Otro estudiante preso político del regimen

El tribunal 3º de Control dictó medida privativa de libertad contra el dirigente estudiantil de Carabobo, Carlos Graffe, tras ser presuntamente vinculado como había denunciado antes con el expediente de la marcha del pasado 22 de agosto contra la Ley Orgánica de Educación Graffe, dirigente estudiantil del estado Carabobo y uno de los directivos de la Asociación Civil Asoesfuerzo –cuyos micros sobre la propiedad privada fueron censurados por Conatel- acudió al Palacio de Justicia para conocer su situación judicial, luego de haber denunciado que se le pretendía involucrar con el expediente de la marcha del pasado 22 de agosto, hechos por los que fue apresado el también estudiante Julio Rivas. Aseguró Graffe que se le notificó que su nombre podría ser involucrado en el expediente en el que también se acusa tanto a Rivas como al dirigente Oscar Pérez. Señaló que incluso circulan por Internet unos videos donde se pretende hacer ver que un joven captado por las cámaras es él mismo. “Soy una de las tantas personas que están siendo amenazadas y quieren hacer ver en ese video que soy esa persona que aparece ahí”, dijo. El estudiante denunció que sólo se trata de un “show de la Fiscalía para amedrentar a los estudiantes”. “Me quieren imputar por hechos que nunca he cometido”, aseveró. "Se me están imputando los mismos delitos que Julio Rivas", advirtió. Destacó que la persona que aseguran, se trata de él, es un ciudadano “robusto y de alta estatura” y que esas características fisonómicas difieren de las suyas. Por su parte, el abogado de Graffe, Jesús Loreto, aseveró que la Fiscalía cometió un error al solicitar una orden de captura contra ese dirigente universitario, por cuanto la persona que reconocieron por una secuencia de fotos tomada en la marcha del pasado 22 de agosto se trata de otro ciudadano con similar nombre y apellido. “Dejarlo detenido es un delito. La Fiscalía utilizó la fotografía de otra persona para privar a mi defendido de su libertad”, afirmó tras denunciar que esto supone una violación del COPP. Recalcó que la Fiscalía no recurrió a los registros del SAIME para establecer la identidad de los ciudadanos tal y como está contemplado en la Ley.
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