La Haya

La Haya, 24 nov (EFE).- La Fiscalía de la Corte Penal Internacional declinó hoy comentar la denuncia que presentó el lunes el exdiplomático venezolano Diego Arria ante esta instancia contra el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a quien acusa de delitos de lesa humanidad. “La Fiscalía tiene como principio no hacer comentarios sobre las comunicaciones que recibe”, indicó a Efe la portavoz de la Corte Penal Internacional (CPI), Nicola Fletcher. De acuerdo con el artículo 15 del Estatuto de Roma, que rige el funcionamiento de la CPI, la Fiscalía de esta instancia judicial “tiene la obligación de analizar” cualquier información recibida sobre presuntos crímenes para así poder determinar si admite o no a trámite una de esas denuncias. El tiempo que la Fiscalía necesita para decidir si abre una investigación propia sobre crímenes de lesa humanidad o de guerra en un país “depende de cada caso en particular”, indicó Fletcher, si bien el proceso se acelera cuando un caso es remitido por el Consejo de Seguridad de la ONU, como ha ocurrido en el caso de Libia. No es la primera vez que la Fiscalía, dirigida por el argentino Luis Moreno Ocampo, recibe “comunicaciones” -es así como se denominan estas primeras denuncias presentadas por individuos o Estados ante la CPI- relacionadas con Venezuela. Ocampo rechazó conjuntamente 12 comunicaciones recibidas por la Fiscalía, en la que se denunciaban presuntos crímenes de guerra o de lesa humanidad supuestamente cometidos por el Gobierno venezolano o fuerzas asociadas al mismo. En febrero de 2006, Ocampo rechazó conjuntamente 12 comunicaciones recibidas por la Fiscalía, en la que se denunciaban presuntos crímenes de guerra o de lesa humanidad supuestamente cometidos por el Gobierno venezolano o fuerzas asociadas al mismo. En esa ocasión, la respuesta del fiscal, a la que ha tenido acceso Efe, no se admitieron a trámite las denuncias sobre presuntos crímenes de guerra y genocidio en Venezuela porque “basándonos en la información disponible referente a eventos en Venezuela desde julio de 2002, la situación claramente no responde a los componentes de un conflicto armado”. Es por esa razón, alegó el fiscal, “por lo que no hay base suficiente para creer que se han cometido crímenes de guerra de acuerdo con la jurisdicción de la Corte”. Respecto a supuestos crímenes de lesa humanidad, Ocampo concluyó en su respuesta de 2006 que “no hay base suficiente” de acuerdo con las comunicaciones para creer que “ha habido un ataque sistemático y masivo contra la población civil”, lo cual es un requisito de el Estatuto de Roma impone a la jurisdicción de la Corte. Según Diego Arria, quien fue embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y es uno de los seis aspirantes a ser el candidato opositor único en las elecciones presidenciales del próximo año en Venezuela, la denuncia contiene “un inventario de acciones realmente terribles, de las brutalidades cometidas contra miles y miles de venezolanos”. Estos presuntos crímenes “van desde asesinatos hasta desplazamientos forzados y eliminación de la propiedad, como parte de una política sistemática generalizada de Estado de violar los derechos humanos y realmente cometer crímenes de lesa humanidad”, indicó. Creada en 2002, la CPI investiga en estos momentos presuntos crímenes en Uganda, Sudán, República Democrática del Congo, Libia, Costa de Marfil y Kenia. También ha abierto investigaciones preliminares en Afganistán, Georgia, Colombia, Guinea, Palestina, Honduras, Corea y Nigeria. Ocampo ha explicado en reiteradas ocasiones que, por ejemplo en el caso de Colombia, donde sí que se han constatado presuntos crímenes de lesa humanidad, no se ha abierto una investigación propia porque las autoridades nacionales ya investigan esos crímenes y la CPI solamente puede hacerlo cuando el propio país no tiene capacidad o voluntad para realizar las pesquisas.