Activando ciudadanía

Entre los flagelos que afectan actualmente a todo venezolano, sin distingo de clase social, raza, credo o filiación política, estan la violencia y la delincuencia generalizada. Suman miles las víctimas fatales por homicidios. Se pierden de vista los secuestros, asaltos a mano armada y robos en las vías públicas, viviendas, oficinas o locales comerciales. Estas cifras rojas (extraoficiales, ya que ningún ente del Estado informa las reales) hoy colocan a Venezuela como uno de los países más violentos a nivel mundial. Esta espiral delictiva, donde venezolanos atentan contra otros venezolanos, incluso contra sus vecinos del mismo barrio, tuvo su punto de inflexión en 1989 cuando sucedió la implosión violenta de El Caracazo, según explicara la doctora Mercedes Pulido de Briceño. 

De allí hasta ahora es exponencial el crecimiento de la inseguridad y la delincuencia de todo tipo en el país. 

El venezolano está abrumado por el verbo violento y amenazador no sólo del Presidente, sino de la gran mayoría de funcionarios con cargos de poder y de los dirigentes políticos del partido de Gobierno. Se ha estatuido desde hace más de una década una política de Estado basada en la agresión y la violencia. 

De la amenaza aquélla “de freír las cabezas en aceite” de adecos y copeyanos, se pasó a los insultos generalizados contra de todo el que disiente del proyecto bolivariano, a la persecución judicial, pasando por la promoción de grupos violentos armados desde organismos públicos hasta el colmo de infiltrar a los cuerpos policiales con personas con amplios prontuarios policiales. 

Frente a esta realidad ya conocida, están surgiendo en la población civil, en diversas ONG e instituciones privadas, así como en algunas municipalidades, iniciativas para tratar de frenar este desenfreno, e incluso ir más allá y crear una cultura de paz. 

Entre otras, se cuentan iniciativas como la de Transparencia Venezuela, en materia de corrupción, y de la Alcaldía Metropolitana, para atender los problemas cotidianos, de salud y seguridad. En las dos instancias se están implementando medidas para atender denuncias y reclamos de los ciudadanos, garantizando que serán escuchadas y canalizadas para obtener respuestas y buscar soluciones. 

Otras ONG, se orientan al rescate de espacios públicos para actividades culturales, deportivas y sociales con la mira de que poblando plazas y parques se alejan las drogas y la violencia. 

Otras instituciones como el Instituto Pastoral Juvenil SPES y el Centro Marista Pastoral Juvenil, están lanzando la campaña “La Juventud quiere vivir. Contra la violencia y exterminio de Jóvenes”, buscando concientizar y “desencadenar acciones que puedan cambiar esta realidad de muerte”. Lo importante de todas ellas es que, aún cuando todavía son acciones aisladas, muchas parten del propio ciudadano asqueado de la permisividad de un Gobierno que se recrea en mantener sitiada a la población a fuerza de violencia..