Por toda Venezuela se propaga el hambre y la muerte a
causa de un proyecto político que dijo que sería la panacea de
los pobres, y terminó siendo una fábrica de pobreza, miseria y
marginalidad.
Una manera de medir cómo está la situación es poner
atención a las voces de especialistas en materia
agroalimentaria, que claman porque se decrete una emergencia en
el sector; o escuchar a voceros oficiales, como el
vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Carlos
Osorio, reconociendo que se tiene apenas dos meses y medio de
reserva de alimentos, una afirmación en extremo grave cuando es
evidente que no se tiene ninguna garantía de que exista
producción suficiente para reponer los productos alimenticios en
los anaqueles, ni divisas para importarlas.
La magnitud del problema de desinversión en el sistema
productivo nacional, y por ende de su agotamiento y dependencia
en las importaciones, es que hoy los inventarios de equipos y
materiales médico-quirúrgicos que surten a la red de salud
pública y privada sin inventarios, están agotados, tal como
afirma esta semana, María Yánez, presidente de la Red de
Sociedades Científicas y Médicas de Venezuela.
Pero, la debacle del sector productivo, ocasionada por
la toma sostenida por 16 años de tierras, propiedades y empresas
de todo tipo y sector, así como por las violaciones al Estado de
Derecho y a las libertades económicas, no se circunscribe a la
parte alimentaria y farmacéutica.
Hoy ya se sabe el costo que ha tenido echar al foso el
empeño que desde los años 20 se tuvo para incentivar la
producción no petrolera en Venezuela, y que tuvo su auge en el
desarrollo de empresas de siderúrgica, aluminio, automotriz, de
la construcción, telecomunicaciones y de ingeniería, entre
otras.
Hoy casi en su totalidad, estas están echadas al
abandono, inactivas o con exigua producción, por falta de
insumos y de divisas para importarlos.
Por si fuese poco, la política anti empresarial del
gobierno también pone en tres y dos a las empresas extranjeras
que arriesgan inversión en el país, dramatizado en tres noticias
que llegan esta semana:
Una, de planta de Firestone de Valencia, la cual se
paralizó el lunes de esta semana por falta de insumos, debido a
que no le han sido liquidados más de $13 millones adjudicados en
la subasta 26 del SICAD del pasado 3 de octubre. La planta
registra en los últimos 12 meses una caída de 68,42% en su
producción.
La segunda de la empresa Kimberly Clark Corp. de
Estados Unidos que informó que había tenido que pasar a pérdida
$462 millones debido a “dificultades” para conseguir dólares
para pagar por los materiales empleados en la producción de
papel sanitario y pañales desechables debido a que el gobierno
de Venezuela no le estaba dando acceso a las divisas para el
pago de la materia prima importada.
La tercera, es que la casa matriz de la Ford Motor Co.
en los Estados Unidos informó que, ante la imposibilidad de
obtener las divisas para pagar deudas y nuevas compras de
autopartes, se había visto obligado a pasar a pérdida el 100% de
su inversión en Venezuela, lo que implicó un cargo de $800
millones a sus utilidades de 2014.
La solución a este estado de precariedad del país para
cubrir necesidades básicas de la población no se encontrarán ni
en un Estado Mayor cívico-militar para “enfrentar la escasez”,
ni en los captahuellas ni en la tarjeta de abastecimiento seguro
por los que clama Nicolás Maduro.
La solución es restablecer el Estado de Derecho,
garantizar la seguridad jurídica a los inversores y restituir
las libertades económicas y civiles. Es decir, retornar a
Venezuela a la democracia.
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