Este lunes el Gobierno tomó "preventivamente" las torrefactoras Fama de América y Marcelo & Rivero (Café Madrid, El Peñón y Aroma). Parafraseando uno de los jingles de Fama de América, por el aroma ya se sabe lo que hay detrás de esta "toma": Otro asalto a la propiedad privada que huele a confiscación, arrebato o robo "a lo chavista", que condenará a la ruina a otra actividad productiva más. Sorprende que se tome esta acción a pocos días de que el complaciente canciller de España, Miguel Ángel Moratinos, visitara Venezuela para firmar ingentes acuerdos de negocios con el Gobierno de Chávez, y obtener de éste el compromiso de que revisaría las medidas expropiatorias contra españoles y sus descendientes. Las dos torrefactoras afectadas fueron fundadas hace casi 100 años por españoles y ambas tienen una impecable tradición empresarial en el país. La producción del café, un producto esencial en el día a día del venezolano, está llegando a su nivel más bajo en 20 años, con un déficit esperado de 200.000 quintales. Este déficit se debe a la errada política de control del Gobierno que ha fijado el precio, por quintal o saco de 46 Kg, en Bs.F.405 y Bs.F.470, lo que trae consigo dos consecuencias perniciosas:Una, que los trabajadores del campo no se sienten motivados a recoger la cosecha de café porque lo bajo de los precios no compensa su esfuerzo. Otra, es que algunos productores agrícolas han preferido vender los granos verdes directamente fuera del país en búsqueda de mejores precios.Desde hace meses las torrefactoras advirtieron en reiteradas ocasiones las dificultades que venían confrontando para procurarse el café verde necesario para garantizar el abastecimiento del mercado. Fama de América, por ejemplo, informó que las compras ejecutadas durante la cosecha 2008-2009 son 18,4% inferiores a las de 2007-2008, y las más bajas en los últimos cinco años. Con ello desmiente la acusación del Gobierno de que sus compras "superan cinco veces los óptimos niveles de inventario".Ahora, con el argumento de que las torrefactoras están incursas presuntamente en "procesos ilegales de extracción, acaparamiento y supuestas compras en exceso de materia prima", el Gobierno las tomó por "90 días" (por ahora) para "averiguar" cual sería la situación real.Éste es un burdo argumento, que se cae por su propio peso. Si fuese verdad que las empresas cometieron estos ilícitos, el Ejecutivo tiene toda una red de normativas, controles e instrumentos legales para detectar y sancionar tales irregularidades a tiempo. Por otro lado, el Gobierno tiene un canal informal de información y vigilancia que se ha agenciado con batallones de sindicalistas afectos al oficialismo que hacen contraloría social en las empresas. La realidad es que el Gobierno, incapaz de crear medios de producción propios del Estado y, mucho menos, gerenciarlos con eficiencia y competitividad, está optando por agarrar empresas productivas donde han invertido y trabajado entes privados por décadas. Esta maniobra falaz contra las torrefactoras queda al descubierto y trasciende a la opinión pública gracias a que aún sobreviven medios de comunicación independientes que investigan e informan la otra cara de las arbitrariedades y los abusos del Ejecutivo Nacional. Si Diosdado Cabello, sigue cerrando emisoras y televisoras a diestra y siniestra, los venezolanos sólo tendrán la versión de los hechos que den los medios de desinformación en manos del Gobierno. De manera vergonzosa este lunes los canales del Estado hicieron mutis informativo durante la toma de estas empresas.
Disponible en inglés en: www.veneconomy.com a partir de las 4:00 p.m.
martes, 4 de agosto de 2009
Por el aroma se sabe lo que es
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