparte de los argumentos esgrimidos anteriormente,-respecto a la necesidad de mantener una actitud objetiva que demostrare que el gobierno nacional ningún interés particular tenía en un tema tan engorroso-, que la referida empresa era considerada la compañía aduanera más grande del país. Quiso la “Divina Providencia”, poner en el camino de los venezolanos información fundamental que demostraría cómo “Transgar” habría celebrado negocios con organizaciones gubernamentales, como “PDVAL”, la cual para el 2008 favoreció al “árabe” con contratos superiores a los 85.500 dólares, (servicios aduanales y almacenamiento de alimentos importados) aún cuando dicha empresa no se encontraba inscrita en el Registro Nacional de Contratistas, como lo establece la Ley de Contrataciones de Públicas. Infinidad de empresas forman parte de lo que sería el “emporio Makled”, la almacenadora aduanera “Conacentro”; empresas de depósitos en la Victoria, estado Aragua; cuentas bancarias, y en fin, una inmensa lista a la cual nos es imposible detallar, pero así como sucedió con Aeropostal, y “Transgar”, nuevamente se incluyeron a oficiales de confianza en los cargos directivos de éstas, como al también oficial de la Fuerza Aérea, (R.) el teniente (AV.), Bolívar Arévalo. Son muchas las situaciones en las cuales se involucra al narcotraficante con autoridades gubernamentales. Incluso él mismo las reconoce expresamente, señalando entre muchos otros, al general de división, y ex gobernador del estado Carabobo, (Guardia Nacional), Luis Felipe Acosta Carles. De igual forma al general Wilson Marín, al cual según referiría dicho capo, le pagaba 150 mil dólares trimestralmente (más $800 mil para atender “un asunto personal”), y en donde refería que “al general Wilson Marín, ex jefe del grupo de aviones escoltas del presidente Chávez, lo tenía para que me prestara servicios personales”. A cambio de esto, y de acuerdo a estas aseveraciones, el general, (en ese momento jefe del operaciones del Grupo de Transporte Presidencial N° 4, encargado de pilotear los aviones presidenciales), puso a su disposición a un oficial, mayor de la fuerza aérea, a dedicación exclusiva de Makled. De igual manera ha sido repetitiva la afirmación del “árabe” de haber sobornado a Fizar El Aissami (hermano del ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami) “para que colocara a varios de mis colaboradores dentro de la policía judicial”. Pero uno de los casos que más llama la atención, dentro de todas estas acusaciones, se refiere a la participación de los generales Henry Rangel Silva, quien se desempeñó como director de la DISIP desde el 2005 (G.O 38.210),hasta julio de 2009, así como de Hugo Carvajal, el oficial que durante más tiempo ha ocupado la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), junto al actual comandante de la Armada venezolana, Almirante Máximo Carlos Aniasi Turchio, éste último entregándole supuestamente la concesión de “cinco patios de almacenaje en Puerto Cabello”, bajo un pago de comisión de cinco millones de dólares. Lo curioso de esta situación, es que desde hace 6 meses, el Almirante Aniasi presentó su renuncia ante el gobernante venezolano. No obstante, éste no sólo no ha procedido a relevarlo de tan importante cargo, sino que ni siquiera ha informado públicamente de tal situación. De más está decir, que a partir de ese momento, el oficial de la Armada ha sido execrado de toda responsabilidad de confianza vinculada al jefe de Estado. Existen otra serie de nombres a los cuales ha hecho referencia el referido delincuente. Habla de “Ramón Carrizales”, hijo del ex vicepresidente Ramón Carrizález, quien al parecer trabajaba con el capo. Incluye al Ministerio del Ambiente, cuando su titular era Yubirí Ortega de Carrizález, (esposa del para entonces vicepresidente Carrizález), organismo que actuaba como cliente de las Almacenadoras Makled, y que pagaba 25% de comisión sobre los pagos que le hacía el ministerio para cubrir gastos de almacenaje. Incluso da a entender que el mismo director de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), el general Luis Reverol, habría estado relacionado con su persona. Verdad o mentira, el hecho es que la mera actuación de las autoridades gubernamentales, (en donde se ha podido verificar fácilmente el interés de favorecer los negocios del conocido “árabe”), así como su actitud posterior, en las cuales hasta por razones “éticas” ha debido permitir la presencia de personas con reconocida capacidad y probidad, de innegable imparcialidad, para administrar los bienes incautados a la familia Makled, obligan a la colectividad a tomar una acción mucho más crítica respecto a un caso que hasta el momento sólo se ha convertido en meras especulaciones, o tema para una película. Por si esto fuera poco, las relaciones que han podido determinarse, que existían entre el “árabe” y miembros de otras organizaciones del narcotráfico, como los mencionados “Cartel de Sinaloa”, o el “Cartel del Norte del Valle”; y otras, como su vinculación con personajes como José María Corredor Ibagué, alias “el Boyaco”, actualmente extraditado hacia los Estados Unidos, (quien estando recluido, casualmente, en las instalaciones de la DISIP, en 2005, se escapó de su centro de reclusión), y quien mantenía estrecha relación con las FARC, así como su presunta relación con “ Daniel, el loco Barrera”, considerado por los diferentes organismos de inteligencia, como uno de los capos más poderosos de Colombia, y de quien se presume utiliza precisamente al estado Carabobo como guarida, deben ser analizadas seriamente. Más aún, cuando en ambos casos, el intermediario, tanto del “Boyaco”, como del “loco Barrera” era para entonces miembro del Frente 16 de las FARC, el hoy fallecido guerrillero, conocido como “el negro Acacio”. Estas, y muchas otras investigaciones adicionales, son elementos suficientes para obligar a pensar a los venezolanos respecto al submundo, que pese a todas nuestras creencias de conocerlo, subyace frente a nuestros ojos sin que hasta el momento seamos capaces de vislumbrar ni su magnitud, ni mucho menos las consecuencias de facilitar nuestro territorio para tan graves y denigrantes actividades delictivas. El que tenga ojos, que vea.