Caracas, 02 de abril de 2014
1. La crisis que desde el pasado 12 de Febrero vive Venezuela es
sumamente grave tanto por su magnitud, ya que abarca dimensiones
diversas de la vida nacional, como por su duración, violencia y nefastas
consecuencias para nuestro presente y nuestro futuro. Por tal motivo,
los Obispos de la Presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana
queremos dirigirnos de nuevo a todos los venezolanos, cualquiera sea su
simpatía política.
2. Causa fundamental de la actual crisis es la pretensión del
partido oficial y autoridades de la República de implantar el llamado
“Plan de la Patria”, detrás del cual se esconde la promoción de un
sistema de gobierno de corte totalitario, que pone en duda su perfil
democrático; las restricciones a las libertades ciudadanas, en
particular, la de información y opinión; la falta de políticas públicas
adecuadas para enfrentar la inseguridad jurídica y ciudadana; los
ataques a la producción nacional, que ha conducido a que en nuestro país
hoy se haga necesaria la importación de toda clase de productos; la
brutal represión de la disidencia política; el intento de “pacificación”
o apaciguamiento por medio de la amenaza, la violencia verbal y la
represión física.
El Gobierno
se equivoca al querer resolver la crisis por la fuerza. La represión no
es el camino. Con ella no ha podido evitar las manifestaciones de
protesta ni dar respuesta al descontento y la rebeldía de la gente.
3. Los estudiantes y otros manifestantes pacíficos,
ejercen su legítimo derecho, previsto en la Constitución, y merecen, por
tanto, todo respeto. Las manifestaciones se han visto a veces empañadas
por actos de violencia que han dejado muertos, heridos y destrozos en
instituciones y propiedades. Es difícil señalar el origen de todos
ellos, pero es evidente que muchas acciones delictivas son originadas
por personas o grupos infiltrados con el objeto de tergiversar o
desacreditar las protestas y provocar su condena. El empleo de
barricadas y el ataque hacia personas e instituciones, así como la quema
de vehículos particulares y de servicio público, crean una situación
que no se debe aceptar ni aplaudir.
4. Reiteramos nuestra firme exigencia de que el Gobierno
desarme a los grupos civiles armados. Su actuación coordinada, siguiendo
unos patrones determinados, demuestra que no se trata de grupos
aislados o espontáneos, sino entrenados para intervenir violentamente.
En muchos casos han actuado impunemente bajo la mirada indiferente de
las fuerzas del orden público, por lo cual la actuación de éstas ha
quedado seriamente cuestionada.
5. Lamentamos los asesinatos de civiles y de Guardias Nacionales
ocurridos en las manifestaciones. Queremos recordar que el valor de la
vida es absoluto y Dios lo protege con el quinto mandamiento. De igual
modo rechazamos la criminalización de la protesta ciudadana y la
negación práctica de los derechos humanos en el trato a los
manifestantes. Denunciamos la abusiva y desmedida represión contra
ellos, las torturas de que han sido objeto muchas de las personas
detenidas y la persecución judicial a los Alcaldes y Diputados
contrarios al oficialismo.
6. La restricción de la información tanto en la prensa como
en los medios radioeléctricos atenta contra el derecho del pueblo a
estar bien informado y también contra la posibilidad de que se conozca
la verdad de los hechos y se sancione a los culpables. Sin determinar la
verdad será imposible lograr la paz. Una “Comisión de la Verdad” que
sea plural y que genere confianza en los ciudadanos, puede ser una gran
ayuda.
7. El desabastecimiento, la carestía de la vida, la inseguridad y las
restricciones en la venta de gasolina, más notables en el interior del
país y en las zonas fronterizas, se traduce en angustia y malestar
creciente de la población. A esto se añade que no pocas personas
inescrupulosas, amparados en la crisis que atraviesa la nación, se han
dedicado a especular con los bienes y servicios, que han subido a
precios exorbitantes. Si no se toman los necesarios correctivos a estas
situaciones, ellas serán una chispa que seguirá encendiendo la
violencia.
8. El Gobierno se equivoca al querer resolver la crisis por
la fuerza. La represión no es el camino. Con ella no ha podido evitar
las manifestaciones de protesta ni dar respuesta al descontento y la
rebeldía de la gente. La salida de la crisis es clara: el
diálogo sincero del Gobierno con todos los sectores del país, con una
agenda previa y condiciones de igualdad, y con gestos concretos,
evaluables en el tiempo, como señales de la necesaria rectificación.
Consideramos oportuna y de gran valor la participación de la Santa Sede
en el diálogo entre el Gobierno y la oposición. El pueblo venezolano
apreciará en sumo grado dicha participación y sabrá reconocer el valioso
aporte de la Iglesia.
9. Hacemos un llamado a todos los venezolanos, especialmente a los
dirigentes del Gobierno y de la oposición, a considerar la extrema
gravedad del momento presente, y a evitar que el país se siga
desangrando y se derrumbe por la violencia. Más aún, los
exhortamos al dialogo y a poner todo su esfuerzo por construir nuevas
relaciones basadas en el mutuo reconocimiento, la reconciliación y la
búsqueda de la normalización de la situación nacional.
10. La fe cristiana bien entendida nos exige a todos
los creyentes responsabilizarnos del destino del país, no permanecer
indiferentes sino más bien involucrarnos en la defensa de la vida, de
los derechos humanos, de la libertad y la democracia. Nadie que viva en
Venezuela debe decir que no le interesa o preocupa la violencia y las
muertes que están aconteciendo en ciudades y pueblos. Todos, sin
excepción, somos responsables de la libertad, la paz y el destino
democrático de nuestra Patria.
11. Inspirados en la Palabra de Dios, todos los creyentes en Cristo
tenemos que asumir decididamente el servicio de la reconciliación.
Aprovechando la Cuaresma y la próxima Semana Santa, los sacerdotes,
religiosas, laicos comprometidos en acciones pastorales y los Obispos
contribuiremos a edificar la paz desde la verdad y la caridad, pues a la
Iglesia le corresponde ser el ámbito de la comunión donde todos
podremos encontrarnos asumiendo razonablemente nuestras diferencias.
Como enseña San Pablo, nos toca derribar todo muro de división. Cristo
es nuestra paz (Ef 2,14).
12. Nos solidarizamos con la población de las ciudades que
más han sufrido la violencia y los efectos de la militarización.
Particularmente con los habitantes de San Cristóbal. Invitamos a todos
los católicos a ofrecer a Dios el AYUNO del próximo VIERNES SANTO EN
SOLIDARIDAD con todas las familias que lloran a sus seres queridos,
pidiendo para ellas consuelo, esperanza y fortaleza espiritual.
13. Invitamos a todos los ciudadanos,
independientemente de su simpatía política, a unirnos como venezolanos, a
superar el odio y la violencia, a evitar falsos rumores e informaciones
que producen zozobra en la población y a comprometernos con Dios a
resolver nuestros conflictos de manera pacífica. Ponemos estas
intenciones en las manos amorosas de Nuestra Señora de Coromoto, Patrona
de Venezuela.
Emmo. Sr. Cardenal
Jorge Urosa Savino
Arzobispo de Caracas
Presidente de Honor de la CEV
Diego Rafael Padrón Sánchez
Arzobispo de Cumaná
Presidente de la CEV
José Luis Azuaje AyalaObispo de Barinas
1° Vicepresidente de la CEV
Mario Moronta Rodríguez
Obispo de San Cristóbal
2° Vicepresidente de la CEV
Jesús González de Zárate
Obispo Auxiliar de Caracas
Secretario General de la CEV
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