A beneficio de inventario

Gustavo Roosen - nesoor@cantv.net - Poder dedicarse a tiempo completo a gobernar, a cumplir sus promesas electorales, a desarrollar los proyectos debería ser la máxima aspiración de los recién elegidos gobernadores y alcaldes. Ya está visto que para algunos de ellos esto se les hará muy difícil. Junto con la preocupación por el hacer, deberán enfrentar desde ya a quienes están decididos a impedírselo, a los instigadores de una política de saqueo y tierra arrasada, a los inspiradores del boicot y la zancadilla. Pese a esta realidad y en vista de las ya grandes dificultades que representará gobernar en estos tiempos -seguramente de escasez, de recorte presupuestario, de enfrentamiento y falta de coordinación- la mejor decisión, si se quiere avanzar y no empantanarse, es mirar más hacia adelante que hacia atrás, optar por la acción más que por la denuncia, por la construcción más que por la acusación. No se trata, desde luego, de no recordar, de borrón y cuenta nueva, de caer en la ilusión de que la historia comienza con cada uno, pero sí de poner el foco y el acento en el hacer, en la aplicación de los cambios, en la introducción de las reformas, en el desarrollo de los programas. Un país que olvida la historia está condenado a repetirla, se ha dicho con razón. No se trata entonces de promover el olvido y la impunidad. La comunidad no lo entendería. Las nuevas autoridades regionales deben atender ese doble llamado: a la armonía social y al reconocimiento de la justicia. Están obligadas a escuchar ese reclamo de paz y de construcción de bienestar expresado por la sociedad. øHay manera de facilitar a quienes están asumiendo los gobiernos locales la posibilidad de no empantanarse en la culpabilizació n, de que la atención al pasado no les impida ocuparse de construir el futuro? Su capacidad de gobierno efectivo ganaría, sin duda, si otra instancia se ocupara del inventario de la herencia, de la evaluación de la administració n pasada y de sus actos. No se trata de una instancia que sustituya las instituciones que por mandato legal tienen la obligación y la autoridad para hacerlo. Se trataría más bien de una instancia intermedia que sirviera para acumular información, procesarla y ofrecerla tanto a los nuevos gobernantes para ilustrar sus decisiones como a las autoridades encargadas por ley de establecer responsabilidades. Lejos de ser un instrumento de revancha sería una instancia ciudadana, legitimada por su propia autoridad moral y profesional, que contribuya a descubrir, aclarar, reconocer los abusos pasados, contribuir con la justicia y la fijación de responsabilidades, recomendar reformas, promover la reconciliació n y reducir el conflicto. Una comisión así -llámese de la verdad o de evaluación o de inventario- podría estar integrada por figuras reconocidas (ex-contralores, ex-fiscales) , miembros de las academias y de las universidades, profesionales con competencia y madurez para evaluar una gestión pública con seriedad y objetividad. Su función sería investigar, esclarecer, sacar a la luz, ofrecer un balance objetivo, sin prejuzgar ni condenar. Si en ocasiones anteriores hubiese sido posible esta figura, que libera a quien debe ocuparse de gobernar de la obligación de ocuparse del pasado, las soluciones habrían sido más rápidas y más eficaces. El ejercicio de la democracia trae necesariamente cambios. Las gestiones tienen principio y fin. Su herencia no puede recibirse sin beneficio de inventario. Quien hoy es gobierno, mañana es "el gobierno pasado". La maduración de la democracia en un país normalizado debe manifestarse por la posibilidad de gobernar sin la alteración de una permanente irritación social.