AVERU - Enviado por Amalio Belmonte - Secretario de la UCV - COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE RECTORES UNIVERSITARIOS - Nosotros, los abajo firmantes, todos integrantes de la Asociación Venezolana de Rectores de las universidades públicas venezolanas, dirigimos el presente comunicado a la opinión pública nacional por cuanto consideramos un deber moral, ciudadano y académico fijar clara e inequívoca posición sobre acontecimientos suscitados a escaso un mes de inicio del año 2010 en nuestro país, que están produciendo graves secuelas en la colectividad nacional. Por ello hemos decidido pronunciarnos públicamente una vez más sobre los siguientes particulares: Primero: La violencia con la que se reprimen las manifestaciones ciudadanas pacíficas de nuestra población estudiantil ha traspasado los límites de cualquier estado de derecho o régimen democrático, participativo y popular. Atenta contra los derechos fundamentales del ser humano, compromete seriamente la integridad física, la vida, la libertad de expresión de los estudiantes venezolanos. No puede el ejecutivo nacional seguir argumentando la existencia de plena libertad de expresión y respeto a los derechos humanos en nuestro país ante los testimonios gráficos y audiovisuales que se han convertido en cotidianidad en los medios de comunicación nacionales. Observamos cómo estudiantes organizados, pacíficos, absolutamente desarmados, son sorprendidos de forma infame por los cuerpos de seguridad que con flagrante alevosía hacen uso de la superioridad que les da la investidura y el armamento que por deber institucional deberían emplear para reprimir la delincuencia en un país con estadísticas de guerra, en muertes producto de la inseguridad. Segundo: Alertamos a la ciudadanía venezolana ante un ejercicio reiterado de invasión de poderes con la finalidad de tratar de ocupar todos los espacios universales y específicamente los del conocimiento como son nuestras casas de estudios, han sido suspendidas las elecciones en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y en la Universidad Nacional Abierta, mediante medidas cautelares dictadas por la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, bajo el argumento de la ausencia de disposiciones reglamentarias o legales que regulen la materia, cuando la Ley de Universidades, los reglamentos generales y demás normativas mantienen su vigencia, y la autonomía universitaria que constitucionalmente nos ha sido otorgada, es inalienable. Firmes en nuestras convicciones democráticas, conocedores del derecho que asiste a las comunidades que representamos, respetuosos de la constitución y las leyes que nos rigen, no vacilaremos en exigir la aplicación de las razones de rango constitucional y legal que nos asisten para propulsar una verdadera democracia representativa y participativa en nuestras respectivas casas de estudios. Tercero: Consideramos inaceptable jurídica y moralmente el uso del poder para perseguir arbitrariamente a las autoridades universitarias, con averiguaciones como la que pretenden incoar la defensora del pueblo, desconociendo con esto los derechos y garantías que asisten a la población estudiantil en su condición de ciudadanos venezolanos. Nuestro llamado es firme y categórico para que se respeten las instituciones y los poderes públicos, particularmente a las universidades y sus autoridades.No aceptaremos que se trate de callar las voces de la juventud venezolana que está exigiendo constitucionalidad y legalidad en el ejercicio del gobierno. Cuarto: Advertimos a la población en general que hemos venido observando un resurgimiento intempestivo de la violencia en los recintos universitarios en los que no sólo hacemos vida las autoridades rectorales, el personal docente, empleado y obrero; sino que constituyen las casas del conocimiento de los estudiantes, el futuro humano de nuestro país. Con alarma observamos la orquestación de focos de violencia y protestas infundadas que sólo tienen por objeto la desestabilizació n de nuestras casas de estudios para propiciar la ingobernabilidad, todo ello con fines inconfesables. Quinto: Observamos con suma preocupación que los recursos que son necesarios para la formación de los ciudadanos de nuestro país, para el desarrollo de Venezuela y la consecuente solución de los problemas que aquejan a nuestra población, se siguen desviando para financiar proyectos políticos extranjeros, mientras nuestro soberano se sume en el hambre, la miseria y la inseguridad, mientras pierde el disfrute de servicios básicos indispensables como luz, agua y salud; y mientras nosotros hacemos esfuerzos heroicos para mantener la calidad de la educación que suministramos a los jóvenes venezolanos. El Ejecutivo Nacional continúa enviando los recursos tardíamente aun a sabiendas que es el salario de los trabajadores universitarios para el sustento indispensable. Así mismo, continúa asignando un presupuesto deficitario pese a las múltiples razones y fundamentos que hemos dado para justificar las necesidades mínimas de las Universidades. La educación definitivamente no es prioridad del gobierno que se dice revolucionario y socialista. La colectividad deben entender que los constantes y reiterados llamados de alerta que hemos hecho de su conocimiento en cuanto al estrangulamiento del saber y desarrollo en nuestro país, no son voces agoreras, sino una realidad que ya se está sintiendo profundamente. No obstante lo anterior, las comunidades universitarias en la más solidaria y unívoca manifestación de cohesión de fuerza trabajadora alguna, nos mantendremos en pie de lucha, a puertas abiertas, con un claro mensaje: el saber, el conocimiento y la universalidad del pensamiento no se doblega ante nada ni nadie. Sexto: Como casas de estudio formadoras de profesionales calificados, reconocidas nacional e internacionalmente, condenamos categóricamente la importación de profesionales extranjeros para resolver un problema que es solucionable con el capital humano profesional y altamente competente que hemos formado durante décadas de transmisión del conocimiento. Finalmente nuestro llamado es a la unidad en el ejercicio de nuestra ciudadanía y venezolanidad en un objetivo común: la defensa de los derechos constitucionales y legales que nos asisten a todos los que conformamos el pueblo venezolano, el cese de la violencia y la represión de nuestros estudiantes, y la obtención de un trato respetuoso, justo y digno para todos en materia de salud, seguridad, servicios públicos, y muy particularmente en educación como derecho fundamental cuyo goce se consolida a través de las universidades públicas autónomas y democráticas que representamos el futuro del país.
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