Un recuento de la infamia

Una de las evidencias más tajantes de que el Gobierno se adentra aceleradamente hacia la dictadura es la existencia de presos políticos. Por lo general, es muy difícil calificar a un preso como "político", pues los gobiernos se cuidan de aplicar procedimientos "legales" que encubren la naturaleza política de la privación de libertad de un ciudadano. De allí que para que exista criterio cierto de que una persona es un prisionero político deben existir por lo menos tres condiciones: 1) Que el reo no haya cometido el delito del que se le acusa. 2) Que se le haya violado flagrantemente el Debido Proceso y esté privado de un Estado de Justicia. Y, el más difícil, 3) que existan indicios de intencionalidad por parte del Gobierno.Se ha requerido hilar muy fino y formular por muchos años denuncias persistentes en diferentes foros, para hacerle entender a la comunidad nacional e internacional que en Venezuela sí existen presos políticos. A la fecha, diversas organizaciones de derechos humanos del país tienen identificados más de 40 casos de venezolanos que están confinados en diferentes cárceles del país debido a sus ideas políticas o por haber enfrentado, de una manera u otra, el poderío hegemónico del primer mandatario. También ya diversos organismos internacionales han comenzado a reconocer estas violaciones de los derechos humanos en el país. El 17 de octubre, en el marco de la conferencia "Democracia y Libertad en el Mundo Multipolar, celebrado en Praga, 14 ex presidentes, altos ex funcionarios y activistas de los derechos humanos suscribieron la llamada "Lista de Praga", donde solicitan la liberación de 35 presos políticos venezolanos y apoyan la solicitud de "Una Navidad sin presos políticos".Entre los casos más emblemáticos, se puede recordar el de los comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas quienes pagan prisión, conjuntamente con 8 policías metropolitanos, por los hechos del 11 de abril de 2002. El propósito de mantener a estos funcionarios en prisión es evitar que, con su libertad, se señale que el verdadero culpable de la masacre de ese día es el Gobierno de Chávez.Otro venezolano que paga injusta prisión por los hechos de abril de 2002 es el capitán Otto Gebauer, quien fue el garante de la seguridad personal de Hugo Chávez, en las pocas horas que éste estuvo detenido luego de que el Alto Mando Militar aceptara su renuncia. El delito de Gebauer es haber sido testigo del llanto presidencial. Este martes, un grupo de trabajo de los derechos humanos de la ONU exigió al Gobierno de Hugo Chávez la libertad condicional del empresario Eligio Cedeño, quien está en prisión desde hace dos años y nueve meses sin que se le haya iniciado un juicio. La comisión de la ONU afirma que la detención de Cedeño es arbitraria, y que en su caso se violó el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la legislación venezolana, que prohíbe la prisión preventiva por más de dos años.Cabe recordar también a los periodistas Gustavo Azócar y Leocenis García, encarcelados por causas espurias, sólo para acallar sus denuncias de corrupción en diferentes instancias gubernamentales.Así como al estudiante Raúl Díaz Peña, preso político detenido en la sede de la DISIP y cuyo proceso ya fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 20 de marzo de 2009.Y uno de los casos más recientes es la prisión, totalmente injusta, a la que ha sido sometido por más de dos meses del Prefecto de Caracas, Richard Blanco. Parte de la componenda contra Richard Blanco, es darle un nuevo golpe al Alcalde Metropolitano Antonio Ledezma, el cual es un objetivo político del Gobierno.Irracionalmente, mientras el Gobierno le ha quitado el derecho de estar en libertad a tantos venezolanos, la Asamblea Nacional en su sesión de este martes dedicó buena parte de su tiempo en mostrar su solidaridad por cinco cubanos presos en las cárceles de Estados Unidos. ¡Vaya paradojas revolucionarias!. Disponible en inglés en: www.veneconomy.com a partir de las 4:00 p.m.